Sanidad insiste en cerrar cirugía cardíaca "por el bien de los niños"

Tras las acusaciones del Partido Popular de mentir sobre las razones del desmantelamiento del servicio y la protesta de padres y asociaciones que califican la medida de "inhumana", la consejera de Sanidad aseguró que la decisión se ha tomado "pensando solo en los niños y para que sean atendidos con la mejor calidad".

G. MAESTRE, S/C de Tenerife
La decisión de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias de cerrar la Unidad de Cirugía Cardíaca Pediátrica del Hospital Materno Infantil que atiende a todos los niños con cardiopatías de las Islas centró ayer buena parte de la actividad parlamentaria. Con una tribuna repleta de representantes de la Asociación Corazón y Vida, padres de niños tratados en el citado centro hospitalario e incluso profesionales sanitarios del mismo, la consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Brígida Mendoza, aseguró que la decisión no tiene marcha atrás "porque se toma por el bien de los niños", aludiendo a que el traslado a la Península es la opción de mayor calidad y seguridad.
"El Servicio Canario de Salud (SCS) garantiza la atención a todos los niños con patologías cardíacas y, aunque cueste cien veces más se les enviará a donde sean tratados con la máxima excelencia", declaró Mendoza antes de explicar que " se está iniciando una reorganización de la atención en cirugía cardiaca pedriátrica y, mientras tanto, los niños se trasladarán a un centro de referencia acreditado por el Ministerio de Sanidad, tal y como se hace hasta ahora durante las 41 semanas en las que los cirujanos italianos (que son los titulares del servicio especializado) no se encuentran presentes en el Servicio del Materno Infantil".
"¡Miente!", le espetó la diputada del Partido Popular (PP), Mercedes Roldós, que acusó a Mendoza de "decir todo tipo de falsedades, puesto que como el primer argumento de que era por cuestiones económicas no se sostenía, ahora se refiere a los indicadores de calidad cuando estos están por encima de la media española e incluso europea. Ahora lo último es que es porque se registran pocos casos, pero hay diez unidades en el territorio nacional con igual o menor número de casos que no van a cerrar", insistió antes de hacer un llamamiento a la "conciencia y humanidad" del presidente del Gobierno, Paulino Rivero, "para que deshaga el entuerto y se siga garantizando la mejora en la calidad de vida de los niños y sus expectativas de vida y para que las familias no se sometan al sufrimiento que tenían hace diez años".
Una vez terminado el debate en el pleno, este continuó en los pasillos, hasta el punto que la propia Mercedes Roldós, y la portavoz del grupo parlamentario popular, María Australia Navarro, se reunieron espontáneamente con padres y familiares.
"No pararemos hasta que se les dé una solución", aseguraba Navarro en voz alta a la veintena de personas que la rodeaban.
"¡Esto es inhumano!, ¡Van a morir niños y parece que a nadie le importa!, gritó uno de los familiares, al tiempo que a una señora se le saltaban las lágrimas y era consolada por un miembro de la asociación Corazón y Vida.
Minutos después, la propia consejera citaba de nuevo a los medios para aclarar su postura.
"Los niños son intocables, no se puede hacer política con ellos. En 2010 no se tomaron las decisiones necesarias y ahora, aunque cueste cien veces más, mandaremos a los niños a los centros donde se les trate con la mayor excelencia y, con el compromiso de que, en el futuro y si trabajamos todos juntos, podamos tener en nuestra comunidad una cirugía cardíaca de altísima calidad y autónoma y no depender de unos médicos que vienen 55 días de cada 365", dijo.
Y es que la consejera recalcó que los actuales especialistas del servicio son unos médicos italianos que acuden al Insular una semana al mes para tratar casos graves y que el resto de los casos y las urgencias se derivan a la Península, por lo que ahora de lo que se trata es de prescindir de estos trabajadores extranjeros. "No podemos seguir mirando para otro lado y tener una semana a los cirujanos y otras tres semanas esperar por ellos para hacer una operación. Entiendo que esto los padres lo saben y que esta decisión se toma por el bien de los niños", sentenció.
Encierros en el hospital
Los sindicatos con presencia en el Hospital Materno Infantil de Gran Canaria exigieron ayer mantener abierto el servicio de cardiología Pediátrica alertando que, de no ser así "niños canarios y africanos morirían". Así, Intersindical Canaria, Comisiones Obreras, UGT y Comisiones de Base, anunciaron ayer que están dispuestos a llevar a cabo encierros y a apoyar cualquier medida que se tome en señal de protesta, al tiempo que solicitaron el cese de la consejera de Sanidad.

Los trabajadores de lavandería se encierran en el HUC

IC afirma que la privatización de la lavandería hospitalaria se basa en cifras falsas 

G. M., S/C de Tenerife

Los dirigentes de Intersindical Canaria (IC) en el Hospital Universitario de Canarias (HUC) y el Hospital Universitario de Nuestra Señora de Candelaria (HUNSC) denunciaron ayer "la falsedad de los datos y cifras" en base a los que se aconseja la privatización del servicio de lavandería de ambos centros hospitalarios.
"El 90% de los datos son falsos", declaró ayer en rueda de prensa Jaime Bethencourt antes de asegurar que "en el coste total del servicio se han cometido disparates como contabilizar la totalidad del gasto eléctrico del Hospital del Tórax o un desfase de 800.000 euros en el coste del personal".
"Se quiere privatizar este servicio como sea y se han colocado unas cifras para hacer ver que es necesario, pero es rotundamente falso. Es un servicio que puede ser aún más productivo de lo que es y que tiene unos estándares de calidad que no cumple ninguna otra empresa privada", insistieron tanto Bethencourt como Catalina Darias y Patricia Hernández.
Precisamente esta última recordó que en el año 2006 la Consejería de Sanidad ya invirtió más de un millón de euros en este servicio y declaró que "la viabilidad del servicio no pasa por privatizarlo, ni siquiera de forma parcial, sino por potenciarlo".
Así, Catalina Darias aseguró que "de los 10.000 kilos de ropa que se lavan a diario, se podría pasar sin mayores costes y sin que suponga una sobrecarga para las máquinas y para el personal a 14.000 kilos de ropa al día, pero esto no se ha tenido en cuenta".

 SANTA CRUZ DE TENERIFE, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

   Alrededor de 200 trabajadores han convocado hoy jueves un encierro indefinido en el hall del Hospital Universitario de Canarias (HUC) para expresar su rechazo a la propuesta de privatización parcial del servicio de lavandería en los dos hospitales públicos de Tenerife.

   En declaraciones a Europa Press, la portavoz de los trabajadores, Cati Darias, ha explicado que se han instalado colchones y casetas en el hall del centro hospitalario y a partir de ahora se organizarán turnos rotatorios para continuar con el encierro hasta tanto no se llegue a una solución.
   Cati Darias ha explicado que el pasado fin de semana las gerencias del Hospital Universitario de Canarias (HUC) y del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria (HUNSC) entregaron a la representación sindical un informe en el que se planteaba la privatización parcial del servicio de lavandería de los dos hospitales por estar sufriendo un déficit.
   La portavoz ha indicado que este informe fue entregado "sin firma ni sello oficial" y en él se exponían unas conclusiones "irreales" para justificar la privatización del servicio de lavandería. Mientras la Administración decía en el informe que la privatización conllevaría la pérdida de más de 60 puestos de trabajo, Cati Darias ha asegurado que esta propuesta supondría el cierre definitivo de las instalaciones y la pérdida de cerca de 120 empleos.

Las gerencias de los hospitales dan luz verde a la privatización de la lavandería

Las sospechas de los sindicatos se han hecho realidad y las direcciones del HUC y La Candelaria confirman que el elevado coste del servicio lo hace insostenible y que de una plantilla de 121 trabajadores solo está previsto que se mantengan 40 puestos, externalizando el resto de la actividad en marzo de 2013.

G. MAESTRE, S/C de Tenerife
El servicio de lavandería que atiende la demanda tanto del Hospital Universitario de Canarias (HUC) como del Hospital Universtario Nuestra Señora de Candelaria (HUNSC) será privatizado al menos en un 50% de su producción, según figura en un informe firmado por los gerentes de ambos centros sanitarios.
En dicho documento, la Administración sanitaria confirma las sospechas denunciadas el pasado día 16 de octubre en este mismo periódico por UGT e Intersindical Canaria de que se iba a prescindir de buena parte de la plantilla.
En concreto, Sanidad considera "insostenible" que el coste de kilo de ropa procesada sea en la lavandería de estos centros de 1,68 euros cuando en el Materno Infantil y en el Doctor Negrín es de 0,81 euros.
De esta manera, y apelando a la "optimización del servicio utilizando parámetros de eficiencia con el menor perjuicio social" y alertando de que no es posible aumentar la productividad con los recursos disponibles, se aboga por "la unificación del personal de los dos hospitales con una producción única, la creción de un solo turno de lunes a viernes, incluidos los festivos, y mantener una plantilla de 40 operarios (20 de cada hospital), que garantizarán los puestos de trabajo necesarios para mantener la estructura productiva y cubrir las ausencias y permisos que surjan, estableciendo un marco máximo de recursos que permitan la consecución de un coste final tolerable". Y el informe oficial aclara que "el excedente de la producción necesaria para atender la demanda de ambos hospitales, derivada de los ajustes anteriormente mencionados, tendría que contratarse a precio de mercado con recursos ajenos".
Para el secretario general de Servicios Públicos de UGT, Francisco Bautista, el informe hecho público por las gerencias de los hospitales tinerfeños "es una vergüenza y los datos se han falseado".
"Los cifras no se corresponden con la realidad porque se basan en que el coste es de 1,68 euros el kilo de ropa sin tener en cuenta que la maquinaria de la lavandería está completamente abandonada y que el aparataje que se estropea tarda hasta seis meses en ser repuesto. Lo que no puede ser es que se acuse a los trabajadores de no rendir cuando el problema que hay es que no se ha invertido lo suficiente en máquinas que no tienen sino cinco años de antigüedad y hay infinidad de denuncias ante la inspección de trabajo por las malas condiciones que se registran, sobre todo cuando hace calor".
Respecto a la frase " el resto de la producción tendría que contratarse a precio de mercado con recursos ajenos", Bautista asegura que la Consejería de Sanidad ya ha dicho que tiene previsto sacar a concurso público parte del servicio el próximo mes de marzo, e insiste en que "el informe no es solo un documento, es una declaración de lo que va a pasar sí o sí, aunque nosotros hemos pedido todo tipo de información al respecto y vamos a presentar alegaciones, porque estamos completamente convencidos de que es un servicio rentable si las máquinas se adecuan a ello y si se deja de hacer una gestión tan pésima como la actual".
En este punto, desde UGT abogan por que la lavandería se convierta en un centro de gasto individual, es decir, en una empresa pública que pueda prestar servicio no solo a los hospitales, sino a aquellas empresas que lo soliciten.
Respecto a las medidas de protesta que se llevarán a cabo, los trabajadores del servicio tomarán una decisión hoy a mediodía en una asamblea.

La gestión privada de la sanidad se extiende en las autonomías del PP

(El Pais)
Las raíces del sector privado están cada vez más extendidas en la red sanitaria pública. Esta tendencia no siempre se manifiesta de forma tan espectacular como acaba de suceder en Madrid, con la apuesta de, entre otras medidas, entregar de una tacada al sector privado el control integral de seis hospitales. Pero el goteo de fórmulas privatizadoras es un hecho y se extiende en de forma creciente en distintas autonomías, especialmente las gobernadas por el PP.

Castilla-La Mancha, La Rioja y Extremadura son algunas de las últimas comunidades en sumarse a una corriente que tiene como alumnos aventajados a Madrid y la Comunidad Valenciana, que comenzó a andar este camino en 1999 con el hospital de Alzira. Las estrategias privatizadoras también cuentan con ejemplos recientes en Castilla y León, Galicia o Baleares. El caso de Cataluña es distinto, debido a la naturaleza tan particular de su sistema de gestión sanitaria, donde tradicionalmente ha existido una estrecha relación público-privada.

Lo advierte la consultora Pricewaterhouse Coopers (PwC) en su informe Temas candentes de la Sanidad española para 2012. En tiempos de crisis “es el momento de relanzar la colaboración público-privada”, eufemismo que implica la cesión al sector empresarial de porciones de la red pública sanitaria. La situación de asfixia financiera de las Administraciones públicas junto a la mayor eficiencia del sector privado son los principales argumentos que sostienen esta filosofía.

Varios modelos

La gestión privada de la sanidad pública es muy heterogénea, aunque se puede dividir en dos grandes grupos en función de si el sector privado asume o no la atención sanitaria.

- Concesión administrativa con gestión sanitaria integral. Es el llamado modelo Alzira e implica la entrega a la empresa del control sobre la parcela sanitaria (médicos y enfermeros), y la no sanitaria (limpieza, mantenimiento, restauración...). Puede limitarse a hospitales (como en Madrid y Castilla-La Mancha) o a todo un departamento de salud (Valencia).

- Concesión sin gestión clínica. En este caso, la empresa, además de construir el hospital, asume el equipamiento, el mantenimiento y servicios auxiliares pero nunca la atención sanitaria. Es lo que sucederá en los centros de Extremadura o Vigo.

Para los detractores del avance de la sanidad privada, la crisis no es más que una excusa de una maniobra dirigida a debilitar la red sanitaria pública y aprovecharse de las oportunidades de negocio que ofrece.

Estas son algunas de las fórmulas privatizadoras que se están aplicando o están pendientes de desarrollar en España.

- Castilla-La Mancha. La autonomía que preside Dolores de Cospedal tiene previsto sacar a licitación la gestión integral (de servicios tanto sanitarios como no sanitarios) de los hospitales públicos de Almansa y Villarobledo, ambos en Albacete; y Tomelloso y Manzanares, en Ciudad Real.

La modalidad elegida para esta concesión administrativa es el denominado modelo Alzira. Bajo esta fórmula, la Administración traslada a una empresa la responsabilidad de atender las necesidades asistenciales de los habitantes de un departamento de salud (normalmente de unos 200.000 habitantes), a cambio de pagar una cuota por el cuidado de cada uno de estos habitantes (639 euros por cabeza en la Comunidad Valenciana). El modelo Alzira tiene una versión reducida (solo el hospital) y una ampliada (el hospital y los centros de salud que dependen de él). El Gobierno de Cospedal ha apostado por la ampliada, como indica una portavoz de la Consejería de Sanidad de la Junta.

La concesionaria puede tener que construir o no el hospital. Este no es el caso de los cuatro hospitales que se cederán a la órbita privada. Pero sí podría serlo en el hospital de Toledo, cuyas obras se han paralizado y del que aún no se ha decidido el tipo de gestión que seguirá.

- La Rioja. Esta autonomía acaba de sacar a concurso la gerencia de la Fundación Hospital de Calahorra, un centro público con personal no funcionario. Es una modalidad muy particular: “En lugar de una persona, quien ocupará la dirección del centro será una empresa de forma que aporte su conocimiento a la gerencia del hospital”, explica a este diario el consejero de Sanidad, José Ignacio Nieto. El precio de partida de la licitación es de 415.000 euros, aunque tiene complementos variables en función de los ahorros que pueda introducir la empresa, que tomará el control de la parcela tanto sanitaria como no sanitaria.

- Extremadura. El Gobierno de José Antonio Monago (PP) ha optado por la fórmula de la concesión administrativa para dos de sus hospitales, pero a diferencia de Castilla-La Mancha, solo cederá al sector privado el área no asistencial, mientras que se reservará el control de las batas blancas, es decir, de todo lo que hace referencia al personal y los servicios sanitarios. Es el modelo PFI (iniciativa de financiación privada). A cambio del canon anual que se entregará a las empresas adjudicatarias, además de los servicios auxiliares (catering, mantenimiento, limpieza), se harán cargo de la construcción de los inmuebles.

Los centros elegidos para introducir la gestión privada en la sanidad pública extremeña son el hospital de Cáceres, cuya construcción se encuentra paralizada, y el de Don Benito-Villanueva, que debe levantarse desde los cimientos. De momento, según una portavoz del departamento de Sanidad, se están preparando las plicas y los contratos no saldrán a concurso hasta 2013.

- Madrid. La llegada de Esperanza Aguirre a la presidencia de la comunidad autónoma abrió la puerta de la sanidad pública al sector privado y su sucesor, Ignacio González, ha doblado la apuesta. Hasta el momento, existían tres hospitales (Valdemoro, Torrejón y Móstoles) y uno más en proyecto (Collado Villalba) cuya gestión estaba totalmente privatizada. Junto a ellos, coexistían otros siete centros semiprivados, en los que la administración solo mantenía las riendas de la asistencia sanitaria. González ha decidido entregar seis de estos siete hospitales —Infanta Leonor (Vallecas), Infanta Sofía (San Sebastián de los Reyes), Infanta Cristina (Parla), Hospital del Henares, del Sureste y el del Tajo— a la gestión privada integral (servicios sanitarios y no sanitarios), por lo que se sumarán a los otros cuatro que ya la tenían. Ello supondrá la consolidación del modelo Alzira —rebautizado Valdemoro en Madrid— fuera de la autonomía que lo impulsó.

El retroceso de peso del sector público frente al privado también afectará a la atención primaria. Si bien, de momento, el control de los centros de salud no se entrega a las empresas que controlan sus hospitales de referencia (como sí sucederá en Castilla-La Mancha o ya ocurre en la Comunidad Valenciana), se externalizará el 10% de los ambulatorios de la región. El Gobierno madrileño ha apuntado la posibilidad de hacerlo mediante la modalidad de las entidades de base asociativas (una especie de cooperativa de médicos), aunque también podrán ser gestionadas por consorcios o fundaciones.

- Comunidad Valenciana. Esta autonomía es la cuna de la privatización de la gestión de la red sanitaria pública, una opción que alentó Eduardo Zaplana en 1999 con la apertura del hospital de Alzira y que defendió como el estandarte de la política del PP en materia sanitaria. El inicio fue titubeante y necesitó un rescate para darle impulso. En principio, a la unión de empresas adjudicatarias se le cedió solo el control integral del hospital —como sucede en Madrid—. Pero, finalmente, se reformuló el contrato y se extendió la gestión privada a los centros de salud de todo el departamento sanitario, un factor muy importante, porque en los centros de salud está el control de acceso a los pacientes que llegan al hospital (y, por ello, la llave del control del gasto).

Bajo este nuevo diseño de gestión total de servicios sanitarios y no sanitarios de toda el área de salud (centros de salud y hospitales), la fórmula se extendió. El centro de Alzira dio paso a los hospitales hermanos de Torrevieja, Dénia, Manises y Elche, el último en abrir las puertas, en 2010. En estos momentos, los servicios públicos de salud del 20% de la población valenciana, en torno a un millón de habitantes, dependen de empresas privadas.

- Galicia. El Gobierno gallego ha optado por un modelo semiprivado para acometer el macrohospital de 1.465 camas que se está construyendo en Vigo. La modalidad elegida es el PFI: en encargar al sector privado la construcción del centro, el mantenimiento y el equipamiento de las instalaciones, así como ceder los servicios no sanitarios a cambio de una cuota anual. Como sucede con los dos hospitales en proyecto de Extremadura, se trata de la primera iniciativa de esta comunidad autónoma en la que se acude al sector privado para construir infraestructuras sanitarias públicas.

- Baleares y Castilla y León. Ambas autonomías han recurrido a la fórmula PFI con matices. El hospital Son Espasses (Palma de Mallorca) ha entregado a la concesionaria la construcción, el equipamiento, el mantenimiento y los servicios no médicos. El de Burgos, además, la alta tecnología.

“Lo de Alzira ahora ya no tiene sentido”
Justo en el momento en que la Comunidad de Madrid ha ampliado a otros seis hospitales el modelo Alzira, la fórmula de privatización sanitaria que consiste en ceder la gestión integral de un hospital público o un departamento de salud entero a una empresa privada, la Generalitat valenciana, responsable de su diseño e impulsora de su expansión, no cuenta entre sus planes de futuro con extender el modelo a nuevos centros. “Ahora mismo, para nosotros ya no tiene sentido extender esta fórmula a otras zonas de salud”, señala a este diario una portavoz de la Consejería de Sanidad valenciana.

Y ello a pesar de que el Gobierno valenciano cuenta con dos hospitales ya construidos que no es capaz de poner en marcha por falta de fondos para equiparlos y que resultarían unos candidatos ideales para cederlos al sector privado. Son los hospitales de Lliria (120 camas) y Gandia (240). También hubo un momento en el que la Generalitat se planteó extender el modelo privatizador a hospitales de media y larga estancia, lo que hubiera resultado, una vez más, toda una novedad en el escenario de la privatización de recursos públicos.

Pero la Generalitat valenciana anda en estos momentos metida en otra batalla relacionada también con la gestión sanitaria que, de nuevo, ha situado a esta comunidad en el punto de mira de la experimentación en la privatización de servicios. Y esta iniciativa es incompatible con nuevos alziras, según las autoridades valencianas.

Se trata del denominado modelo de gestión compartida. En esencia, consiste en agrupar todos los servicios no sanitarios de los 18 departamentos de salud en los que se divide la Comunidad Valenciana y concentrarlos en pocas manos (privadas), para potenciar las economías de escala y reducir costes.

La idea original consistía en ceder al sector privado parcelas asistenciales. Pero, finalmente, tras distintas reformulaciones, el diseño final consiste en concentrar todos los servicios externalizados de la sanidad valenciana. Se han dividido en tres grandes grupos: servicios generales (limpieza, lavandería, restauración, mantenimiento), servicios concertados (oxigenoterapia, hemodiálisis) y logística (almacenes, distribución, compra). De los dos primeros se sacarán a concurso siete lotes y del tercero, tres.

De esta forma, la Generalitat solo se concentrará en la gestión sanitaria. Todo lo demás, dependerá de unos pocos operadores privados. ¿Y los hospitales paralizados? “Ya se finalizarán cuando haya posibilidades económicas”, dice la Generalitat.