Sanidad despide a un médico de familia por una minusvalía

Arturo Pedrero no entiende para qué estudió la carrera ni por qué no valoraron los informes de un forense y de un cirujano en los que se le considera apto para su trabajo.

Domingo Barbuzano, La Laguna
"Dificultad para exploraciones físicas, punciones lumbares, extracción de sangre, infiltraciones, cirugía menor, colocar sondajes o vendajes" han sido algunos de los motivos que han llevado a Sanidad a despedir al médico de Familia Arturo Pedrero García del centro de salud donde trabajaba, por entender que "tiene una discapacidad física para desempeñar sus funciones de la especialidad de medicina familiar".
Arturo Pedrero García es un lagunero que cursó la carrera de Medicina y aprobó el MIR, eligiendo la plaza como médico de Familia. Entró a trabajar en un centro de salud del Gobierno canario, no sin antes haber sido informado por Prevención y Riesgos Laborales del Hospital Universitario de Canarias (HUC) de que no tenía dificultad para ejercer su profesión.
Al mes de desempeñar su trabajo fue despedido, por lo que dicho médico se siente "engañado y discriminado a nivel personal y profesional", por lo que "recurriré a los tribunales".
Arturo Pedrero presenta una hemiparesia residual postparto que se traduce en una limitación moderada de la flexo-extensión de la muñeca derecha y de la supinación, lo que le ha llevado a manejar la mano izquierda perfectamente, según el informe de un médico forense. Dicho doctor ha certificado que "está capacitado para su actividad como médico de familia". Ello lo avala también un doctor en Medicina y Cirugía que lo considera apto.

Fallece una lactante a la espera de ir a La Paz

CARMEN MESA

La menor iba a ser trasladada a Gran Canaria pero la Consejería de Sanidad dio la orden de llevarla a Madrid. El mal tiempo hizo imposible que la pequeña pudiera viajar.

Una niña lactante, de apenas unos meses de edad, ha fallecido la semana pasada en Tenerife mientras esperaba ser trasladada del Hospital de La Candelaria hasta Madrid, donde iba a ser operada del corazón al sufrir una cardiopatía congénita, según ha confirmado a este medio la cardióloga infantil Marisa Antúnez.
Sanidad confirmó a CANARIAS AHORA la muerte del menor, sin embargo, no dio más detalles debido a la protección de datos que ampara la intimidad de los pacientes. Asimismo, explicó que, en términos generales, se producen dos condicionantes para que un afectado no sea trasladado, el que se encuentre estabilizado y el que se den las condiciones meteorológicas adecuadas.
El suceso coincide con la decisión de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias de cambiar el convenio que la Administración regional mantenía con la fundación italiana San Donato desde hace años, por uno nuevo con el madrileño Hospital de La Paz, cuyos médicos estaba previsto que llegaran esta semana.
Antúnez recordó que la Unidad de Cirugía Cardiaca Infantil del Hospital Materno Insular de la capital grancanaria se encontraba a la espera de recibir el traslado de la paciente, cuando la Consejería dio la orden de trasladar a la menor a La Paz. Sin embargo, el mal tiempo hizo imposible que la pequeña pudiera viajar a la Península.
El actual jefe de la Unidad de Cardiología Pediátrica del Hospital Materno, Pedro Suárez, dijo haber sido informado de la situación esta misma mañana y rememoró que el equipo médico, que esperaba la operación, se enteró del cambio de decisión en la reunión que Sanidad mantuvo la semana pasada con las asociaciones relacionadas con el servicio pediátrico.
Sin embargo, Sanidad afirmó que, dependiendo de la complejidad de las urgencias, los pacientes son trasladados a Gran Canaria o a La Paz y puntualizó que los responsables de decidir dónde se tiene que operar un afectado son los médicos.
Antúnez asegura que la operación podía haberse realizado en Gran Canaria, hasta donde podía haberse desplazado en helicóptero y denunció que este tipo de hechos “no se pueden permitir”, motivo por el advierte que desde la Unidad “no podemos quedarnos sin hacer nada”. Para Antúnez este hecho supone un paso más a un futuro “cierre diferido” del servicio.
Respecto a la llegada del personal de La Paz anunciada por la consejera, Brígida Mendoza, Suárez indicó que todavía no se han incorporado, aunque este jueves se espera la llegada de alguno de los integrantes del equipo madrileño.
Mendoza aseguró en una rueda de prensa celebrada el pasado miércoles que el Materno atendería todas las urgencias y afirmó que la fundación italiana San Donato, que mantenía desde hace años el convenio con la Administración canaria, había "cumplido" con el calendario de operaciones que tenía estipulado. Preguntada por el posible aplazamiento de las operaciones que se iban a realizar, admitió que “evidentemente las intervenciones programadas, como en cualquier otra cirugía, se pueden retrasar unos días hasta que tengamos al equipo completo”. 

Sanidad quiere abrir los hospitales por las tardes sin gastar más en salarios

Haridian Mederos:
Sanidad intenta negociar con los profesionales fórmulas para reducir las listas de espera quirúrgicas y de consultas, que han aumentado en un 9,3% en el último semestre. La Consejería que dirige Brígida Mendoza plantea la reorganización del personal y la flexibilización de horarios para abrir los quirófanos y la atención especializada por las tardes sin gastar más dinero en salarios. Ésta es una de las medidas que cobra mayor fuerza dentro del plan de choque anunciado por el presidente, Paulino Rivero, el martes en el Parlamento, según fuentes de Coalición Canaria.
Los programas de tarde se pusieron en marcha con Mercedes Roldós (PP) como consejera de Sanidad en el anterior mandato para agilizar las listas de espera, pero, con la llegada de CC y PSOE al Ejecutivo, el Servicio Canario de Salud los suprimió desde septiembre de 2011. Ello supuso una restricción de las peonadas (incentivos) que la administración encuadró bajo el paraguas de la austeridad. Ahora Mendoza busca el consenso para valorar las medidas que sean más eficientes, ya que, a falta de dinero, hay que "optimizar los recursos" existentes, según la diputada nacionalista María del Mar Julios, que destacó que a pesar de aquellos pluses no se logró aliviar las listas de intervenciones.
Ayer CC y PSOE registraron una proposición no de ley en la Cámara con propuestas para bajar las listas, entre las que figura ampliar las horas de utilización de los centros hospitalarios y mejorar su "rendimiento". Para ello se valorarán cambios organizativos "profundos" con turnos de mañana y tarde o deslizantes. Además de fijar "sistemas de priorización", de modo que "sea más importante atender según la gravedad de la enfermedad que el tiempo de espera", indicó Julios, que señaló que esto conlleva "poner a punto todos los protocolos".
El presidente del Colegio de Médicos de Las Palmas, Pedro Cabrera, confirmó ayer que ha habido reuniones con la consejería para articular un órgano donde "discutir los grandes temas sanitarios", en los que se englobarían las listas de espera, si bien que aún no se han concretado iniciativas. Este extremo fue confirmado también desde el colegio profesional tinerfeño.

Trabajo investiga la negación de bajas médicas al personal sanitario

El Sindicato de Enfermería ha denunciado ante la Inspección que los trabajadores que sufren accidentes laborales tardan cuatro, cinco o incluso seis días en obtener una baja.

G. Maestre, Santa Cruz de Tenerife
La Inspección de Trabajo de Santa Cruz de Tenerife investiga si existe algún tipo de cortapisa por parte de la Administración o de las mutuas laborales a la hora de darle la baja laboral al personal sanitario después de que el Sindicato de Enfermería (Satse) haya presentado una denuncia en la que comunica las "trabas" que se les están poniendo a los trabajadores que sufren algún accidente durante el ejercicio de su profesión.
"Trabajadores enfermos están de un lado para otro durante cuatro, cinco e incluso seis días llevando papeles para intentar que se les reconozca su dolencia y se les permita acogerse a una baja laboral, por lo que ni están en su puesto de trabajo ni de baja. ¿Cómo puede permitirse esta situación?", se pregunta la delegada del Satse Ramona Mendoza, que asegura que "el comportamiento de algunas mutuas de trabajo está siendo humillante, indigno", e incluso considera que "se puede hablar de auténtico maltrato hacia el empleado público".
El último caso denunciado por Satse es el de una enfermera del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria (HUNSC) a la que una alergia al látex le provocó una fuerte reacción en ambas manos que le despellejó buena parte de la piel.
"Cualquier persona que la ve se da cuenta de que lo que le ha pasado es grave y que no está en condiciones para trabajar; parece que tuviera estigmas como los que todos hemos visto en algunos devotos", describe Mendoza.
Sin embargo, tras cinco días de trámites, hasta ayer esta enfermera aún se encontraba de alta, pese a tener varios informes de especialistas en dermatología que recomendaban su baja médica.
"Nos tememos que se trata de una consigna que existe en las mutualidades para reducir al mínimo las bajas que se pueden enmarcar dentro de los accidentes laborales, pero si eso es así la administración pública debe tomar cartas en el asunto e impedir que se veje a sus trabajadores de esta manera", explica Mendoza.
Y es que si un empleado de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias sufre algún tipo de accidente durante su jornada de trabajo, es la mutua la que debe hacerse cargo del coste que genere la situación de baja y no la Seguridad Social.
"Hemos detectado que lo que quieren es marear y desmotivar al trabajador para que tire la toalla y acabe yendo a su médico y pidiendo la baja intentando omitir que su enfermedad o dolencia ha sido un accidente laboral, y eso no lo podemos permitir ni nosotros como sindicato ni la Administración, porque, si no, ¿para que se les paga a las mutuas?", insiste Mendoza, que, no obstante, asegura que, por los casos que conoce personalmente, "tanto la gerencia del hospital de La Candelaria como el personal responsable de Salud Laboral de la Consejería de Sanidad han tratado de ayudar de todas las maneras posibles a los trabajadores a través de informes y rellenando todo tipo de informes y solicitudes".
"Los trabajadores sanitarios piden un informe a Salud Laboral; de ahí lo llevan a la mutua, que les pide otros; vuelven al origen y los solicitan y lo vuelven a llevar, y así durante días. Están absolutamente indefensos y no se tiene en cuenta su estado de salud", sentencia la dirigente sindical antes de insistir en que "cualquier otro trabajador no debería trabajar nunca enfermo, pero si es un sanitario menos aún".

Hasta la narices de las listas de espera

ARTURO BORGES ÁLAMO
MÉDICO, PORTAVOZ DEL FORO SOCIAL CANARIO POR LA SALUD Y LA SANIDAD PÚBLICA Cada seis meses, en un ejercicio de sado-masoquismo, nos fustigan y nos fustigamos con el análisis de las nuevas cifras de las listas de espera, de sanidad, por supuesto.
De nuevo a vueltas con el indisimulable y escandaloso aumento, con las triquiñuelas de maquillaje diversas, en un diálogo de sordos o mejor dicho entre incompetentes e impotentes que sería el diagnóstico acertado de la patología que aqueja a las partes en presencia.
Lo malo de esta repetición sin fin, es que además de aburrirnos en todos los sentidos damos sostén a un círculo vicioso de difusión del deterioro manifiesto de la sanidad pública así como de que la impotencia lleve a sectores que aún se lo pueden permitir, o si no pueden se está convirtiendo en una nueva vía para el endeudamiento y empobrecimiento futuro de familias y personas, a acercarse a la sanidad privada y dejar de tener la actitud de exigencia a los poderes públicos de responder a las necesidades de la población.
Y es que la alternativa, la forma de romper dicho círculo vicioso, es la lucha por la defensa y mejora de la sanidad pública, por evitar que se la desmantele por completo y por mejorarla día a día. La alternativa no puede ser la sanidad privada, la privatización, hay múltiples razones para afirmarlo y hay muchas medidas para evitarlo y para sacar adelante una sanidad pública, universal, gratuita y de calidad.
En EEUU, paraíso de la sanidad privada, los gastos personales y familiares en asistencia sanitaria ante enfermedades graves son la primera causa de empobrecimiento, dado que les lleva a vender las propiedades que puedan tener y a endeudarse hasta la ruina.
Por otro lado, hay que señalar que en la sanidad privada se clasifica a los pacientes en rentables y no rentables y a estos últimos se les relega, no se les presta la debida atención de calidad ya que son más costosos y no les sale a cuento para la inversión ajustada a su criterio de máximo beneficio, dejándolos para la sanidad pública que si es de beneficencia, como están intentando los distintos gobiernos neoliberales, será de pésima calidad lo que equivaldrá al abandono y aumento galopante de la mortalidad de estos pacientes.
También debemos considerar que en la sanidad privada, como se ha demostrado en la tesis doctoral de la médica catalana Elizabeth Janet, las "intervenciones de dudosa indicación" son el triple o el cuádruple que en la sanidad pública.Estamos hablando de diversos tipos de ellas, desde las famosas cesáreas hasta las intervenciones para la detección y tratamiento precoz del cáncer.
En la referida tesis, al profundizar en esa notable diferencia en el número de intervenciones, hasta el punto de estudiar los tejidos extraídos en ellas, se obtuvo el increíble e indignante resultado de que se trataba de tejidos sanos y se llegó a la conclusión en dicha actividad investigadora de que el exceso de intervencionismo es puramente lucrativo, comportando los consiguientes riesgos de secuelas y de complicaciones, incluso para la sobrevivencia de los pacientes.
Creo que lo apuntado supone un conjunto de razones contundentes para luchar sin desmayo contra la privatización de la atención sanitaria pública, y la mejor forma de hacerlo debe comprender la propuesta de alternativas para su mantenimiento y mejora. Estas necesariamente deben pasar por mejorar la financiación, pero no quedarnos en pedir dinero a Madrid, porque, entre otras cosas, antes hay que garantizar que ese dinero es finalista, es decir pura y exclusivamente para sanidad y no, como siempre ha sido, de libre distribución por parte del Gobierno de Canarias que lo ha destinado a los clubes de fútbol, al tranvía, etcétera.
Por otro lado, las CCAA tienen autoridad fiscal y pueden introducir impuestos que han de ser la vía de mayor incremento de recursos a la sanidad y que eviten recargar el déficit fiscal, debido a los que no pagan los impuestos que debieran, en el usuario.
Impuestos generales, basados en impuestos directos progresivos, frente al fraude fiscal y la Reserva de Inversiones de Canarias e impuestos finalistas para sanidad. Que pague más quien más tenga.
También es necesario mejorar la gestión, racionalizando el gasto, es decir, evitando el despilfarro que pueda haber y reorientando la inversión de esos recursos. En este sentido, se puede ahorrar (y reinvertir) mucho dinero del gasto farmacéutico innecesario, del gasto innecesario en tecnologías, de las consultas hospitalarias prescindibles potenciando las consultas en atención primaria, de la reducción de la frecuentación a urgencias hospitalarias aplicando estrategias de educación y potenciación de la red de urgencias de atención primaria, de la reducción de la hospitalización innecesaria, como la de pacientes crónicos en hospitales de agudos, incrementando los centros de crónicos... y muchas medidas más a corto plazo y otras a medio y largo plazo que permitan avanzar hacia un cambio del modelo de atención a la salud y a la enfermedad, desde el predominio de la medicina asistencial a un modelo preventivo de salud pública, que entre otras cosas sería mucho menos costoso monetariamente y con muchos menos efectos adversos para la salud.
Decididamente, prefiero hablar de alternativas que de unas listas de espera fruto de la más absoluta incompetencia o ¿quizás habría que decir de la más absoluta competencia neoliberal para desacreditar a la sanidad pública y dar pie a las ofertas de la sanidad privada para hacerse cargo de las mismas, de los pacientes que sean rentables, claro?

Saavedra acusa a Sanidad de falsear las listas de espera

El Diputado del Común detalla que las cifras que le ha remitido el Servicio Canario de Salud no coinciden con las que se han dado a conocer a la opinión pública "No lo puedo entender", asegura.

El Día, S/C de Tenerife
El Diputado del Común, Jerónimo Saavedra, confirmó ayer en el programa "El día por delante", de Radio El Día, que "las listas de espera se han incrementado muchísimo", aunque criticó a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias al considerar que falsea las cifras que finalmente se dan a conocer a la población.
"Tengo que confesar que hay datos que nos facilita el Gobierno de Canarias, a través de la correspondiente Consejería o el Servicio Canario de Salud, que no coinciden con los que luego ellos mismos hacen públicos, y eso es algo que yo, personalmente, no puedo entender", dijo.
Saavedra lamentó esta situación y explicó que "es algo que sucede también en temas tan sensibles como la Dependencia".
Con estas declaraciones, Jerónimo Saavedra viene a confirmar -desde una institución pública y de carácter autonómico- las denuncias realizadas la semana pasada ante la opinión pública tanto por los sindicatos como por los propios profesionales sanitarios e incluso la Defensora del Paciente y el Partido Popular, que coincidieron en asegurar que las listas estaban maquilladas y falseadas para ocultar la verdadera magnitud del problema.
Y es que las cifras dadas a conocer hace quince días por la Consejería de Sanidad de que a fecha 31 de diciembre de 2012 había cerca de 30.000 pacientes a la espera de ser operados en alguno de los hospitales públicos de las Islas y otros 25.000 pendientes de una consulta médica no le cuadran a ninguno de los agentes que conforman la sanidad canaria, ya que consideran más probable que sean un mínimo de 45.000 las intervenciones quirúrgicas que están pendientes de realizarse.

La lista de espera sanitaria infringe todos los plazos máximos legales

El Colegio de Médicos de Tenerife demuestra que en especialidades en las que la ley fija que el paciente ha de ser atendido antes de 90 o 150 días se registran esperas de hasta 510.

G. Maestre, S/C de Tenerife
El impacto social de las listas de espera publicadas hace dos semanas por la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias sigue estando vigente, puesto que después de saber que se ha incrementado en casi 5.000 personas el número de pacientes pendientes de una operación y que cerca de 24.000 esperan para ser vistos por un especialista, ahora es el propio Colegio de Médicos de Santa Cruz de Tenerife el que pone el acento en el tiempo de espera que, según su presidente, Rodrigo Martín, "demuestra que se están traspasando líneas rojas y que los datos no se pueden dar tan a la ligera, sino servicio por servicio, para que se sepa la realidad y se pueda actuar en consecuencia. El sistema actual no sirve de nada, entre otras cosas, porque está permitiendo que las patologías se agraven sin que haya mejoras claras en la gestión. Ética y moralmente es reprobable".
Y es que la institución colegial ha realizado un profundo trabajo de recopilación de datos que ha venido a cuantificar el tiempo de espera en numerosas especialidades e intervenciones quirúrgicas, una cifra que, hasta la fecha, nunca ha sido publicada por la Consejería.
De ese estudio -en el que los datos han sido aportados directamente por los facultativos-, se desprende que los plazos máximos de espera establecidos en el Servicio Canario de Salud (SCS) por la orden de 26 de diciembre de 2006 se vulneran de forma generalizada y en determinados casos incluso se quintuplican.
Ejemplos de esta situación hay varios, pero quizás entre los más destacados, por el enorme volumen de pacientes que padecen esta patología, se encuentran las operaciones de cataratas.
Mientras que la ley establece un "periodo máximo de acceso garantizado de 90 días", la realidad es que en el Hospital Universitario de Canarias (HUC) no baja de los 200 y en el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria (HUNSC) es de 240 días.
En lo referente a la colocación de prótesis de cadera -independientemente de que se trate de una sustitución total o parcial o incluso de una revisión- la espera máxima legal es de 90 días, pero en ambos hospitales se infringe ampliamente. Así, en La Candelaria es de 250 días y en el HUC de cien días más, es decir, 350 días, con el agravante de que durante varios meses no se admitieron nuevos casos en la lista de espera hasta que se abriera la agenda en enero de este año.
Las colecistectomía -intervención clínico-quirúrgica que consiste en la extracción de la vesícula biliar, bien a través de laparoscopia o la colecistectomía abierta- es necesaria en pacientes que sufren cálculos biliares, tiene dolor abdominal intenso por un cólico de vesícula, inflamación por infección de vesícula o el bloqueo de los conductos biliares.
Independientemente de cuál sea el caso, la espera máxima debería ser de 90 días, pero en la realidad en La Candelaria es de 360 días, mientras que en el HUC solo se están operando las complicadas y tampoco se admitieron nuevos casos hasta este enero.
Sin embargo, quien se lleva la palma es la especialidad de oftalmología, donde la espera es de 510 días, pese a que todas las intervenciones relacionadas con el ojo deberían hacerse en periodos comprendidos entre los 90 y los 150 días.
Dentro de las especialidades médicas, la espera para ser visto por un especialista en Ginecología en la provincia de Santa Cruz de Tenerife alcanza los 450 días y los 390 en Traumatología, lista que cierra Psiquiatría con 180 días de espera.
Pero en las pruebas diagnósticas complementarias solicitadas a Atención Primaria también hay esperas que pueden calificarse de escandalosas sin faltar a la verdad, como por ejemplo, la ecografía abdominal, con 270 días de espera, o la mamografía diagnóstica o la colonoscopia diagnóstica, con 120 y 100 días respectivamente.
Ir a la privada y pasar la factura no sirve de nada
Supuestamente las personas que llevan esperando más tiempo de los plazos establecidos por ley tienen derecho a acudir a una clínica privada, costearse el tratamiento y luego exigirle a Sanidad el reembolso, pero es eso un supuesto, porque en la realidad se ponen tantas trabas y los plazos son tan inexactos que casi nadie se decide por esta opción. El letrado Raúl Alonso recuerda que los tiempos de espera vienen delimitados por una cuestión técnica en los que se presupone que la patología no sufre ninguna alteración irreversible. "Ante un agravamiento existe una acción de responsabilidad patrimonial contra la administración por el anormal funcionamiento del servicio público", aclara. No obstante, Alonso admite que "el problema es que la administración reconoce ese derecho, pero da todo tipo de largas y hace todo lo posible por incumplir la norma. De todas formas se puede judicializar, pero el problema es que ahora con las tasas y demás es una opción a la que cada vez menos gente puede acogerse y se pone contra las cuerdas al Estado del Bienestar", sentencia este experto.