Dos años después del fallecimiento de la niña china por una cardiopatía,
la investigación judicial prosigue para determinar si hubo omisión de
socorro por parte de Sanidad.
El fallecimiento de un bebé en el Hospital
Universitario Nuestra Señora de Candelaria (Hunsc) hace poco más de dos
años -tras esperar cinco días para ser derivada a Madrid para ser
operada de una cardiopatía congénita- conmocionó a la opinión pública
canaria, puesto que la muerte coincidió con el anuncio del Gobierno de
Canarias de desmantelar primero, y reorganizar después, la Unidad de
Cardiopatías Congénitas de referencia para las Islas, ubicada en el
Hospital Materno Infantil de Gran Canaria.
Dos años después, el Juzgado de
Instrucción Número 4 de Santa Cruz de Tenerife ha reactivado la
investigación que comenzó después de que la familia del bebé que murió
(Ziyao Li), la Asociación Corazón y Vida y la Plataforma Tricontinental
de Cardiopatías Congénitas presentaran una denuncia contra la Consejería
de Sanidad como responsable de un posible delito de omisión del
socorro.
En concreto, la magistrada instructora,
tras examinar la documentación y los informes remitidos por el Servicio
Canario de Salud, ha ordenado que se localice a los testigos principales
de la acusación y que, hasta ahora, no han podido declarar por esta
jubilados o incluso fuera de España.
Se trata del que fuera jefe de Cardiología
Pediátrica del Hospital grancanario Materno Infantil, Pedro Suárez; el
cirujano especialista en cardiopatías congénitas, Gabriel Iacona, y
Rafael González, jefe de Cuidados Intensivos Pediátricos del Materno
Infantil.
Sanidad mantiene que, en el caso de Ziyao,
en ningún momento se acordó su traslado al Hospital Materno Infantil de
Gran Canaria, en donde se ubica la Unidad de Cardiopatía Infantil, sino
que desde el principio se barajó la necesidad de llevar a la niña al
Hospital La Paz de Madrid, dado que la patología que presentaba era muy
grave y a que, además, existía un convenio de colaboración. Sin embargo,
el traslado nunca pudo realizarse debido a las inclemencias
meteorológicas y a que la niña no estaba lo suficientemente estable.
Además, insiste en que el Hospital Materno Infantil no estaba adecuadamente preparado para tratar este caso.
Con estos informes el fiscal pidió el
sobreseimiento provisional hasta tanto en cuanto se realizaran más
pruebas que determinasen si existe responsabilidad penal de los equipos
médicos y/o de la Consejería y su dirección.
Pero la acusación particular mantiene que
sí que se avisó a los médicos del servicio del Materno Infantil y que,
además, ellos mismos lo podrán corroborar si son llamados a declarar por
el tribunal e incluso pone en duda si el mal tiempo realmente existió y
era tan contrario como para no realizar ese viaje que podría resultar
vital.
Asimismo mantiene que el Materno Infantil
sí que estaba preparado para atender a la pequeña porque los propios
profesionales médicos consideran que a la niña se la podría estabilizar
con una técnica denominada Bading pulmonar para, a posteriori, operarla
de su cardiopatía o bien en dicho centro o en La Paz.
Por todo ello, el abogado de los padres
del bebé ha impugnado los informes aportados por la Consejería de
Sanidad a la jueza y ha solicitado que continúe la investigación y se
tenga en cuenta el testimonio de testigos claves, hecho que la
magistrada ha aceptado.
De esta manera se continúa con la
instrucción, pese a que, de momento, todas las pruebas que hay en las
diligencias son favorables a que Sanidad actuó bien y a que la fiscalía
ha pedido el sobreseimiento si no se aportan nuevas pruebas para
mantener la acusación como, por ejemplo, la declaración de los tres
testigos anteriormente nombrados.
En su momento, los tres declararon
públicamente (y a las dos asociaciones personadas en esta causa) que
estudiaron el historial clínico de la niña cuando esta llegó al Hunsc y
que recomendaron el traslado a Gran Canaria y que se hiciera el Banding
pulmonar, además de que además estuvieron presentes en las reuniones con
Sanidad en las que se habló del caso.
Sin embargo, el jefe de Cardiología del
Hospital La Paz de Madrid mantiene otra versión y también ha asegurado
que era una operación muy compleja y que el traslado a la Península era
la única opción para la menor.
Una vez que se produzcan las declaraciones
de Iacona, Suárez y González (de los que buena parte de los implicados
en este caso tienen la dirección y el teléfono móvil para facilitárselos
al Juzgado si así lo cree oportuno), el Ministerio Fiscal tendrá que
decidir si opta por revisar su posicionamiento inicial y considerar que
sí puede haber hechos delictivos por parte de los profesionales y
responsables máximos de la Consejería de Sanidad y, por lo tanto, pedir
que se abra juicio oral o si pide el archivo definitivo.
La acusación particular considera que
concurren varios tipos de delitos que van desde la omisión de socorro
hasta fallecimiento imprudente y desde el principio ha manifestado que
llevará el asunto a juicio, "cueste lo que cueste", por expreso deseo de
la familia de la pequeña.
Los abogados de la defensa consideran que la Consejería de Sanidad no cometió ningún delito y piden el cierre del caso.
Mientras se aclara la situación judicial,
la familia Li -afincada en el sur de Tenerife- asegura que no desistirán
hasta que se aclare el fallecimiento de Ziyao y recuerdan que, cuando
la niña de 18 días enfermó nadie les informó sobre la gravedad de su
estado ni conocieron el motivo real del fallecimiento, que, por otra
parte, aseguran todavía desconocer.
G. Maestre, S/C de Tenerife (El dia.es)
/ Las Palmas de Gran Canaria
