Brígida Mendoza: “Cada ciudadano tiene derecho a acudir a la justicia cada vez que lo estime oportuno”

EUROPA PRESS | Las Palmas de Gran Canaria
La consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Brígida Mendoza, se ha mostrado este martes respetuosa con la acción de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de las islas que ha llevado a la Fiscalía las listas de espera.
“Cada ciudadano tiene el derecho de acudir a la justicia cada vez que lo estime oportuno pero las listas de espera han aumentado en todo el territorio estatal, no solo en Canarias, y no creo que sea bueno, en absoluto, llevar la sanidad a la arena política”, apostilló Mendoza.
Asimismo, ha incidido en que “siempre” ha dicho que “hay que hacer política sanitaria y no política con la sanidad y, mucho menos, judicializar” las listas de espera donde hay pacientes de diferentes categorías y donde, aseguró, todos los equipos dependientes de su departamento “trabajan de forma importante e intensa priorizando a todos aquellos pacientes que tengan cualquier riesgo de empeorar su patología”.
De todos modos, Brígida Mendoza ha subrayado que la sanidad canaria hay que mantenerla con un presupuesto que ha disminuido de una “forma importante” para lo que, reconoció, “hay que hacer encaje de bolillo”.
La consejera ha insistido, en relación al incremento de las listas de espera, que “nadie” le ha escuchado decir que “no pasa nada”, sin embargo justificó este aumento en varios factores. “Nadie me ha escuchado decir no pasa nada, sí que pasa, y nadie ha negado que las listas de espera hayan aumentado, además hay que tener en cuenta que hay varios factores que influyen”, apostilló en declaraciones a la Cadena Ser, recogidas por Europa Press.
En este sentido, apuntó que el incremento de las listas se han visto influidas por el aumento de esperanza de vida, así como por el avance de la medicina, de tal forma que “pacientes que antes tenían patologías que no se volvían crónicas, afortunadamente hoy hay avances que los mantienen como enfermedades crónicas”, además de que se ha producido un “aumento de la oferta en la parte de consulta”, entre otros.
En relación con ello, aseguró que “no ha habido, ni hay,” falta de materiales para operar, afirmando que “todo lo que se necesita se tiene”.

La ADSP denuncia ante la fiscalia las listas de espera

NOTA DE PRENSA

La Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias ha trasladado a la Fiscalía la situación de las listas de espera en el Servicio Canario de Salud, para que indague si el retraso generado en las listas de espera y sus consecuencias, es constitutivo de delito.

Las escandalosas listas de espera en el Servicio Canario de Salud, tanto para intervenciones quirúrgicas, como para pruebas diagnósticas y consultas con especialistas que se ha generado en los últimos cuatro años como consecuencia directa de la política de recortes realizada por el gobierno canario, se ha constituido en un factor determinante del deterioro en la salud y calidad de vida de miles de canarias y canarios, incluso llevando procesos patológicos hacia la irreversibilidad con consecuencia de muerte o de grave cronificación.

Exigimos a la Consejería de Sanidad que aborde inmediatamente la solución a las listas de espera, mejorando la gestión de los Centros Públicos y modificando la política de recortes que desde 2008 hasta la actualidad ha menguado en más de 500 millones el presupuesto, a los que habrá que sumar. para 2013, una reducción real de 218 millones (el 8% de sus fondos) del SCS. En el capítulo de personal se ha sufrido una reducción de 2000 empleos.

En los hospitales públicos, con el cierre de quirófanos de tarde las listas de espera quirúrgica tienen un tiempo medio de espera del doble que la media estatal. Al respecto cabe decir que ni siquiera se ven las miserables medidas anunciadas por el Sr. Rivero en el "debate de la nacionalidad", cuando, además, siguen disminuyendo los profesionales por las jubilaciones. Obras paralizadas de centros de salud y hospitales comarcales, cuestionamiento de programas y servicios, sobre todo quirúrgicos, donde se suspenden intervenciones, incluso oncológicas, por falta de materiales y suspensión de consultas de las especialidades hospitalarias, falta de plazas en el transporte sanitario no urgente, que deja todas las semanas a muchos enfermos incapacitados sin poder acudir a las consultas programadas... Desmantelamiento, en suma, de la sanidad pública encaminada a su privatización, como también es el caso de los servicios de mantenimiento cuyo personal realizará una ACAMPADA, en la explanada de Consultas Externas del Hospital de Gran Canaria Doctor Negrín, durante 24 horas, a partir de las 9.00 horas del próximo martes 16 de abril, en protesta contra el despropósito de  la privatización=corrupción ya que están ultimados los pliegos técnicos y administrativos para la adjudicación a una multinacional del negocio sanitario privado.

Por último queremos pedir a la población que denuncie, en los juzgados de guardia, en la fiscalía, en la Oficina de Defensa del Usuario Sanitario, que presente quejas al Diputado del Común quien, por cierto, en su comparecencia en el Parlamento, llama la atención sobre el hecho de que el número de quejas no sea acorde a la realidad de la mala gestión que reflejan las abultadas listas de espera.

Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública

Sanidad firma un protocolo, y no un convenio, para cardiología infantil

G. Maestre, Santa Cruz de Tenerife
La consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Brígida Mendoza, y su homólogo madrileño, Javier Fernández-Lasquetty, firmaron ayer en la capital de España un "protocolo de intenciones" para la firma de un convenio de colaboración en materia de formación y asistencia para la atención de pacientes pediátricos con cardiopatías congénitas de Canarias por el Hospital Universitario de La Paz.
Según la propia Consejería, este "protocolo de intenciones" es "el paso previo al convenio" y justifican el retraso aludiendo a que el convenio "está en el proceso de pasar todos los procedimientos administrativos habituales", aunque insisten en que ya se han incorporado dos cirujanos al Materno Infantil y están operando las cardiopatías.
Para las asociaciones de padres de niños con cardiopatías, todo el proceso abierto desde que la Consejería comunicase en noviembre su intención de cerrar la Unidad de Cardiología Infantil del Hospital Materno Infantil hasta la firma de ayer "está siendo una payasada", según palabras del secretario de la Asociación Canaria Tricontinental de Cardiopatías Congénitas, Gonzalo Martel, que cree que el acto de ayer "se hizo para sacar una foto y parecer que están haciendo algo, cuando el servicio está peor que nunca".
"Ahora mismo hay dos profesionales recién llegados que no entran solos a un quirófano porque requieren apoyo de los que llevan más tiempo y no son autónomos, así que por el momento no se puede hablar de mejoría".
Más comedida es Dolores García, de la Asociación Corazón y Vida, para quien "la situación sería preocupante si dentro de un mes se sigue sin firmar el convenio con La Paz".
"En todas las reuniones que ha habido con la Consejería de Sanidad jamás se nos habló de este protocolo de intenciones, pero entendemos que quizás sea un paso necesario; lo que no puede ser es que siga pasando el tiempo sin que haya avances claros. Creo que el propio Gobierno sabe que la ciudadanía ya no admite demoras y, después del fallecimiento de un bebé en el hospital de La Candelaria, sabe que si hay algún problema, ya no habrá responsabilidades médicas, sino que serán políticas, y eso les da mucho miedo".

La muerte de un bebé reaviva la controversia sobre cardiología infantil

Sanidad mantiene que el bebé no pudo ser trasladado a Madrid por el mal tiempo, pero médicos, sindicatos, Defensa del Paciente y Corazón y Vida tienen dudas y han pedido la intervención judicial.

El Día, Santa Cruz de Tenerife
El fallecimiento de una niña de 31 días en el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria (HUNSC) el pasado día 11 de marzo, tras esperar durante trece días a ser trasladada a un centro especializado en cardiopatías infantiles, ha avivado el debate sobre el funcionamiento de este servicio sanitario en el Archipiélago que se abrió a finales del año pasado cuando varios colectivos alertaron del riesgo de desmantelamiento del servicio.
La Consejería de Sanidad ha evitado en todo momento pronunciarse sobre las particularidades de este caso recordando que al tratarse de una menor lo prohíbe la ley de protección de datos, lo que no impidió que la propia consejera, Brígida Mendoza, acompañada por la directora del Servicio Canario de Salud (SCS) y en rueda de prensa, explicase que "fueron las condiciones meteorológicas las que impidieron el traslado al hospital de La Paz en Madrid por padecer una patología enormemente compleja que no podía ser resuelta en el Hospital Materno Infantil de Gran Canaria" y siempre "según una decisión exclusivamente médica".
Sin embargo, esta explicación no convence a los propios facultativos, que aseguran tener dudas.
Así, el jefe de Cardiología Infantil del hospital grancanario y presidente de la asociación Tricontinental de Patologías Congénitas, Pedro Suárez, cree que existen "contradicciones", asegura que la niña tenía una cardiopatía "subsanable" e insiste en que "la responsable de gestión del SCS fue quien decidió en última instancia que no se realizara el traslado".
Para la presidenta de la Asociación Corazón y Vida y portavoz de los padres en las negociaciones con la Consejería de Sanidad en la reestructuración de la Unidad de Cirugía Cardíaca Infantil del Materno Infantil, Dolores García, "hay dudas sobre este caso y por eso hemos presentado una denuncia y se ha puesto el caso en conocimiento de la Fiscalía, para que sea la Justicia quien aclare y se pronuncie al respecto".
Exactamente lo mismo hizo la Asociación del Paciente, que, según confirmó su presidenta, Carmen Flores, vincula el fallecimiento de esta niña con los recortes realizados en los presupuestos de la sanidad pública canaria.
Los representantes de Intersindical Canaria en el ámbito sanitario canario también denuncian "el oscurantismo y la falta de transparencia", recordando que cuando han solicitado información al respecto para determinar si se ha vulnerado algún derecho fundamental y para conocer los motivos que impidieron el traslado de la niña durante más de una semana, la respuesta que obtuvieron es que "no se darían datos del caso más que a la familia", pese a que creen que la información que se les pide no incumple la ley de protección de datos.
UGT va incluso más allá y en un comunicado hecho público tres días después de la muerte de la pequeña aseguró que "es la primera víctima inocente de la ineficaz gestión del Gobierno de Canarias y más concretamente del presidente, de la consejera de Sanidad, de la directora del Servicio Canario de la Salud y de la directora gerente del Materno-Insular", y confían en que sea la justicia la que aclare el fondo de la cuestión.
Pediatría del HUNSC justifica la decisión
El jefe del Servicio de Pediatría del Hospital Universitario de la Candelaria (HUNSC), Jorge Gómez, recalcó en rueda de prensa que por las circunstancias de la menor se pensó que lo mejor para ella era acudir sin desvíos a la capital y no ir inicialmente, como paso intermedio, al Hospital Materno Infantil de Gran Canaria. "Tras el ingreso de la menor y lo enredado del diagnóstico de su afectación cardiaca se decide, al ser una afectación compleja, que hay que ir a un hospital de alta resolución, por lo que, después de haber conversado con el Hospital Materno Infantil, se contacta con el hospital La Paz de Madrid". Cuestionado sobre la conveniencia de que la menor fuera trasladada a Gran Canaria debido a las malas condiciones meteorológicas para llevarla a Madrid, comentó, por la complejidad del diagnóstico, que los médicos pensaron que lo más conveniente era ir sin desvíos a la Península. Asimismo, manifestó que "dadas las condiciones meteorológicas y la gravedad de la paciente, el traslado no se pudo emprender ningún día de los previstos".

LISTA DE ESPERA DE REHABILITACION- LA ENFERMEDAD DEL SISTEMA

La publicación de las listas de espera “oficiales” quirúrgicas y de consultas externas hasta 31 de Diciembre de 2012 por la Consejería de Sanidad, ha mostrado y reafirmado la dramática tendencia que en los últimos años están padeciendo los usuarios que se encuentran a la espera de ser atendidos en rehabilitación. Esta especialidad, que destaca por mostrar los peores indicadores asistenciales, ha mantenido unas cifras alarmantes desde 2003, a pesar de los planes de choque y medidas extraordinarias (peonadas, turnos deslizantes, etc) que se han ido sucediendo paulatinamente.

La deficiente gestión de estas listas, enmarcada en una situación de carencia de recursos, están fraguando unos resultados que incidirán directamente en un aumento de los niveles de dependencia de aquellos usuarios que como resultado de esta demora inicien o agraven una situación previa de discapacidad.

Canarias posee las cifras peor valoradas de todo el territorio nacional en la aplicación de la ley de dependencia, alcanzando nuestra comunidad autónoma el porcentaje de dependientes en espera de recibir prestación o servicio, más alto de toda la media nacional. El X dictamen de la asociación estatal de directoras y gerentes en servicios sociales de Enero de 2013 ha sido contundente al respecto:

“Se mantiene invariable el empecinamiento de otras comunidades autónomas (Comunidad Valenciana, Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla) en no aplicar las prestaciones y servicios que esta ley contempla, poniendo a sus ciudadanos y ciudadanos en una situación de desprotección frente al resto, en una materia de protección social tan básica”

La Resolución del Consejo de Europa (98)9, definió la dependencia como: ́”Un estado en el que se encuentran las personas que, por razones ligadas a la falta o perdida de autonomía física, psíquica o intelectual, tienen la necesidad de asistencia y/o ayudas importantes a fin de realizar las actividades de la vida diaria (ABVD)”

El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, en 2004 la definió como:

"La situación en la que una persona con discapacidad precise ayuda, técnica o personal, para la realización (o mejorar el rendimiento funcional) de una determinada actividad". (Querejeta/González, Discapacidad/Dependencia)

Lamentablemente la relación entre demora en Rehabilitación - Aumento nivel/grado dependencia está descrita y probada, ya que por un lado se produce un perjuicio notable que incide directamente en la salud de las personas, y por otro se produce una sobrecarga económica y estructural al mismo sistema de dependencia y de prestaciones sociales.

El informe mundial sobre discapacidad, elaborado por la OMS y Banco Mundial en 2011 ya dejaba claro este punto:

“Las necesidades de rehabilitación no satisfechas pueden retrasar el alta médica, limitar las actividades, restringir la participación, deteriorar la salud, aumentar la dependencia de la asistencia de terceros y disminuir la calidad de vida. Estos resultados negativos pueden tener amplias repercusiones sociales y financieras para las personas, las familias y las comunidades.” (OMS-Banco Mundial, 2011)

Por todo ello, es cuando se hace más necesario que nunca una reforma conceptual, mediante el estudio y revisión de los procesos asistenciales más frecuentes en rehabilitación, junto con el desarrollo de vías clínicas consensuadas por todos los profesionales implicados en estos procesos, (incluyendo la participación social), habiéndose demostrado sin género de dudas como la prestación de servicios de rehabilitación multidisciplinarios y coordinados pueden ser eficaces y eficientes.

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU supuso un punto de inflexión en el panorama legislativo internacional. Estableciendo incluso la posibilidad de denunciar ante este organismo internacional las violaciones a su articulado general. El 3 de mayo de 2008 España firmó y ratificó (de forma vinculante) esta Convención, más su Protocolo facultativo. En su artículo 25 referido a la salud se expone:

“Los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad a servicios de salud que tengan en cuenta las cuestiones de género, incluida la rehabilitación relacionada con la salud. En particular, los Estados Partes:

b) Proporcionarán los servicios de salud que necesiten las personas con discapacidad específicamente como consecuencia de su discapacidad incluidas la pronta detección e intervención, cuando proceda, y servicios destinados a prevenir y reducir al máximo la aparición de nuevas discapacidades, incluidos los niños y las niñas y las personas mayores;”

Artículo 26 Habilitación y rehabilitación

“1. Los Estados Partes adoptarán medidas efectivas y pertinentes, incluso mediante el apoyo de personas que se hallen en las mismas circunstancias, para que las personas con discapacidad puedan lograr y mantener la máxima independencia, capacidad física, mental, social y vocacional, y la inclusión y participación plena en todos los aspectos de la vida. A tal fin, los Estados Partes organizarán, intensificarán y ampliarán servicios y programas generales de habilitación y rehabilitación, en particular en los ámbitos de la salud, el empleo, la educación y los servicios sociales, de forma que esos servicios y programas:

a) Comiencen en la etapa más temprana posible y se basen en una evaluación multidisciplinar de las necesidades y capacidades de la persona;”

La estrategia española sobre discapacidad 2012-202, publicada por el Ministerio de Sanidad , Política Social e Igualdad, basada en una serie de recomendaciones de diferentes resoluciones de la Asamblea General de la ONU, en aplicación del Programa de Acción Mundial para las Personas con Discapacidad, resoluciones del Consejo de Derechos Humanos y de la Comisión de Desarrollo Social del Consejo Económico y Social de la ONU establecía dentro de sus ámbitos de actuación, medidas estratégicas y un plan de acción que en su punto 6.8 citaba como medidas referidas a la sanidad:

“1. Fomentar, junto con las demás unidades competentes, la puesta en marcha de una Estrategia Sociosanitaria, que integren los recursos disponibles para dar respuesta a las necesidades de las personas con discapacidad y de sus familias..

2. Promover medidas que faciliten el uso de medios técnicos de apoyo con vistas a garantizar la vida independiente.

3. Desarrollar programas de detección y diagnóstico precoz de discapacidades.

4. Desarrollar medidas preventivas, incluyendo la adaptación ortoprotésica y la rehabilitación funcional, para reducir los riesgos de discapacidades sobrevenidas y el agravamiento de discapacidades preexistentes.

6. Aplicar el enfoque de género en las políticas sociosanitarias, que permita tomar en consideración las necesidades específicas de las mujeres y niñas con discapacidad.

Como pilar básico del éxito de este abordaje junto a otras disciplinas, (Medicina, Enfermería, Fisioterapia, etc) se encuentra la intervención mediante Terapia Ocupacional ya que desde sus principios fundamentales básicos, el objetivo de esta es lograr la independencia de la persona, y su instrumento, la ocupación. La Terapia Ocupacional es una disciplina socio-sanitaria cuya finalidad es utilizar actividades terapéuticas específicas individualizadas, encaminadas a prevenir, mantener y/o recuperar las funciones físicas, psíquicas y sociales, para alcanzar el máximo nivel de independencia en la ejecución de las actividades de la vida diaria y mejorar la calidad de vida.

La integración de la misma dentro del modelo sanitario multidisciplinar ha demostrado una mejora en lo resultados asistenciales, disminuyendo el periodo de estancia de los usuarios en los servicios de rehabilitación y unidades especializadas, con la consiguiente disminución del gasto sanitario por partida doble:

Disminuyendo los costes de permanencia intrahospitalaria y facilitando una vuelta a su entorno social, familiar y laboral precoz, con unos niveles de dependencia menores y una mejora drástica en la autonomía personal de los usuarios, lo que implica una menor sobrecarga del sistema de prestaciones.

La solución al dramático escenario, que está produciendo en muchos casos una situación de exclusión social y una vulneración de los derechos de la población afectada, no son difusas medidas coyunturales, pasa por una profunda revisión de esta enfermedad multiorgánica que afecta al sistema, con acciones participativas que permitan a todos los agentes implicados proporcionar una visión resolutiva a mas largo plazo.

Diego Moguel Cano (Presidente de la Asociación Profesional de Terapeutas Ocupacionales de Canarias, APTOCA)

Sanidad despide a un médico de familia por una minusvalía

Arturo Pedrero no entiende para qué estudió la carrera ni por qué no valoraron los informes de un forense y de un cirujano en los que se le considera apto para su trabajo.

Domingo Barbuzano, La Laguna
"Dificultad para exploraciones físicas, punciones lumbares, extracción de sangre, infiltraciones, cirugía menor, colocar sondajes o vendajes" han sido algunos de los motivos que han llevado a Sanidad a despedir al médico de Familia Arturo Pedrero García del centro de salud donde trabajaba, por entender que "tiene una discapacidad física para desempeñar sus funciones de la especialidad de medicina familiar".
Arturo Pedrero García es un lagunero que cursó la carrera de Medicina y aprobó el MIR, eligiendo la plaza como médico de Familia. Entró a trabajar en un centro de salud del Gobierno canario, no sin antes haber sido informado por Prevención y Riesgos Laborales del Hospital Universitario de Canarias (HUC) de que no tenía dificultad para ejercer su profesión.
Al mes de desempeñar su trabajo fue despedido, por lo que dicho médico se siente "engañado y discriminado a nivel personal y profesional", por lo que "recurriré a los tribunales".
Arturo Pedrero presenta una hemiparesia residual postparto que se traduce en una limitación moderada de la flexo-extensión de la muñeca derecha y de la supinación, lo que le ha llevado a manejar la mano izquierda perfectamente, según el informe de un médico forense. Dicho doctor ha certificado que "está capacitado para su actividad como médico de familia". Ello lo avala también un doctor en Medicina y Cirugía que lo considera apto.

Fallece una lactante a la espera de ir a La Paz

CARMEN MESA

La menor iba a ser trasladada a Gran Canaria pero la Consejería de Sanidad dio la orden de llevarla a Madrid. El mal tiempo hizo imposible que la pequeña pudiera viajar.

Una niña lactante, de apenas unos meses de edad, ha fallecido la semana pasada en Tenerife mientras esperaba ser trasladada del Hospital de La Candelaria hasta Madrid, donde iba a ser operada del corazón al sufrir una cardiopatía congénita, según ha confirmado a este medio la cardióloga infantil Marisa Antúnez.
Sanidad confirmó a CANARIAS AHORA la muerte del menor, sin embargo, no dio más detalles debido a la protección de datos que ampara la intimidad de los pacientes. Asimismo, explicó que, en términos generales, se producen dos condicionantes para que un afectado no sea trasladado, el que se encuentre estabilizado y el que se den las condiciones meteorológicas adecuadas.
El suceso coincide con la decisión de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias de cambiar el convenio que la Administración regional mantenía con la fundación italiana San Donato desde hace años, por uno nuevo con el madrileño Hospital de La Paz, cuyos médicos estaba previsto que llegaran esta semana.
Antúnez recordó que la Unidad de Cirugía Cardiaca Infantil del Hospital Materno Insular de la capital grancanaria se encontraba a la espera de recibir el traslado de la paciente, cuando la Consejería dio la orden de trasladar a la menor a La Paz. Sin embargo, el mal tiempo hizo imposible que la pequeña pudiera viajar a la Península.
El actual jefe de la Unidad de Cardiología Pediátrica del Hospital Materno, Pedro Suárez, dijo haber sido informado de la situación esta misma mañana y rememoró que el equipo médico, que esperaba la operación, se enteró del cambio de decisión en la reunión que Sanidad mantuvo la semana pasada con las asociaciones relacionadas con el servicio pediátrico.
Sin embargo, Sanidad afirmó que, dependiendo de la complejidad de las urgencias, los pacientes son trasladados a Gran Canaria o a La Paz y puntualizó que los responsables de decidir dónde se tiene que operar un afectado son los médicos.
Antúnez asegura que la operación podía haberse realizado en Gran Canaria, hasta donde podía haberse desplazado en helicóptero y denunció que este tipo de hechos “no se pueden permitir”, motivo por el advierte que desde la Unidad “no podemos quedarnos sin hacer nada”. Para Antúnez este hecho supone un paso más a un futuro “cierre diferido” del servicio.
Respecto a la llegada del personal de La Paz anunciada por la consejera, Brígida Mendoza, Suárez indicó que todavía no se han incorporado, aunque este jueves se espera la llegada de alguno de los integrantes del equipo madrileño.
Mendoza aseguró en una rueda de prensa celebrada el pasado miércoles que el Materno atendería todas las urgencias y afirmó que la fundación italiana San Donato, que mantenía desde hace años el convenio con la Administración canaria, había "cumplido" con el calendario de operaciones que tenía estipulado. Preguntada por el posible aplazamiento de las operaciones que se iban a realizar, admitió que “evidentemente las intervenciones programadas, como en cualquier otra cirugía, se pueden retrasar unos días hasta que tengamos al equipo completo”. 

Sanidad quiere abrir los hospitales por las tardes sin gastar más en salarios

Haridian Mederos:
Sanidad intenta negociar con los profesionales fórmulas para reducir las listas de espera quirúrgicas y de consultas, que han aumentado en un 9,3% en el último semestre. La Consejería que dirige Brígida Mendoza plantea la reorganización del personal y la flexibilización de horarios para abrir los quirófanos y la atención especializada por las tardes sin gastar más dinero en salarios. Ésta es una de las medidas que cobra mayor fuerza dentro del plan de choque anunciado por el presidente, Paulino Rivero, el martes en el Parlamento, según fuentes de Coalición Canaria.
Los programas de tarde se pusieron en marcha con Mercedes Roldós (PP) como consejera de Sanidad en el anterior mandato para agilizar las listas de espera, pero, con la llegada de CC y PSOE al Ejecutivo, el Servicio Canario de Salud los suprimió desde septiembre de 2011. Ello supuso una restricción de las peonadas (incentivos) que la administración encuadró bajo el paraguas de la austeridad. Ahora Mendoza busca el consenso para valorar las medidas que sean más eficientes, ya que, a falta de dinero, hay que "optimizar los recursos" existentes, según la diputada nacionalista María del Mar Julios, que destacó que a pesar de aquellos pluses no se logró aliviar las listas de intervenciones.
Ayer CC y PSOE registraron una proposición no de ley en la Cámara con propuestas para bajar las listas, entre las que figura ampliar las horas de utilización de los centros hospitalarios y mejorar su "rendimiento". Para ello se valorarán cambios organizativos "profundos" con turnos de mañana y tarde o deslizantes. Además de fijar "sistemas de priorización", de modo que "sea más importante atender según la gravedad de la enfermedad que el tiempo de espera", indicó Julios, que señaló que esto conlleva "poner a punto todos los protocolos".
El presidente del Colegio de Médicos de Las Palmas, Pedro Cabrera, confirmó ayer que ha habido reuniones con la consejería para articular un órgano donde "discutir los grandes temas sanitarios", en los que se englobarían las listas de espera, si bien que aún no se han concretado iniciativas. Este extremo fue confirmado también desde el colegio profesional tinerfeño.

Trabajo investiga la negación de bajas médicas al personal sanitario

El Sindicato de Enfermería ha denunciado ante la Inspección que los trabajadores que sufren accidentes laborales tardan cuatro, cinco o incluso seis días en obtener una baja.

G. Maestre, Santa Cruz de Tenerife
La Inspección de Trabajo de Santa Cruz de Tenerife investiga si existe algún tipo de cortapisa por parte de la Administración o de las mutuas laborales a la hora de darle la baja laboral al personal sanitario después de que el Sindicato de Enfermería (Satse) haya presentado una denuncia en la que comunica las "trabas" que se les están poniendo a los trabajadores que sufren algún accidente durante el ejercicio de su profesión.
"Trabajadores enfermos están de un lado para otro durante cuatro, cinco e incluso seis días llevando papeles para intentar que se les reconozca su dolencia y se les permita acogerse a una baja laboral, por lo que ni están en su puesto de trabajo ni de baja. ¿Cómo puede permitirse esta situación?", se pregunta la delegada del Satse Ramona Mendoza, que asegura que "el comportamiento de algunas mutuas de trabajo está siendo humillante, indigno", e incluso considera que "se puede hablar de auténtico maltrato hacia el empleado público".
El último caso denunciado por Satse es el de una enfermera del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria (HUNSC) a la que una alergia al látex le provocó una fuerte reacción en ambas manos que le despellejó buena parte de la piel.
"Cualquier persona que la ve se da cuenta de que lo que le ha pasado es grave y que no está en condiciones para trabajar; parece que tuviera estigmas como los que todos hemos visto en algunos devotos", describe Mendoza.
Sin embargo, tras cinco días de trámites, hasta ayer esta enfermera aún se encontraba de alta, pese a tener varios informes de especialistas en dermatología que recomendaban su baja médica.
"Nos tememos que se trata de una consigna que existe en las mutualidades para reducir al mínimo las bajas que se pueden enmarcar dentro de los accidentes laborales, pero si eso es así la administración pública debe tomar cartas en el asunto e impedir que se veje a sus trabajadores de esta manera", explica Mendoza.
Y es que si un empleado de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias sufre algún tipo de accidente durante su jornada de trabajo, es la mutua la que debe hacerse cargo del coste que genere la situación de baja y no la Seguridad Social.
"Hemos detectado que lo que quieren es marear y desmotivar al trabajador para que tire la toalla y acabe yendo a su médico y pidiendo la baja intentando omitir que su enfermedad o dolencia ha sido un accidente laboral, y eso no lo podemos permitir ni nosotros como sindicato ni la Administración, porque, si no, ¿para que se les paga a las mutuas?", insiste Mendoza, que, no obstante, asegura que, por los casos que conoce personalmente, "tanto la gerencia del hospital de La Candelaria como el personal responsable de Salud Laboral de la Consejería de Sanidad han tratado de ayudar de todas las maneras posibles a los trabajadores a través de informes y rellenando todo tipo de informes y solicitudes".
"Los trabajadores sanitarios piden un informe a Salud Laboral; de ahí lo llevan a la mutua, que les pide otros; vuelven al origen y los solicitan y lo vuelven a llevar, y así durante días. Están absolutamente indefensos y no se tiene en cuenta su estado de salud", sentencia la dirigente sindical antes de insistir en que "cualquier otro trabajador no debería trabajar nunca enfermo, pero si es un sanitario menos aún".

Hasta la narices de las listas de espera

ARTURO BORGES ÁLAMO
MÉDICO, PORTAVOZ DEL FORO SOCIAL CANARIO POR LA SALUD Y LA SANIDAD PÚBLICA Cada seis meses, en un ejercicio de sado-masoquismo, nos fustigan y nos fustigamos con el análisis de las nuevas cifras de las listas de espera, de sanidad, por supuesto.
De nuevo a vueltas con el indisimulable y escandaloso aumento, con las triquiñuelas de maquillaje diversas, en un diálogo de sordos o mejor dicho entre incompetentes e impotentes que sería el diagnóstico acertado de la patología que aqueja a las partes en presencia.
Lo malo de esta repetición sin fin, es que además de aburrirnos en todos los sentidos damos sostén a un círculo vicioso de difusión del deterioro manifiesto de la sanidad pública así como de que la impotencia lleve a sectores que aún se lo pueden permitir, o si no pueden se está convirtiendo en una nueva vía para el endeudamiento y empobrecimiento futuro de familias y personas, a acercarse a la sanidad privada y dejar de tener la actitud de exigencia a los poderes públicos de responder a las necesidades de la población.
Y es que la alternativa, la forma de romper dicho círculo vicioso, es la lucha por la defensa y mejora de la sanidad pública, por evitar que se la desmantele por completo y por mejorarla día a día. La alternativa no puede ser la sanidad privada, la privatización, hay múltiples razones para afirmarlo y hay muchas medidas para evitarlo y para sacar adelante una sanidad pública, universal, gratuita y de calidad.
En EEUU, paraíso de la sanidad privada, los gastos personales y familiares en asistencia sanitaria ante enfermedades graves son la primera causa de empobrecimiento, dado que les lleva a vender las propiedades que puedan tener y a endeudarse hasta la ruina.
Por otro lado, hay que señalar que en la sanidad privada se clasifica a los pacientes en rentables y no rentables y a estos últimos se les relega, no se les presta la debida atención de calidad ya que son más costosos y no les sale a cuento para la inversión ajustada a su criterio de máximo beneficio, dejándolos para la sanidad pública que si es de beneficencia, como están intentando los distintos gobiernos neoliberales, será de pésima calidad lo que equivaldrá al abandono y aumento galopante de la mortalidad de estos pacientes.
También debemos considerar que en la sanidad privada, como se ha demostrado en la tesis doctoral de la médica catalana Elizabeth Janet, las "intervenciones de dudosa indicación" son el triple o el cuádruple que en la sanidad pública.Estamos hablando de diversos tipos de ellas, desde las famosas cesáreas hasta las intervenciones para la detección y tratamiento precoz del cáncer.
En la referida tesis, al profundizar en esa notable diferencia en el número de intervenciones, hasta el punto de estudiar los tejidos extraídos en ellas, se obtuvo el increíble e indignante resultado de que se trataba de tejidos sanos y se llegó a la conclusión en dicha actividad investigadora de que el exceso de intervencionismo es puramente lucrativo, comportando los consiguientes riesgos de secuelas y de complicaciones, incluso para la sobrevivencia de los pacientes.
Creo que lo apuntado supone un conjunto de razones contundentes para luchar sin desmayo contra la privatización de la atención sanitaria pública, y la mejor forma de hacerlo debe comprender la propuesta de alternativas para su mantenimiento y mejora. Estas necesariamente deben pasar por mejorar la financiación, pero no quedarnos en pedir dinero a Madrid, porque, entre otras cosas, antes hay que garantizar que ese dinero es finalista, es decir pura y exclusivamente para sanidad y no, como siempre ha sido, de libre distribución por parte del Gobierno de Canarias que lo ha destinado a los clubes de fútbol, al tranvía, etcétera.
Por otro lado, las CCAA tienen autoridad fiscal y pueden introducir impuestos que han de ser la vía de mayor incremento de recursos a la sanidad y que eviten recargar el déficit fiscal, debido a los que no pagan los impuestos que debieran, en el usuario.
Impuestos generales, basados en impuestos directos progresivos, frente al fraude fiscal y la Reserva de Inversiones de Canarias e impuestos finalistas para sanidad. Que pague más quien más tenga.
También es necesario mejorar la gestión, racionalizando el gasto, es decir, evitando el despilfarro que pueda haber y reorientando la inversión de esos recursos. En este sentido, se puede ahorrar (y reinvertir) mucho dinero del gasto farmacéutico innecesario, del gasto innecesario en tecnologías, de las consultas hospitalarias prescindibles potenciando las consultas en atención primaria, de la reducción de la frecuentación a urgencias hospitalarias aplicando estrategias de educación y potenciación de la red de urgencias de atención primaria, de la reducción de la hospitalización innecesaria, como la de pacientes crónicos en hospitales de agudos, incrementando los centros de crónicos... y muchas medidas más a corto plazo y otras a medio y largo plazo que permitan avanzar hacia un cambio del modelo de atención a la salud y a la enfermedad, desde el predominio de la medicina asistencial a un modelo preventivo de salud pública, que entre otras cosas sería mucho menos costoso monetariamente y con muchos menos efectos adversos para la salud.
Decididamente, prefiero hablar de alternativas que de unas listas de espera fruto de la más absoluta incompetencia o ¿quizás habría que decir de la más absoluta competencia neoliberal para desacreditar a la sanidad pública y dar pie a las ofertas de la sanidad privada para hacerse cargo de las mismas, de los pacientes que sean rentables, claro?