Brígida Mendoza: “Cada ciudadano tiene derecho a acudir a la justicia cada vez que lo estime oportuno”

EUROPA PRESS | Las Palmas de Gran Canaria
La consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Brígida Mendoza, se ha mostrado este martes respetuosa con la acción de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de las islas que ha llevado a la Fiscalía las listas de espera.
“Cada ciudadano tiene el derecho de acudir a la justicia cada vez que lo estime oportuno pero las listas de espera han aumentado en todo el territorio estatal, no solo en Canarias, y no creo que sea bueno, en absoluto, llevar la sanidad a la arena política”, apostilló Mendoza.
Asimismo, ha incidido en que “siempre” ha dicho que “hay que hacer política sanitaria y no política con la sanidad y, mucho menos, judicializar” las listas de espera donde hay pacientes de diferentes categorías y donde, aseguró, todos los equipos dependientes de su departamento “trabajan de forma importante e intensa priorizando a todos aquellos pacientes que tengan cualquier riesgo de empeorar su patología”.
De todos modos, Brígida Mendoza ha subrayado que la sanidad canaria hay que mantenerla con un presupuesto que ha disminuido de una “forma importante” para lo que, reconoció, “hay que hacer encaje de bolillo”.
La consejera ha insistido, en relación al incremento de las listas de espera, que “nadie” le ha escuchado decir que “no pasa nada”, sin embargo justificó este aumento en varios factores. “Nadie me ha escuchado decir no pasa nada, sí que pasa, y nadie ha negado que las listas de espera hayan aumentado, además hay que tener en cuenta que hay varios factores que influyen”, apostilló en declaraciones a la Cadena Ser, recogidas por Europa Press.
En este sentido, apuntó que el incremento de las listas se han visto influidas por el aumento de esperanza de vida, así como por el avance de la medicina, de tal forma que “pacientes que antes tenían patologías que no se volvían crónicas, afortunadamente hoy hay avances que los mantienen como enfermedades crónicas”, además de que se ha producido un “aumento de la oferta en la parte de consulta”, entre otros.
En relación con ello, aseguró que “no ha habido, ni hay,” falta de materiales para operar, afirmando que “todo lo que se necesita se tiene”.

La ADSP denuncia ante la fiscalia las listas de espera

NOTA DE PRENSA

La Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias ha trasladado a la Fiscalía la situación de las listas de espera en el Servicio Canario de Salud, para que indague si el retraso generado en las listas de espera y sus consecuencias, es constitutivo de delito.

Las escandalosas listas de espera en el Servicio Canario de Salud, tanto para intervenciones quirúrgicas, como para pruebas diagnósticas y consultas con especialistas que se ha generado en los últimos cuatro años como consecuencia directa de la política de recortes realizada por el gobierno canario, se ha constituido en un factor determinante del deterioro en la salud y calidad de vida de miles de canarias y canarios, incluso llevando procesos patológicos hacia la irreversibilidad con consecuencia de muerte o de grave cronificación.

Exigimos a la Consejería de Sanidad que aborde inmediatamente la solución a las listas de espera, mejorando la gestión de los Centros Públicos y modificando la política de recortes que desde 2008 hasta la actualidad ha menguado en más de 500 millones el presupuesto, a los que habrá que sumar. para 2013, una reducción real de 218 millones (el 8% de sus fondos) del SCS. En el capítulo de personal se ha sufrido una reducción de 2000 empleos.

En los hospitales públicos, con el cierre de quirófanos de tarde las listas de espera quirúrgica tienen un tiempo medio de espera del doble que la media estatal. Al respecto cabe decir que ni siquiera se ven las miserables medidas anunciadas por el Sr. Rivero en el "debate de la nacionalidad", cuando, además, siguen disminuyendo los profesionales por las jubilaciones. Obras paralizadas de centros de salud y hospitales comarcales, cuestionamiento de programas y servicios, sobre todo quirúrgicos, donde se suspenden intervenciones, incluso oncológicas, por falta de materiales y suspensión de consultas de las especialidades hospitalarias, falta de plazas en el transporte sanitario no urgente, que deja todas las semanas a muchos enfermos incapacitados sin poder acudir a las consultas programadas... Desmantelamiento, en suma, de la sanidad pública encaminada a su privatización, como también es el caso de los servicios de mantenimiento cuyo personal realizará una ACAMPADA, en la explanada de Consultas Externas del Hospital de Gran Canaria Doctor Negrín, durante 24 horas, a partir de las 9.00 horas del próximo martes 16 de abril, en protesta contra el despropósito de  la privatización=corrupción ya que están ultimados los pliegos técnicos y administrativos para la adjudicación a una multinacional del negocio sanitario privado.

Por último queremos pedir a la población que denuncie, en los juzgados de guardia, en la fiscalía, en la Oficina de Defensa del Usuario Sanitario, que presente quejas al Diputado del Común quien, por cierto, en su comparecencia en el Parlamento, llama la atención sobre el hecho de que el número de quejas no sea acorde a la realidad de la mala gestión que reflejan las abultadas listas de espera.

Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública

Sanidad firma un protocolo, y no un convenio, para cardiología infantil

G. Maestre, Santa Cruz de Tenerife
La consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Brígida Mendoza, y su homólogo madrileño, Javier Fernández-Lasquetty, firmaron ayer en la capital de España un "protocolo de intenciones" para la firma de un convenio de colaboración en materia de formación y asistencia para la atención de pacientes pediátricos con cardiopatías congénitas de Canarias por el Hospital Universitario de La Paz.
Según la propia Consejería, este "protocolo de intenciones" es "el paso previo al convenio" y justifican el retraso aludiendo a que el convenio "está en el proceso de pasar todos los procedimientos administrativos habituales", aunque insisten en que ya se han incorporado dos cirujanos al Materno Infantil y están operando las cardiopatías.
Para las asociaciones de padres de niños con cardiopatías, todo el proceso abierto desde que la Consejería comunicase en noviembre su intención de cerrar la Unidad de Cardiología Infantil del Hospital Materno Infantil hasta la firma de ayer "está siendo una payasada", según palabras del secretario de la Asociación Canaria Tricontinental de Cardiopatías Congénitas, Gonzalo Martel, que cree que el acto de ayer "se hizo para sacar una foto y parecer que están haciendo algo, cuando el servicio está peor que nunca".
"Ahora mismo hay dos profesionales recién llegados que no entran solos a un quirófano porque requieren apoyo de los que llevan más tiempo y no son autónomos, así que por el momento no se puede hablar de mejoría".
Más comedida es Dolores García, de la Asociación Corazón y Vida, para quien "la situación sería preocupante si dentro de un mes se sigue sin firmar el convenio con La Paz".
"En todas las reuniones que ha habido con la Consejería de Sanidad jamás se nos habló de este protocolo de intenciones, pero entendemos que quizás sea un paso necesario; lo que no puede ser es que siga pasando el tiempo sin que haya avances claros. Creo que el propio Gobierno sabe que la ciudadanía ya no admite demoras y, después del fallecimiento de un bebé en el hospital de La Candelaria, sabe que si hay algún problema, ya no habrá responsabilidades médicas, sino que serán políticas, y eso les da mucho miedo".

La muerte de un bebé reaviva la controversia sobre cardiología infantil

Sanidad mantiene que el bebé no pudo ser trasladado a Madrid por el mal tiempo, pero médicos, sindicatos, Defensa del Paciente y Corazón y Vida tienen dudas y han pedido la intervención judicial.

El Día, Santa Cruz de Tenerife
El fallecimiento de una niña de 31 días en el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria (HUNSC) el pasado día 11 de marzo, tras esperar durante trece días a ser trasladada a un centro especializado en cardiopatías infantiles, ha avivado el debate sobre el funcionamiento de este servicio sanitario en el Archipiélago que se abrió a finales del año pasado cuando varios colectivos alertaron del riesgo de desmantelamiento del servicio.
La Consejería de Sanidad ha evitado en todo momento pronunciarse sobre las particularidades de este caso recordando que al tratarse de una menor lo prohíbe la ley de protección de datos, lo que no impidió que la propia consejera, Brígida Mendoza, acompañada por la directora del Servicio Canario de Salud (SCS) y en rueda de prensa, explicase que "fueron las condiciones meteorológicas las que impidieron el traslado al hospital de La Paz en Madrid por padecer una patología enormemente compleja que no podía ser resuelta en el Hospital Materno Infantil de Gran Canaria" y siempre "según una decisión exclusivamente médica".
Sin embargo, esta explicación no convence a los propios facultativos, que aseguran tener dudas.
Así, el jefe de Cardiología Infantil del hospital grancanario y presidente de la asociación Tricontinental de Patologías Congénitas, Pedro Suárez, cree que existen "contradicciones", asegura que la niña tenía una cardiopatía "subsanable" e insiste en que "la responsable de gestión del SCS fue quien decidió en última instancia que no se realizara el traslado".
Para la presidenta de la Asociación Corazón y Vida y portavoz de los padres en las negociaciones con la Consejería de Sanidad en la reestructuración de la Unidad de Cirugía Cardíaca Infantil del Materno Infantil, Dolores García, "hay dudas sobre este caso y por eso hemos presentado una denuncia y se ha puesto el caso en conocimiento de la Fiscalía, para que sea la Justicia quien aclare y se pronuncie al respecto".
Exactamente lo mismo hizo la Asociación del Paciente, que, según confirmó su presidenta, Carmen Flores, vincula el fallecimiento de esta niña con los recortes realizados en los presupuestos de la sanidad pública canaria.
Los representantes de Intersindical Canaria en el ámbito sanitario canario también denuncian "el oscurantismo y la falta de transparencia", recordando que cuando han solicitado información al respecto para determinar si se ha vulnerado algún derecho fundamental y para conocer los motivos que impidieron el traslado de la niña durante más de una semana, la respuesta que obtuvieron es que "no se darían datos del caso más que a la familia", pese a que creen que la información que se les pide no incumple la ley de protección de datos.
UGT va incluso más allá y en un comunicado hecho público tres días después de la muerte de la pequeña aseguró que "es la primera víctima inocente de la ineficaz gestión del Gobierno de Canarias y más concretamente del presidente, de la consejera de Sanidad, de la directora del Servicio Canario de la Salud y de la directora gerente del Materno-Insular", y confían en que sea la justicia la que aclare el fondo de la cuestión.
Pediatría del HUNSC justifica la decisión
El jefe del Servicio de Pediatría del Hospital Universitario de la Candelaria (HUNSC), Jorge Gómez, recalcó en rueda de prensa que por las circunstancias de la menor se pensó que lo mejor para ella era acudir sin desvíos a la capital y no ir inicialmente, como paso intermedio, al Hospital Materno Infantil de Gran Canaria. "Tras el ingreso de la menor y lo enredado del diagnóstico de su afectación cardiaca se decide, al ser una afectación compleja, que hay que ir a un hospital de alta resolución, por lo que, después de haber conversado con el Hospital Materno Infantil, se contacta con el hospital La Paz de Madrid". Cuestionado sobre la conveniencia de que la menor fuera trasladada a Gran Canaria debido a las malas condiciones meteorológicas para llevarla a Madrid, comentó, por la complejidad del diagnóstico, que los médicos pensaron que lo más conveniente era ir sin desvíos a la Península. Asimismo, manifestó que "dadas las condiciones meteorológicas y la gravedad de la paciente, el traslado no se pudo emprender ningún día de los previstos".

LISTA DE ESPERA DE REHABILITACION- LA ENFERMEDAD DEL SISTEMA

La publicación de las listas de espera “oficiales” quirúrgicas y de consultas externas hasta 31 de Diciembre de 2012 por la Consejería de Sanidad, ha mostrado y reafirmado la dramática tendencia que en los últimos años están padeciendo los usuarios que se encuentran a la espera de ser atendidos en rehabilitación. Esta especialidad, que destaca por mostrar los peores indicadores asistenciales, ha mantenido unas cifras alarmantes desde 2003, a pesar de los planes de choque y medidas extraordinarias (peonadas, turnos deslizantes, etc) que se han ido sucediendo paulatinamente.

La deficiente gestión de estas listas, enmarcada en una situación de carencia de recursos, están fraguando unos resultados que incidirán directamente en un aumento de los niveles de dependencia de aquellos usuarios que como resultado de esta demora inicien o agraven una situación previa de discapacidad.

Canarias posee las cifras peor valoradas de todo el territorio nacional en la aplicación de la ley de dependencia, alcanzando nuestra comunidad autónoma el porcentaje de dependientes en espera de recibir prestación o servicio, más alto de toda la media nacional. El X dictamen de la asociación estatal de directoras y gerentes en servicios sociales de Enero de 2013 ha sido contundente al respecto:

“Se mantiene invariable el empecinamiento de otras comunidades autónomas (Comunidad Valenciana, Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla) en no aplicar las prestaciones y servicios que esta ley contempla, poniendo a sus ciudadanos y ciudadanos en una situación de desprotección frente al resto, en una materia de protección social tan básica”

La Resolución del Consejo de Europa (98)9, definió la dependencia como: ́”Un estado en el que se encuentran las personas que, por razones ligadas a la falta o perdida de autonomía física, psíquica o intelectual, tienen la necesidad de asistencia y/o ayudas importantes a fin de realizar las actividades de la vida diaria (ABVD)”

El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, en 2004 la definió como:

"La situación en la que una persona con discapacidad precise ayuda, técnica o personal, para la realización (o mejorar el rendimiento funcional) de una determinada actividad". (Querejeta/González, Discapacidad/Dependencia)

Lamentablemente la relación entre demora en Rehabilitación - Aumento nivel/grado dependencia está descrita y probada, ya que por un lado se produce un perjuicio notable que incide directamente en la salud de las personas, y por otro se produce una sobrecarga económica y estructural al mismo sistema de dependencia y de prestaciones sociales.

El informe mundial sobre discapacidad, elaborado por la OMS y Banco Mundial en 2011 ya dejaba claro este punto:

“Las necesidades de rehabilitación no satisfechas pueden retrasar el alta médica, limitar las actividades, restringir la participación, deteriorar la salud, aumentar la dependencia de la asistencia de terceros y disminuir la calidad de vida. Estos resultados negativos pueden tener amplias repercusiones sociales y financieras para las personas, las familias y las comunidades.” (OMS-Banco Mundial, 2011)

Por todo ello, es cuando se hace más necesario que nunca una reforma conceptual, mediante el estudio y revisión de los procesos asistenciales más frecuentes en rehabilitación, junto con el desarrollo de vías clínicas consensuadas por todos los profesionales implicados en estos procesos, (incluyendo la participación social), habiéndose demostrado sin género de dudas como la prestación de servicios de rehabilitación multidisciplinarios y coordinados pueden ser eficaces y eficientes.

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU supuso un punto de inflexión en el panorama legislativo internacional. Estableciendo incluso la posibilidad de denunciar ante este organismo internacional las violaciones a su articulado general. El 3 de mayo de 2008 España firmó y ratificó (de forma vinculante) esta Convención, más su Protocolo facultativo. En su artículo 25 referido a la salud se expone:

“Los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad a servicios de salud que tengan en cuenta las cuestiones de género, incluida la rehabilitación relacionada con la salud. En particular, los Estados Partes:

b) Proporcionarán los servicios de salud que necesiten las personas con discapacidad específicamente como consecuencia de su discapacidad incluidas la pronta detección e intervención, cuando proceda, y servicios destinados a prevenir y reducir al máximo la aparición de nuevas discapacidades, incluidos los niños y las niñas y las personas mayores;”

Artículo 26 Habilitación y rehabilitación

“1. Los Estados Partes adoptarán medidas efectivas y pertinentes, incluso mediante el apoyo de personas que se hallen en las mismas circunstancias, para que las personas con discapacidad puedan lograr y mantener la máxima independencia, capacidad física, mental, social y vocacional, y la inclusión y participación plena en todos los aspectos de la vida. A tal fin, los Estados Partes organizarán, intensificarán y ampliarán servicios y programas generales de habilitación y rehabilitación, en particular en los ámbitos de la salud, el empleo, la educación y los servicios sociales, de forma que esos servicios y programas:

a) Comiencen en la etapa más temprana posible y se basen en una evaluación multidisciplinar de las necesidades y capacidades de la persona;”

La estrategia española sobre discapacidad 2012-202, publicada por el Ministerio de Sanidad , Política Social e Igualdad, basada en una serie de recomendaciones de diferentes resoluciones de la Asamblea General de la ONU, en aplicación del Programa de Acción Mundial para las Personas con Discapacidad, resoluciones del Consejo de Derechos Humanos y de la Comisión de Desarrollo Social del Consejo Económico y Social de la ONU establecía dentro de sus ámbitos de actuación, medidas estratégicas y un plan de acción que en su punto 6.8 citaba como medidas referidas a la sanidad:

“1. Fomentar, junto con las demás unidades competentes, la puesta en marcha de una Estrategia Sociosanitaria, que integren los recursos disponibles para dar respuesta a las necesidades de las personas con discapacidad y de sus familias..

2. Promover medidas que faciliten el uso de medios técnicos de apoyo con vistas a garantizar la vida independiente.

3. Desarrollar programas de detección y diagnóstico precoz de discapacidades.

4. Desarrollar medidas preventivas, incluyendo la adaptación ortoprotésica y la rehabilitación funcional, para reducir los riesgos de discapacidades sobrevenidas y el agravamiento de discapacidades preexistentes.

6. Aplicar el enfoque de género en las políticas sociosanitarias, que permita tomar en consideración las necesidades específicas de las mujeres y niñas con discapacidad.

Como pilar básico del éxito de este abordaje junto a otras disciplinas, (Medicina, Enfermería, Fisioterapia, etc) se encuentra la intervención mediante Terapia Ocupacional ya que desde sus principios fundamentales básicos, el objetivo de esta es lograr la independencia de la persona, y su instrumento, la ocupación. La Terapia Ocupacional es una disciplina socio-sanitaria cuya finalidad es utilizar actividades terapéuticas específicas individualizadas, encaminadas a prevenir, mantener y/o recuperar las funciones físicas, psíquicas y sociales, para alcanzar el máximo nivel de independencia en la ejecución de las actividades de la vida diaria y mejorar la calidad de vida.

La integración de la misma dentro del modelo sanitario multidisciplinar ha demostrado una mejora en lo resultados asistenciales, disminuyendo el periodo de estancia de los usuarios en los servicios de rehabilitación y unidades especializadas, con la consiguiente disminución del gasto sanitario por partida doble:

Disminuyendo los costes de permanencia intrahospitalaria y facilitando una vuelta a su entorno social, familiar y laboral precoz, con unos niveles de dependencia menores y una mejora drástica en la autonomía personal de los usuarios, lo que implica una menor sobrecarga del sistema de prestaciones.

La solución al dramático escenario, que está produciendo en muchos casos una situación de exclusión social y una vulneración de los derechos de la población afectada, no son difusas medidas coyunturales, pasa por una profunda revisión de esta enfermedad multiorgánica que afecta al sistema, con acciones participativas que permitan a todos los agentes implicados proporcionar una visión resolutiva a mas largo plazo.

Diego Moguel Cano (Presidente de la Asociación Profesional de Terapeutas Ocupacionales de Canarias, APTOCA)