Durante el año pasado, la Consejería recogió una media de 120
reclamaciones diarias sobre los servicios sanitarios. De ellas, casi la
mitad se registraron en la isla de Tenerife.
La Oficina de Defensa de los Derechos de los Usuarios Sanitario
(ODDUS), perteneciente a la Consejería de Sanidad del Gobierno de
Canarias, registra una media de 30.000 reclamaciones cada año, según se
desprende de una respuesta parlamentaria a una pregunta formulada por la
diputada del Partido Popular Milagros Bethencourt sobre reclamaciones
en materia de servicios sanitarios en el Archipiélago.
Aunque en la misma no se especifican los principales motivos de estas
reclamaciones, es la primera vez que se obtiene información pública
sobre el funcionamiento de esta Oficina de la que se desconoce su
memoria de actividades desde hace al menos cinco años.
Así, durante el año 2011 la ODDUS registró 27.749 reclamaciones,
cifra que aumentó notablemente durante 2012 hasta alcanzar las 30.124
quejas, mientras que entre enero y junio de 2013 (último corte
disponible) fueron 12.541. Es decir, una media de 120 quejas diarias por
cada día hábil.
Las 30.124 quejas de 2012 contrastan con las 70 tramitadas por el Diputado del Común durante ese mismo períodos.
Esto se traduce en que es a la ODDUS a donde acuden la mayor parte de las pacientes disconformes con algún servicio sanitario.
Sin embargo, es en la memoria del Diputado del Común donde se aprecia
precisamente una llamada de atención sobre el mal funcionamiento del
sistema de quejas, asegurándose en el mismo que "hay veces en las que la
ciudadanía sufre obstaculización en sus peticiones que podrían dar
lugar seguidamente a un inicio a instancia de parte de un procedimiento
por reclamación de responsabilidad patrimonial.
Desde entonces, en esta fase previa, ya los interesados tropiezan con
dificultades, pese a la que la Ley 30-1992 de 26 de noviembre señala
que el silencio administrativo, positivo o negativo, no debe ser un
instituto jurídico normal, sino la garantía que impida que los derechos
particulares se vacíen de contenido cuando la Administración no les
atienda con celeridad y eficacia".
E insiste en que "la demora innecesaria o, lisa y llanamente, la
falta de respuesta del Servicio Canario de Salud a los Expedientes de
Queja ha llevado a esta Institución (Diputado del Común) a intervenir en
diversas ocasiones".
G. Maestre, S/C de Tenerife (Eldia.es)
lunes, 23 de diciembre de 2013
sábado, 26 de octubre de 2013
27 de Octubre Dia Mundial de la Terapia Ocupacional
El 27 de Octubre se celebra el “Día mundial de la Terapia Ocupacional”, siguiendo lo acordado por el consejo de la WFOT (Federación Mundial de Terapeutas Ocupacionales) en Abril de 2010.
378.000 TO en el mundo1 dedicados a prestar servicio a la comunidad, interviniendo en multitud de áreas asistenciales, ejerciendo una profesión plenamente vocacional, refuerzan en estos días sus lazos con la sociedad, con el fin de dar a conocer su actividad profesional y los beneficios de su intervención.
Según la OMS, la Terapia Ocupacional “es el conjunto de técnicas, métodos y actuaciones que, a través de actividades aplicadas con fines terapéuticos, previene y mantiene la salud, favorece la restauración de la función, suple los déficit invalidantes y valora los supuestos comportamentales y su significación profunda, para conseguir las mayores independencia y reinserción posibles del individuo en todos sus aspectos: laboral, mental, físico y social.”
En España, esta profesión sanitaria incluida en la LOPS (Ley de ordenación de las profesiones sanitarias), tiene regulada su actividad y ejercicio, con el fin de garantizar el derecho a la salud de los usuarios, pudiendo únicamente realizarse bajo unos parámetros de seguridad y normativos, avalados por unos programas de formación universitaria.
La Terapia Ocupacional está incluida dentro de la Cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud en atención especializada, y en algunas comunidades autónomas también se ofrece dentro de Cartera de servicios complementaria en atención primaria. El acceso a esta prestación es por tanto un derecho básico de los usuarios del SNS, independientemente de la localización geográfica en la que se encuentren.
España posee unos ratios estimados de Terapeutas Ocupacional de 9 TO / 100.000 habitantes igualándose en estas cifras a Macao, y Chipre, datos que quedan muy lejos de nuestro entorno europeo: Dinamarca 130/100.000 hb., Alemania 40/100.000 hb., a pesar del continuo incremento de la población susceptible de ser receptora de la intervención de estos profesionales sanitarios (Dependientes, Discapacidad, Salud Mental, Rehabilitación, Pediatría, Geriatría, etc.)
Por todo lo anterior y sumándonos a las iniciativas globales con motivo de esta celebración, APTOCA, ha planificado charlas debate y conferencias informativas en nuestra comunidad autónoma, con el fin de difundir y dar a conocer la Terapia Ocupacional entre la sociedad canaria, sociedad que tiene derecho a acceder a este recurso en igualdad de condiciones que el resto de la población, según los principios de universalidad e igualdad, principios rectores del estado de bienestar.
1WFOT –Human Resources Project 2012
Diego Moguel Cano (Presidente de APTOCA, Asociación Profesional de Terapeutas Ocupacionales de Canarias)
viernes, 25 de octubre de 2013
Denuncia la desaparición de su bebé nada más nacer en un hospital de la capital tinerfeña
Le dijeron que la niña había fallecido y que el centro se encargaría de los trámites (Antonio herrero 22.10.2013 | 02:20)
Una mujer denunció la semana pasada en la Comisaría del CNP de Tres de Mayo la desaparición del bebé que dio a luz en 1976 en el Hospital Nuestra Señora de La Candelaria.
La denunciante, identificada como S. C. R., manifestó que una vez que rompió aguas fue trasladada en un taxi al citado centro, donde ingresó para dar a luz. Una vez en el hospital, se le informó de que el parto iba a ser mediante cesárea y fue trasladada al quirófano. Fue sedada el 14 de agosto de 1976 y permaneció en esta situación hasta el 16 del mismo mes.
Una vez recuperado el conocimiento, su marido, A. A. P., le confirmó que había dado a luz una niña y que se encontraba en la incubadora. Sin embargo, el día 19 de agosto su madre le dio la noticia de que la recién nacida había muerto. Ella mostró su deseo, al igual que su marido, de ver al bebé, negándose en un primer momento el equipo médico. No obstante, ante la insistencia del marido, un empleado del hospital le mostró una caja con el cuerpo de un bebé, manifestándole desde el centro sanitario que ellos se encargarían de todo.
S. C. R. tras ver la serie de televisión sobre los bebés robados decidió denunciar los hechos.
Una mujer denunció la semana pasada en la Comisaría del CNP de Tres de Mayo la desaparición del bebé que dio a luz en 1976 en el Hospital Nuestra Señora de La Candelaria.
La denunciante, identificada como S. C. R., manifestó que una vez que rompió aguas fue trasladada en un taxi al citado centro, donde ingresó para dar a luz. Una vez en el hospital, se le informó de que el parto iba a ser mediante cesárea y fue trasladada al quirófano. Fue sedada el 14 de agosto de 1976 y permaneció en esta situación hasta el 16 del mismo mes.
Una vez recuperado el conocimiento, su marido, A. A. P., le confirmó que había dado a luz una niña y que se encontraba en la incubadora. Sin embargo, el día 19 de agosto su madre le dio la noticia de que la recién nacida había muerto. Ella mostró su deseo, al igual que su marido, de ver al bebé, negándose en un primer momento el equipo médico. No obstante, ante la insistencia del marido, un empleado del hospital le mostró una caja con el cuerpo de un bebé, manifestándole desde el centro sanitario que ellos se encargarían de todo.
S. C. R. tras ver la serie de televisión sobre los bebés robados decidió denunciar los hechos.
Robos y más robos
Están robando en el hospital de La Candelaria, han sufrido ataques violentos en el exterior algunas empleadas del centro y se han detectado hurtos en las habitaciones y en los pasillos del hospital. Desde luego, esto no es propio de una sociedad civilizada y moderna, sino de un pueblo de vándalos.
Pero a lo que no hay derecho es a que se construya un hospital sin aparcamientos, a que los aledaños no estén vigilados y a que el personal de seguridad no esté detrás de los sinvergüenzas y de los amigos de lo ajeno en el interior del recinto.
Sabemos que la terrible crisis económica que vivimos ha propiciado un aumento de los robos y de otros actos delictivos. Los delincuentes están entrando en las casas, incluso con sus moradores dentro. No se cortan un pelo; y en ocasiones les es rentable debido a la debilidad de las leyes y a lo laxo de su aplicación. Este es un país en el que las leyes se toman como el pito del sereno. La escalada de robos se hace muy peligrosa en una sociedad que vive del turismo. Los ladrones no distinguen entre turistas y naturales. Pero los turistas, si les roban, no vienen más. Y ya son demasiadas las denuncias. Tenerife puede dejar de ser una isla segura y estamos jugando con fuego en este sentido.
Las fuerzas de seguridad deberían estar más al loro y extremar su celo para evitar estos actos y para detener a los autores, en el caso de que logren cometer el delito. Es necesario prevenir. Aunque han bajado, por ejemplo, los robos de coches, sobre todo por los sofisticados sistemas que hoy llevan los automóviles, se han incrementado en un alto porcentaje los allanamientos en viviendas, negocios y depósitos comerciales.
Bien por la acción de las bandas, bien por delincuentes individuales, la población no está tranquila. Fíjense en la denuncia que presenta el sindicato de enfermería de la Residencia Sanitaria. Atracan a las enfermeras cuando van a acceder a sus coches, estacionados en plena calle porque no existen aparcamientos ni para personal ni para pacientes y familiares. Un desastre. Y, además, ya se producen hurtos dentro del propio hospital. Pero, oiga, ¿qué pasa aquí? Un hospital sin aparcamiento, Dios mío, pero ¿dónde estamos?, ¿en un país africano de tercera?, ¿en una república bananera?, ¿en una isla sin pies ni cabeza? Y lo peor es que tiene difícil arreglo la cosa.
Pero a lo que no hay derecho es a que se construya un hospital sin aparcamientos, a que los aledaños no estén vigilados y a que el personal de seguridad no esté detrás de los sinvergüenzas y de los amigos de lo ajeno en el interior del recinto.
Sabemos que la terrible crisis económica que vivimos ha propiciado un aumento de los robos y de otros actos delictivos. Los delincuentes están entrando en las casas, incluso con sus moradores dentro. No se cortan un pelo; y en ocasiones les es rentable debido a la debilidad de las leyes y a lo laxo de su aplicación. Este es un país en el que las leyes se toman como el pito del sereno. La escalada de robos se hace muy peligrosa en una sociedad que vive del turismo. Los ladrones no distinguen entre turistas y naturales. Pero los turistas, si les roban, no vienen más. Y ya son demasiadas las denuncias. Tenerife puede dejar de ser una isla segura y estamos jugando con fuego en este sentido.
Las fuerzas de seguridad deberían estar más al loro y extremar su celo para evitar estos actos y para detener a los autores, en el caso de que logren cometer el delito. Es necesario prevenir. Aunque han bajado, por ejemplo, los robos de coches, sobre todo por los sofisticados sistemas que hoy llevan los automóviles, se han incrementado en un alto porcentaje los allanamientos en viviendas, negocios y depósitos comerciales.
Bien por la acción de las bandas, bien por delincuentes individuales, la población no está tranquila. Fíjense en la denuncia que presenta el sindicato de enfermería de la Residencia Sanitaria. Atracan a las enfermeras cuando van a acceder a sus coches, estacionados en plena calle porque no existen aparcamientos ni para personal ni para pacientes y familiares. Un desastre. Y, además, ya se producen hurtos dentro del propio hospital. Pero, oiga, ¿qué pasa aquí? Un hospital sin aparcamiento, Dios mío, pero ¿dónde estamos?, ¿en un país africano de tercera?, ¿en una república bananera?, ¿en una isla sin pies ni cabeza? Y lo peor es que tiene difícil arreglo la cosa.
(El dia.es)
Satse solicita más medidas de seguridad en el Hospital de La Candelaria
Santa Cruz de Tenerife, Europa Press
Satse Tenerife solicita a la Gerencia del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria (Hunsc) que se incremente la seguridad en el interior y en los alrededores del recinto.
El sindicato explica en una nota que, en las últimas semanas, se han recibido "numerosas quejas" por parte de los trabajadores del hospital, en referencia a las agresiones y robos que han sufrido a la entrada y salida del trabajo y que también afecta a usuarios del centro hospitalario.
El sindicato solicita que se active un plan de seguridad específico para el interior del recinto. Así, se ha pedido a la gerencia que se ponga en marcha una campaña informativa sobre medidas de seguridad dirigida a los trabajadores, que se establezca un sistema de alertas en caso de detectar personas sospechosas, que se arreglen las pantallas de seguridad que no funcionan y que se refuerce el equipo de seguridad, especialmente, en las horas de cambio de turno.
En este sentido, Satse demanda que en las bandas horarias próximas a los cambios de turno de noche, se incremente la iluminación en todo el recinto hospitalario y que se mejore también el cerramiento de todo el hospital.
Satse Tenerife solicita a la Gerencia del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria (Hunsc) que se incremente la seguridad en el interior y en los alrededores del recinto.
El sindicato explica en una nota que, en las últimas semanas, se han recibido "numerosas quejas" por parte de los trabajadores del hospital, en referencia a las agresiones y robos que han sufrido a la entrada y salida del trabajo y que también afecta a usuarios del centro hospitalario.
El sindicato solicita que se active un plan de seguridad específico para el interior del recinto. Así, se ha pedido a la gerencia que se ponga en marcha una campaña informativa sobre medidas de seguridad dirigida a los trabajadores, que se establezca un sistema de alertas en caso de detectar personas sospechosas, que se arreglen las pantallas de seguridad que no funcionan y que se refuerce el equipo de seguridad, especialmente, en las horas de cambio de turno.
En este sentido, Satse demanda que en las bandas horarias próximas a los cambios de turno de noche, se incremente la iluminación en todo el recinto hospitalario y que se mejore también el cerramiento de todo el hospital.
Ingresó en el hospital por una rotura de fémur y murió a los siete días de una pulmonía
La familia de este paciente denuncia ahora el mal trato que recibió en las urgencias de un hospital de Tenerife. Dicen que ni siquiera se le facilitó una habitación y que pasó esos siete días en los pasillos de Urgencias. El Gobierno canario dice que no puede mejorar las condiciones del hospital porque no tienen fondos.
Llegó al hospital La Candelaria, de Tenerife, por una rotura de fémur tras habere caído en su casa. Después de siete días en los pasillos del hospital, murió a causa de una pulmonía.
Su hija pudo sacar fotos de las pésimas condiciones en las que se encontraba, y una enfermera le instó a que se fuera para que no hiciera más instantáneas.
Ahora, ha reclamado al hospital lo que había pasado y lo que sentía. La respuesta del centro sanitario: "Lamentamos la percepción de nuestro hospital, no es la que nos hubiera gustado transmitirle".
Un problema el de Urgencias de este hospital que hasta llegó el miércoles a tratarse en el parlamento canario, la respuesta del Gobierno fue la de posponer su mejora por falta de fondos.(Antena3.com)
Llegó al hospital La Candelaria, de Tenerife, por una rotura de fémur tras habere caído en su casa. Después de siete días en los pasillos del hospital, murió a causa de una pulmonía.
Su hija pudo sacar fotos de las pésimas condiciones en las que se encontraba, y una enfermera le instó a que se fuera para que no hiciera más instantáneas.
Ahora, ha reclamado al hospital lo que había pasado y lo que sentía. La respuesta del centro sanitario: "Lamentamos la percepción de nuestro hospital, no es la que nos hubiera gustado transmitirle".
Un problema el de Urgencias de este hospital que hasta llegó el miércoles a tratarse en el parlamento canario, la respuesta del Gobierno fue la de posponer su mejora por falta de fondos.
10 de octubre, DÍA MUNDIAL de la SALUD MENTAL
10 de octubre, DÍA
MUNDIAL de la SALUD MENTAL
Se estima que 450 millones de
personas tienen una enfermedad mental en el mundo y que menos de la mitad
recibe la atención que necesita. En el marco del Día Mundial de la Salud Mental
que se celebra el 10 de octubre, se aspira a acrecentar la conciencia de la
ciudadanía en torno a los problemas de salud mental. Esta conmemoración
promovida por la Federación Mundial de Salud Mental con el lema " Alternativas frente a la Crisis. El Valor
de nuestros Derechos”.y apoyada por la Organización Mundial de la Salud,
aspira a que la sociedad y los gobiernos tengan un debate más franco en torno a
los trastornos mentales y las inversiones en servicios de prevención y
tratamiento. El déficit en el tratamiento de trastornos mentales, neurológicos
y por abuso de sustancias es una realidad, sobre todo, en los países con
escasos recursos.
La salud mental se define como un
estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias
capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar
de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a su
comunidad. Los problemas de salud mental
tienen una gran importancia en todas las sociedades, contribuyen de forma significativa
a la carga que suponen las enfermedades y a la pérdida de calidad de vida y
suponen unos enormes costes económicos y sociales.
Los trastornos mentales están
estigmatizados y, por lo general, se les considera enfermedades que disminuyen
el valor de las personas afectadas para la sociedad. La imagen de una persona
con trastorno mental, es como alguien que puede ser peligroso o incapaz de
contribuir a la sociedad, y cuyo diagnóstico atemoriza al público y determina
numerosas desventajas. Por eso hace unos años la ONU aprobó la Convención Internacional
de Derechos de las Personas con Discapacidad que fue rubricada por el gobierno
español, cuyo cumplimiento está sometido periódicamente a una evaluación por
este organismo internacional, y esperamos que el Gobierno Autónomo cumpla estos
objetivos, en sus políticas dirigidas a las personas con discapacidad por
trastorno mental y se reflejé en todas sus políticas públicas. Hasta ahora, la
Consejera de Sanidad, no ha mostrado ninguna capacidad de diálogo con el
sector, el cual, no ha sido consultado en el borrador de anteproyecto de Plan
de Salud.
Afirmamos la necesidad de que los
gobiernos y los actores del desarrollo, tengan en cuenta a las personas que
padecen trastornos mentales, en el diseño de estrategias y programas que
incluyan a dichas personas en las políticas de educación, empleo, salud,
protección social y lucha contra la pobreza. Subrayando la necesidad de que
las autoridades sanitarias colaboren con los grupos pertinentes para cambiar
las actitudes respecto de los trastornos mentales.
Los últimos recortes de inversión
en la ley de autonomía personal y atención a las personas en situación de
dependencia, harán disminuir las oportunidades para las personas con
discapacidad por trastorno mental grave y más aún en las personas mayores que
necesitan diferentes recursos con diferentes intensidades de atención. Exigimos
del gobierno autonómico, una acción más decidida en la implementación del Sistema
Canario de Atención a la Dependencia (SICAD) que no signifique privatizar los servicios
sociosanitarios.
Foro Social Canario por la Salud y la Sanidad Pública
Canarias a 9 de octubre de 2013
Portavoz Salud Mental: Francisco Rguez. Pulido
Borrador del plan de salud
Ante las mentiras de la Consejería de
Sanidad sobre el Borrador de Plan de Salud
Ante la nueva
insistencia por parte de la Consejería de Sanidad, esta vez ante el Consejo
Canario de la Salud, de un supuesto proceso participativo para la elaboración
del Borrador de Anteproyecto de III Plan de Salud de Canarias, tenemos que
decir que mienten con absoluto descaro. Que ni por asomo, han
consultado a usuarios y profesionales y muchísimo menos a 1.200 personas, entre
personal de Atención Primaria y Especializada, así como usuarios, en 80 de las 105
Zonas Básicas de Salud.
Y en cuanto a la
importancia dada a las medidas preventivas o de salud pública cabe decir
que lo realmente importante en los terribles momentos actuales es la lucha contra las desigualdades sociales en salud. Al presentar en el pleno del Parlamento de Canarias la propuesta de ILP
para la defensa y promoción de la Salud y la Sanidad Pública, afirmábamos que a
medio y largo plazo habría de ser la prevención mediante políticas
intersectoriales saludables la que pudiera permitir un cambio del modelo de
atención a la salud, desde el predominio de la medicina asistencial a un modelo
preventivo de salud pública, que entre otras cosas sería mucho menos costoso
monetariamente y con muchos menos efectos adversos para la salud.
La clave radicaría en el
efecto de disminución de las desigualdades sociales en la salud de las
referidas políticas intersectoriales. Sería una herramienta potencialmente coste-efectiva para
obtener ganancias en salud. Sin embargo, con la coartada de la crisis económica,
se aplican recortes en las políticas de protección social que están
contribuyendo a aumentar las desigualdades sociales en salud cuyas causas,
desempleo, pobreza, marginación social, desigualdad de ingresos, etc., y la
causa de las causas, el ultraliberalismo capitalista, con la destructiva
intervención de los llamados "mercados", no se abordan por las
políticas públicas. Así pues, no se actúa en consecuencia mejorando los
determinantes sociales de la salud en lo que podemos denominar como "prevención
social", sino todo lo contrario, se empeoran estos, por lo que el
deterioro de la salud de la población está servido, diga lo que diga la
Consejería de Sanidad al respecto.
Y, en el mismo sentido, también el de la asistencia sanitaria ya que cabe señalar que según indica la Consejería, ante la ausencia de
ficha financiera del Plan, el presupuesto para el mismo es el de la propia
Consejería que precisamente ha sufrido una pérdida presupuestaria de
más de 2000 millones de euros de 2002 hasta 2012, por lo que dudamos mucho de
la capacidad de la administración sanitaria canaria para acometer un plan de
mejora de la salud y de la asistencia sanitaria.
Por otro lado la relevancia concedida en dicho Borrador del III Plan de Salud a los Consejos de Salud es muy
limitada. Lo mismo se puede decir de otra cuestiones importantes
como la salud mental, la atención a drogodependencias o la rehabiltación, entre
otras.
De nuevo, nos reiteramos en la crítica al proceso seguido hasta ahora que
por lo que se sigue viendo, insisten en mantener en la misma inercia de
imposición y de proyecto consumado, a pesar de las múltiples críticas hechas
desde diversos sectores. Nos mantenemos en los términos del comunicado
que remitimos a los medios de comunicación el pasado día 27 de septiembre y que
adjuntamos, en el sentido de exigir UN PLAN DE SALUD REALMENTE PARTICIPATIVO.
Foro Social Canario por la Salud y la Sanidad Pública
Canarias a 8 de octubre de 2013
Charla-Debate sobre la salud y la sanidad en Canarias
Actividad organizada por el Foro Social Canario por la Salud y la Sanidad Pública en el Ateneo de La Laguna para el próximo día 30 de octubre de 2013.
Esperando contar con su colaboración para la divulgación de este acto, y sobre todo deseando tenerles con nosotr@s en el Ateneo,les saludamos atentamente.
Esperando contar con su colaboración para la divulgación de este acto, y sobre todo deseando tenerles con nosotr@s en el Ateneo,les saludamos atentamente.
ATENEO DE LA LAGUNA
Programación
octubre
Miércoles 30 19.00 horas
Charla-Debate sobre la salud y la sanidad en Canarias
Por una participación ciudadana real en su planificación y gestión
Contará con ponentes de la Consejería de Sanidad y del Foro Social Canario por la Salud y la Sanidad Pública
Organiza: Foro Social Canario por la Salud y la Sanidad Pública
Colabora: Ateneo de La Laguna
miércoles, 17 de abril de 2013
Brígida Mendoza: “Cada ciudadano tiene derecho a acudir a la justicia cada vez que lo estime oportuno”
EUROPA PRESS | Las Palmas de Gran Canaria
La consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Brígida Mendoza, se ha mostrado este martes respetuosa con la acción de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de las islas que ha llevado a la Fiscalía las listas de espera.
“Cada ciudadano tiene el derecho de acudir a la justicia cada vez que lo estime oportuno pero las listas de espera han aumentado en todo el territorio estatal, no solo en Canarias, y no creo que sea bueno, en absoluto, llevar la sanidad a la arena política”, apostilló Mendoza.
Asimismo, ha incidido en que “siempre” ha dicho que “hay que hacer política sanitaria y no política con la sanidad y, mucho menos, judicializar” las listas de espera donde hay pacientes de diferentes categorías y donde, aseguró, todos los equipos dependientes de su departamento “trabajan de forma importante e intensa priorizando a todos aquellos pacientes que tengan cualquier riesgo de empeorar su patología”.
De todos modos, Brígida Mendoza ha subrayado que la sanidad canaria hay que mantenerla con un presupuesto que ha disminuido de una “forma importante” para lo que, reconoció, “hay que hacer encaje de bolillo”.
La consejera ha insistido, en relación al incremento de las listas de espera, que “nadie” le ha escuchado decir que “no pasa nada”, sin embargo justificó este aumento en varios factores. “Nadie me ha escuchado decir no pasa nada, sí que pasa, y nadie ha negado que las listas de espera hayan aumentado, además hay que tener en cuenta que hay varios factores que influyen”, apostilló en declaraciones a la Cadena Ser, recogidas por Europa Press.
En este sentido, apuntó que el incremento de las listas se han visto influidas por el aumento de esperanza de vida, así como por el avance de la medicina, de tal forma que “pacientes que antes tenían patologías que no se volvían crónicas, afortunadamente hoy hay avances que los mantienen como enfermedades crónicas”, además de que se ha producido un “aumento de la oferta en la parte de consulta”, entre otros.
En relación con ello, aseguró que “no ha habido, ni hay,” falta de materiales para operar, afirmando que “todo lo que se necesita se tiene”.
La consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Brígida Mendoza, se ha mostrado este martes respetuosa con la acción de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de las islas que ha llevado a la Fiscalía las listas de espera.
“Cada ciudadano tiene el derecho de acudir a la justicia cada vez que lo estime oportuno pero las listas de espera han aumentado en todo el territorio estatal, no solo en Canarias, y no creo que sea bueno, en absoluto, llevar la sanidad a la arena política”, apostilló Mendoza.
Asimismo, ha incidido en que “siempre” ha dicho que “hay que hacer política sanitaria y no política con la sanidad y, mucho menos, judicializar” las listas de espera donde hay pacientes de diferentes categorías y donde, aseguró, todos los equipos dependientes de su departamento “trabajan de forma importante e intensa priorizando a todos aquellos pacientes que tengan cualquier riesgo de empeorar su patología”.
De todos modos, Brígida Mendoza ha subrayado que la sanidad canaria hay que mantenerla con un presupuesto que ha disminuido de una “forma importante” para lo que, reconoció, “hay que hacer encaje de bolillo”.
La consejera ha insistido, en relación al incremento de las listas de espera, que “nadie” le ha escuchado decir que “no pasa nada”, sin embargo justificó este aumento en varios factores. “Nadie me ha escuchado decir no pasa nada, sí que pasa, y nadie ha negado que las listas de espera hayan aumentado, además hay que tener en cuenta que hay varios factores que influyen”, apostilló en declaraciones a la Cadena Ser, recogidas por Europa Press.
En este sentido, apuntó que el incremento de las listas se han visto influidas por el aumento de esperanza de vida, así como por el avance de la medicina, de tal forma que “pacientes que antes tenían patologías que no se volvían crónicas, afortunadamente hoy hay avances que los mantienen como enfermedades crónicas”, además de que se ha producido un “aumento de la oferta en la parte de consulta”, entre otros.
En relación con ello, aseguró que “no ha habido, ni hay,” falta de materiales para operar, afirmando que “todo lo que se necesita se tiene”.
La ADSP denuncia ante la fiscalia las listas de espera
NOTA DE PRENSA
La
Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias ha trasladado a la
Fiscalía la situación de las listas de espera en el Servicio Canario de Salud, para
que indague si el retraso generado en las listas de espera y sus consecuencias,
es constitutivo de delito.
Las
escandalosas listas de espera en el Servicio Canario de Salud, tanto para
intervenciones quirúrgicas, como para pruebas diagnósticas y consultas con
especialistas que se ha generado en los últimos cuatro años como consecuencia
directa de la política de recortes realizada por el gobierno canario, se ha
constituido en un factor determinante del deterioro en la salud y calidad de
vida de miles de canarias y canarios, incluso llevando procesos patológicos
hacia la irreversibilidad con consecuencia de muerte o de grave cronificación.
Exigimos a la Consejería de Sanidad que aborde inmediatamente la solución a las listas de espera, mejorando la gestión de los Centros Públicos y modificando la política de recortes que desde 2008 hasta la actualidad ha menguado en más de 500 millones el presupuesto, a los que habrá que sumar. para 2013, una reducción real de 218 millones (el 8% de sus fondos) del SCS. En el capítulo de personal se ha sufrido una reducción de 2000 empleos.
En los hospitales públicos, con el cierre de
quirófanos de tarde las listas de espera quirúrgica tienen un
tiempo medio de espera del doble que la media estatal. Al respecto cabe decir
que ni siquiera se ven las miserables medidas anunciadas por el Sr. Rivero en
el "debate de la nacionalidad", cuando, además, siguen disminuyendo
los profesionales por las jubilaciones. Obras paralizadas de centros de salud y hospitales comarcales,
cuestionamiento de programas y servicios, sobre todo quirúrgicos, donde se
suspenden intervenciones, incluso oncológicas, por falta de materiales y suspensión de consultas de las especialidades hospitalarias, falta de plazas en el transporte
sanitario no urgente, que deja todas las semanas a muchos enfermos
incapacitados sin poder acudir a las consultas programadas... Desmantelamiento, en suma, de la sanidad pública encaminada a su
privatización, como también es el caso de los servicios de mantenimiento cuyo
personal realizará una
ACAMPADA, en la explanada de Consultas Externas del Hospital de Gran Canaria
Doctor Negrín, durante 24 horas, a partir de las 9.00 horas del próximo martes
16 de abril, en protesta contra el despropósito de la privatización=corrupción ya que están
ultimados los pliegos técnicos y administrativos para la adjudicación a una
multinacional del negocio sanitario privado.
Por último queremos pedir a la población
que denuncie, en los juzgados de guardia, en la fiscalía, en la Oficina de Defensa del Usuario Sanitario, que presente
quejas al Diputado del Común quien, por cierto, en su comparecencia en el Parlamento,
llama la atención sobre el hecho de que el número de quejas no sea acorde a la
realidad de la mala gestión que reflejan las abultadas listas de espera.
Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública
sábado, 13 de abril de 2013
Sanidad firma un protocolo, y no un convenio, para cardiología infantil
G. Maestre, Santa Cruz de Tenerife
La consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Brígida Mendoza, y su homólogo madrileño, Javier Fernández-Lasquetty, firmaron ayer en la capital de España un "protocolo de intenciones" para la firma de un convenio de colaboración en materia de formación y asistencia para la atención de pacientes pediátricos con cardiopatías congénitas de Canarias por el Hospital Universitario de La Paz.
Según la propia Consejería, este "protocolo de intenciones" es "el paso previo al convenio" y justifican el retraso aludiendo a que el convenio "está en el proceso de pasar todos los procedimientos administrativos habituales", aunque insisten en que ya se han incorporado dos cirujanos al Materno Infantil y están operando las cardiopatías.
Para las asociaciones de padres de niños con cardiopatías, todo el proceso abierto desde que la Consejería comunicase en noviembre su intención de cerrar la Unidad de Cardiología Infantil del Hospital Materno Infantil hasta la firma de ayer "está siendo una payasada", según palabras del secretario de la Asociación Canaria Tricontinental de Cardiopatías Congénitas, Gonzalo Martel, que cree que el acto de ayer "se hizo para sacar una foto y parecer que están haciendo algo, cuando el servicio está peor que nunca".
"Ahora mismo hay dos profesionales recién llegados que no entran solos a un quirófano porque requieren apoyo de los que llevan más tiempo y no son autónomos, así que por el momento no se puede hablar de mejoría".
Más comedida es Dolores García, de la Asociación Corazón y Vida, para quien "la situación sería preocupante si dentro de un mes se sigue sin firmar el convenio con La Paz".
"En todas las reuniones que ha habido con la Consejería de Sanidad jamás se nos habló de este protocolo de intenciones, pero entendemos que quizás sea un paso necesario; lo que no puede ser es que siga pasando el tiempo sin que haya avances claros. Creo que el propio Gobierno sabe que la ciudadanía ya no admite demoras y, después del fallecimiento de un bebé en el hospital de La Candelaria, sabe que si hay algún problema, ya no habrá responsabilidades médicas, sino que serán políticas, y eso les da mucho miedo".
La consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Brígida Mendoza, y su homólogo madrileño, Javier Fernández-Lasquetty, firmaron ayer en la capital de España un "protocolo de intenciones" para la firma de un convenio de colaboración en materia de formación y asistencia para la atención de pacientes pediátricos con cardiopatías congénitas de Canarias por el Hospital Universitario de La Paz.
Según la propia Consejería, este "protocolo de intenciones" es "el paso previo al convenio" y justifican el retraso aludiendo a que el convenio "está en el proceso de pasar todos los procedimientos administrativos habituales", aunque insisten en que ya se han incorporado dos cirujanos al Materno Infantil y están operando las cardiopatías.
Para las asociaciones de padres de niños con cardiopatías, todo el proceso abierto desde que la Consejería comunicase en noviembre su intención de cerrar la Unidad de Cardiología Infantil del Hospital Materno Infantil hasta la firma de ayer "está siendo una payasada", según palabras del secretario de la Asociación Canaria Tricontinental de Cardiopatías Congénitas, Gonzalo Martel, que cree que el acto de ayer "se hizo para sacar una foto y parecer que están haciendo algo, cuando el servicio está peor que nunca".
"Ahora mismo hay dos profesionales recién llegados que no entran solos a un quirófano porque requieren apoyo de los que llevan más tiempo y no son autónomos, así que por el momento no se puede hablar de mejoría".
Más comedida es Dolores García, de la Asociación Corazón y Vida, para quien "la situación sería preocupante si dentro de un mes se sigue sin firmar el convenio con La Paz".
"En todas las reuniones que ha habido con la Consejería de Sanidad jamás se nos habló de este protocolo de intenciones, pero entendemos que quizás sea un paso necesario; lo que no puede ser es que siga pasando el tiempo sin que haya avances claros. Creo que el propio Gobierno sabe que la ciudadanía ya no admite demoras y, después del fallecimiento de un bebé en el hospital de La Candelaria, sabe que si hay algún problema, ya no habrá responsabilidades médicas, sino que serán políticas, y eso les da mucho miedo".
La muerte de un bebé reaviva la controversia sobre cardiología infantil
Sanidad mantiene que el bebé no pudo ser trasladado a Madrid por el mal
tiempo, pero médicos, sindicatos, Defensa del Paciente y Corazón y Vida
tienen dudas y han pedido la intervención judicial.
El Día, Santa Cruz de Tenerife
El fallecimiento de una niña de 31 días en el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria (HUNSC) el pasado día 11 de marzo, tras esperar durante trece días a ser trasladada a un centro especializado en cardiopatías infantiles, ha avivado el debate sobre el funcionamiento de este servicio sanitario en el Archipiélago que se abrió a finales del año pasado cuando varios colectivos alertaron del riesgo de desmantelamiento del servicio.
La Consejería de Sanidad ha evitado en todo momento pronunciarse sobre las particularidades de este caso recordando que al tratarse de una menor lo prohíbe la ley de protección de datos, lo que no impidió que la propia consejera, Brígida Mendoza, acompañada por la directora del Servicio Canario de Salud (SCS) y en rueda de prensa, explicase que "fueron las condiciones meteorológicas las que impidieron el traslado al hospital de La Paz en Madrid por padecer una patología enormemente compleja que no podía ser resuelta en el Hospital Materno Infantil de Gran Canaria" y siempre "según una decisión exclusivamente médica".
Sin embargo, esta explicación no convence a los propios facultativos, que aseguran tener dudas.
Así, el jefe de Cardiología Infantil del hospital grancanario y presidente de la asociación Tricontinental de Patologías Congénitas, Pedro Suárez, cree que existen "contradicciones", asegura que la niña tenía una cardiopatía "subsanable" e insiste en que "la responsable de gestión del SCS fue quien decidió en última instancia que no se realizara el traslado".
Para la presidenta de la Asociación Corazón y Vida y portavoz de los padres en las negociaciones con la Consejería de Sanidad en la reestructuración de la Unidad de Cirugía Cardíaca Infantil del Materno Infantil, Dolores García, "hay dudas sobre este caso y por eso hemos presentado una denuncia y se ha puesto el caso en conocimiento de la Fiscalía, para que sea la Justicia quien aclare y se pronuncie al respecto".
Exactamente lo mismo hizo la Asociación del Paciente, que, según confirmó su presidenta, Carmen Flores, vincula el fallecimiento de esta niña con los recortes realizados en los presupuestos de la sanidad pública canaria.
Los representantes de Intersindical Canaria en el ámbito sanitario canario también denuncian "el oscurantismo y la falta de transparencia", recordando que cuando han solicitado información al respecto para determinar si se ha vulnerado algún derecho fundamental y para conocer los motivos que impidieron el traslado de la niña durante más de una semana, la respuesta que obtuvieron es que "no se darían datos del caso más que a la familia", pese a que creen que la información que se les pide no incumple la ley de protección de datos.
UGT va incluso más allá y en un comunicado hecho público tres días después de la muerte de la pequeña aseguró que "es la primera víctima inocente de la ineficaz gestión del Gobierno de Canarias y más concretamente del presidente, de la consejera de Sanidad, de la directora del Servicio Canario de la Salud y de la directora gerente del Materno-Insular", y confían en que sea la justicia la que aclare el fondo de la cuestión.
Pediatría del HUNSC justifica la decisión
El jefe del Servicio de Pediatría del Hospital Universitario de la Candelaria (HUNSC), Jorge Gómez, recalcó en rueda de prensa que por las circunstancias de la menor se pensó que lo mejor para ella era acudir sin desvíos a la capital y no ir inicialmente, como paso intermedio, al Hospital Materno Infantil de Gran Canaria. "Tras el ingreso de la menor y lo enredado del diagnóstico de su afectación cardiaca se decide, al ser una afectación compleja, que hay que ir a un hospital de alta resolución, por lo que, después de haber conversado con el Hospital Materno Infantil, se contacta con el hospital La Paz de Madrid". Cuestionado sobre la conveniencia de que la menor fuera trasladada a Gran Canaria debido a las malas condiciones meteorológicas para llevarla a Madrid, comentó, por la complejidad del diagnóstico, que los médicos pensaron que lo más conveniente era ir sin desvíos a la Península. Asimismo, manifestó que "dadas las condiciones meteorológicas y la gravedad de la paciente, el traslado no se pudo emprender ningún día de los previstos".
El fallecimiento de una niña de 31 días en el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria (HUNSC) el pasado día 11 de marzo, tras esperar durante trece días a ser trasladada a un centro especializado en cardiopatías infantiles, ha avivado el debate sobre el funcionamiento de este servicio sanitario en el Archipiélago que se abrió a finales del año pasado cuando varios colectivos alertaron del riesgo de desmantelamiento del servicio.
La Consejería de Sanidad ha evitado en todo momento pronunciarse sobre las particularidades de este caso recordando que al tratarse de una menor lo prohíbe la ley de protección de datos, lo que no impidió que la propia consejera, Brígida Mendoza, acompañada por la directora del Servicio Canario de Salud (SCS) y en rueda de prensa, explicase que "fueron las condiciones meteorológicas las que impidieron el traslado al hospital de La Paz en Madrid por padecer una patología enormemente compleja que no podía ser resuelta en el Hospital Materno Infantil de Gran Canaria" y siempre "según una decisión exclusivamente médica".
Sin embargo, esta explicación no convence a los propios facultativos, que aseguran tener dudas.
Así, el jefe de Cardiología Infantil del hospital grancanario y presidente de la asociación Tricontinental de Patologías Congénitas, Pedro Suárez, cree que existen "contradicciones", asegura que la niña tenía una cardiopatía "subsanable" e insiste en que "la responsable de gestión del SCS fue quien decidió en última instancia que no se realizara el traslado".
Para la presidenta de la Asociación Corazón y Vida y portavoz de los padres en las negociaciones con la Consejería de Sanidad en la reestructuración de la Unidad de Cirugía Cardíaca Infantil del Materno Infantil, Dolores García, "hay dudas sobre este caso y por eso hemos presentado una denuncia y se ha puesto el caso en conocimiento de la Fiscalía, para que sea la Justicia quien aclare y se pronuncie al respecto".
Exactamente lo mismo hizo la Asociación del Paciente, que, según confirmó su presidenta, Carmen Flores, vincula el fallecimiento de esta niña con los recortes realizados en los presupuestos de la sanidad pública canaria.
Los representantes de Intersindical Canaria en el ámbito sanitario canario también denuncian "el oscurantismo y la falta de transparencia", recordando que cuando han solicitado información al respecto para determinar si se ha vulnerado algún derecho fundamental y para conocer los motivos que impidieron el traslado de la niña durante más de una semana, la respuesta que obtuvieron es que "no se darían datos del caso más que a la familia", pese a que creen que la información que se les pide no incumple la ley de protección de datos.
UGT va incluso más allá y en un comunicado hecho público tres días después de la muerte de la pequeña aseguró que "es la primera víctima inocente de la ineficaz gestión del Gobierno de Canarias y más concretamente del presidente, de la consejera de Sanidad, de la directora del Servicio Canario de la Salud y de la directora gerente del Materno-Insular", y confían en que sea la justicia la que aclare el fondo de la cuestión.
Pediatría del HUNSC justifica la decisión
El jefe del Servicio de Pediatría del Hospital Universitario de la Candelaria (HUNSC), Jorge Gómez, recalcó en rueda de prensa que por las circunstancias de la menor se pensó que lo mejor para ella era acudir sin desvíos a la capital y no ir inicialmente, como paso intermedio, al Hospital Materno Infantil de Gran Canaria. "Tras el ingreso de la menor y lo enredado del diagnóstico de su afectación cardiaca se decide, al ser una afectación compleja, que hay que ir a un hospital de alta resolución, por lo que, después de haber conversado con el Hospital Materno Infantil, se contacta con el hospital La Paz de Madrid". Cuestionado sobre la conveniencia de que la menor fuera trasladada a Gran Canaria debido a las malas condiciones meteorológicas para llevarla a Madrid, comentó, por la complejidad del diagnóstico, que los médicos pensaron que lo más conveniente era ir sin desvíos a la Península. Asimismo, manifestó que "dadas las condiciones meteorológicas y la gravedad de la paciente, el traslado no se pudo emprender ningún día de los previstos".
lunes, 1 de abril de 2013
LISTA DE ESPERA DE REHABILITACION- LA ENFERMEDAD DEL SISTEMA
La publicación de las
listas de espera “oficiales” quirúrgicas y de consultas externas
hasta 31 de Diciembre de 2012 por la Consejería de Sanidad, ha
mostrado y reafirmado la dramática tendencia que en los últimos
años están padeciendo los usuarios que se encuentran a la espera de
ser atendidos en rehabilitación. Esta especialidad, que destaca por
mostrar los peores indicadores asistenciales, ha mantenido unas
cifras alarmantes desde 2003, a pesar de los planes de choque y
medidas extraordinarias (peonadas, turnos deslizantes, etc) que se
han ido sucediendo paulatinamente.
La deficiente gestión
de estas listas, enmarcada en una situación de carencia de recursos,
están fraguando unos resultados que incidirán directamente en un
aumento de los niveles de dependencia de aquellos usuarios que como
resultado de esta demora inicien o agraven una situación previa de
discapacidad.
Canarias posee las
cifras peor valoradas de todo el territorio nacional en la aplicación
de la ley de dependencia, alcanzando nuestra comunidad autónoma el
porcentaje de dependientes en espera de recibir prestación o
servicio, más alto de toda la media nacional. El X dictamen de la
asociación estatal de directoras y gerentes en servicios sociales de
Enero de 2013 ha sido contundente al respecto:
“Se mantiene invariable el empecinamiento de
otras comunidades autónomas (Comunidad Valenciana, Canarias,
Baleares, Ceuta y Melilla) en no aplicar las prestaciones y servicios
que esta ley contempla, poniendo a sus ciudadanos y ciudadanos en una
situación de desprotección frente al resto, en una materia de
protección social tan básica”
La Resolución del
Consejo de Europa (98)9, definió la dependencia como: ́”Un
estado en el que se encuentran las personas que, por razones ligadas
a la falta o perdida de autonomía física, psíquica o intelectual,
tienen la necesidad de asistencia y/o ayudas importantes a fin de
realizar las actividades de la vida diaria (ABVD)”
El Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales, en 2004 la definió como:
"La situación en
la que una persona con discapacidad precise ayuda, técnica o
personal, para la realización (o mejorar el rendimiento funcional)
de una determinada actividad". (Querejeta/González,
Discapacidad/Dependencia)
Lamentablemente la
relación entre demora en Rehabilitación - Aumento nivel/grado
dependencia está descrita y probada, ya que por un lado se produce
un perjuicio notable que incide directamente en la salud de las
personas, y por otro se produce una sobrecarga económica y
estructural al mismo sistema de dependencia y de prestaciones
sociales.
El informe mundial
sobre discapacidad, elaborado por la OMS y Banco Mundial en 2011 ya
dejaba claro este punto:
“Las necesidades
de rehabilitación no satisfechas pueden retrasar el alta médica,
limitar las actividades, restringir la participación, deteriorar la
salud, aumentar la dependencia de la asistencia de terceros y
disminuir la calidad de vida. Estos resultados negativos pueden tener
amplias repercusiones sociales y financieras para las personas, las
familias y las comunidades.” (OMS-Banco Mundial, 2011)
Por todo ello, es
cuando se hace más necesario que nunca una reforma conceptual,
mediante el estudio y revisión de los procesos asistenciales más
frecuentes en rehabilitación, junto con el desarrollo de vías
clínicas consensuadas por todos los profesionales implicados en
estos procesos, (incluyendo la participación social), habiéndose
demostrado sin género de dudas como la prestación de servicios de
rehabilitación multidisciplinarios y coordinados pueden ser eficaces
y eficientes.
La Convención sobre
los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU supuso un
punto de inflexión en el panorama legislativo internacional.
Estableciendo incluso la posibilidad de denunciar ante este organismo
internacional las violaciones a su articulado general. El 3 de mayo
de 2008 España firmó y ratificó (de forma vinculante) esta
Convención, más su Protocolo facultativo. En su artículo 25
referido a la salud se expone:
“Los Estados Partes adoptarán las medidas
pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad
a servicios de salud que tengan en cuenta las cuestiones de género,
incluida la rehabilitación relacionada con la salud. En
particular, los Estados Partes:
b) Proporcionarán los servicios de salud que
necesiten las personas con discapacidad específicamente como
consecuencia de su discapacidad incluidas la pronta detección e
intervención, cuando proceda, y servicios destinados a prevenir
y reducir al máximo la aparición de nuevas discapacidades,
incluidos los niños y las niñas y las personas mayores;”
Artículo 26 Habilitación y rehabilitación
“1. Los Estados Partes adoptarán medidas
efectivas y pertinentes, incluso mediante el apoyo de personas que se
hallen en las mismas circunstancias, para que las personas con
discapacidad puedan lograr y mantener la máxima independencia,
capacidad física, mental, social y vocacional, y la inclusión y
participación plena en todos los aspectos de la vida. A tal fin, los
Estados Partes organizarán, intensificarán y ampliarán servicios y
programas generales de habilitación y rehabilitación, en particular
en los ámbitos de la salud, el empleo, la educación y los servicios
sociales, de forma que esos servicios y programas:
a) Comiencen en la etapa más temprana posible
y se basen en una evaluación multidisciplinar de las necesidades y
capacidades de la persona;”
La estrategia española
sobre discapacidad 2012-202, publicada por el Ministerio de Sanidad
, Política Social e Igualdad, basada en una serie de recomendaciones
de diferentes resoluciones de la Asamblea General de la ONU, en
aplicación del Programa de Acción Mundial para las Personas con
Discapacidad, resoluciones del Consejo de Derechos Humanos y de la
Comisión de Desarrollo Social del Consejo Económico y Social de la
ONU establecía dentro de sus ámbitos de actuación, medidas
estratégicas y un plan de acción que en su punto 6.8 citaba como
medidas referidas a la sanidad:
“1. Fomentar, junto con las demás unidades
competentes, la puesta en marcha de una Estrategia Sociosanitaria,
que integren los recursos disponibles para dar respuesta a las
necesidades de las personas con discapacidad y de sus familias..
2. Promover medidas que faciliten el uso de
medios técnicos de apoyo con vistas a garantizar la vida
independiente.
3. Desarrollar programas de detección y
diagnóstico precoz de discapacidades.
4. Desarrollar medidas preventivas, incluyendo
la adaptación ortoprotésica y la rehabilitación funcional, para
reducir los riesgos de discapacidades sobrevenidas y el agravamiento
de discapacidades preexistentes.
6. Aplicar el enfoque de género en las
políticas sociosanitarias, que permita tomar en consideración las
necesidades específicas de las mujeres y niñas con discapacidad.
Como pilar básico del
éxito de este abordaje junto a otras disciplinas, (Medicina,
Enfermería, Fisioterapia, etc) se encuentra la intervención
mediante Terapia Ocupacional ya que desde sus principios
fundamentales básicos, el objetivo de esta es lograr la
independencia de la persona, y su instrumento, la ocupación. La
Terapia Ocupacional es una disciplina socio-sanitaria cuya finalidad
es utilizar actividades terapéuticas específicas individualizadas,
encaminadas a prevenir, mantener y/o recuperar las funciones físicas,
psíquicas y sociales, para alcanzar el máximo nivel de
independencia en la ejecución de las actividades de la vida diaria
y mejorar la calidad de vida.
La integración de la
misma dentro del modelo sanitario multidisciplinar ha demostrado una
mejora en lo resultados asistenciales, disminuyendo el periodo de
estancia de los usuarios en los servicios de rehabilitación y
unidades especializadas, con la consiguiente disminución del gasto
sanitario por partida doble:
Disminuyendo los costes
de permanencia intrahospitalaria y facilitando una vuelta a su
entorno social, familiar y laboral precoz, con unos niveles de
dependencia menores y una mejora drástica en la autonomía personal
de los usuarios, lo que implica una menor sobrecarga del sistema de
prestaciones.
La solución al
dramático escenario, que está produciendo en muchos casos una
situación de exclusión social y una vulneración de los derechos de
la población afectada, no son difusas medidas coyunturales, pasa por
una profunda revisión de esta enfermedad multiorgánica que afecta
al sistema, con acciones participativas que permitan a todos los
agentes implicados proporcionar una visión resolutiva a mas largo
plazo.
Diego Moguel Cano (Presidente de la Asociación Profesional de Terapeutas Ocupacionales de Canarias, APTOCA)
domingo, 24 de marzo de 2013
Sanidad despide a un médico de familia por una minusvalía
Arturo Pedrero no entiende para qué estudió la carrera ni por qué no
valoraron los informes de un forense y de un cirujano en los que se le
considera apto para su trabajo.
Domingo Barbuzano, La Laguna
"Dificultad para exploraciones físicas, punciones lumbares, extracción de sangre, infiltraciones, cirugía menor, colocar sondajes o vendajes" han sido algunos de los motivos que han llevado a Sanidad a despedir al médico de Familia Arturo Pedrero García del centro de salud donde trabajaba, por entender que "tiene una discapacidad física para desempeñar sus funciones de la especialidad de medicina familiar".
Arturo Pedrero García es un lagunero que cursó la carrera de Medicina y aprobó el MIR, eligiendo la plaza como médico de Familia. Entró a trabajar en un centro de salud del Gobierno canario, no sin antes haber sido informado por Prevención y Riesgos Laborales del Hospital Universitario de Canarias (HUC) de que no tenía dificultad para ejercer su profesión.
Al mes de desempeñar su trabajo fue despedido, por lo que dicho médico se siente "engañado y discriminado a nivel personal y profesional", por lo que "recurriré a los tribunales".
Arturo Pedrero presenta una hemiparesia residual postparto que se traduce en una limitación moderada de la flexo-extensión de la muñeca derecha y de la supinación, lo que le ha llevado a manejar la mano izquierda perfectamente, según el informe de un médico forense. Dicho doctor ha certificado que "está capacitado para su actividad como médico de familia". Ello lo avala también un doctor en Medicina y Cirugía que lo considera apto.
"Dificultad para exploraciones físicas, punciones lumbares, extracción de sangre, infiltraciones, cirugía menor, colocar sondajes o vendajes" han sido algunos de los motivos que han llevado a Sanidad a despedir al médico de Familia Arturo Pedrero García del centro de salud donde trabajaba, por entender que "tiene una discapacidad física para desempeñar sus funciones de la especialidad de medicina familiar".
Arturo Pedrero García es un lagunero que cursó la carrera de Medicina y aprobó el MIR, eligiendo la plaza como médico de Familia. Entró a trabajar en un centro de salud del Gobierno canario, no sin antes haber sido informado por Prevención y Riesgos Laborales del Hospital Universitario de Canarias (HUC) de que no tenía dificultad para ejercer su profesión.
Al mes de desempeñar su trabajo fue despedido, por lo que dicho médico se siente "engañado y discriminado a nivel personal y profesional", por lo que "recurriré a los tribunales".
Arturo Pedrero presenta una hemiparesia residual postparto que se traduce en una limitación moderada de la flexo-extensión de la muñeca derecha y de la supinación, lo que le ha llevado a manejar la mano izquierda perfectamente, según el informe de un médico forense. Dicho doctor ha certificado que "está capacitado para su actividad como médico de familia". Ello lo avala también un doctor en Medicina y Cirugía que lo considera apto.
sábado, 16 de marzo de 2013
Fallece una lactante a la espera de ir a La Paz
La
menor iba a ser trasladada a Gran Canaria pero la Consejería de Sanidad
dio la orden de llevarla a Madrid. El mal tiempo hizo imposible que la
pequeña pudiera viajar.
Una niña lactante, de apenas unos meses de edad, ha fallecido la semana pasada en Tenerife mientras esperaba ser trasladada del Hospital de La Candelaria hasta Madrid, donde iba a ser operada del corazón al sufrir una cardiopatía congénita, según ha confirmado a este medio la cardióloga infantil Marisa Antúnez.
Sanidad confirmó a CANARIAS AHORA la muerte del menor, sin embargo, no dio más detalles debido a la protección de datos que ampara la intimidad de los pacientes. Asimismo, explicó que, en términos generales, se producen dos condicionantes para que un afectado no sea trasladado, el que se encuentre estabilizado y el que se den las condiciones meteorológicas adecuadas.
El suceso coincide con la decisión de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias de cambiar el convenio que la Administración regional mantenía con la fundación italiana San Donato desde hace años, por uno nuevo con el madrileño Hospital de La Paz, cuyos médicos estaba previsto que llegaran esta semana.
Antúnez recordó que la Unidad de Cirugía Cardiaca Infantil del Hospital Materno Insular de la capital grancanaria se encontraba a la espera de recibir el traslado de la paciente, cuando la Consejería dio la orden de trasladar a la menor a La Paz. Sin embargo, el mal tiempo hizo imposible que la pequeña pudiera viajar a la Península.
El actual jefe de la Unidad de Cardiología Pediátrica del Hospital Materno, Pedro Suárez, dijo haber sido informado de la situación esta misma mañana y rememoró que el equipo médico, que esperaba la operación, se enteró del cambio de decisión en la reunión que Sanidad mantuvo la semana pasada con las asociaciones relacionadas con el servicio pediátrico.
Sin embargo, Sanidad afirmó que, dependiendo de la complejidad de las urgencias, los pacientes son trasladados a Gran Canaria o a La Paz y puntualizó que los responsables de decidir dónde se tiene que operar un afectado son los médicos.
Antúnez asegura que la operación podía haberse realizado en Gran Canaria, hasta donde podía haberse desplazado en helicóptero y denunció que este tipo de hechos “no se pueden permitir”, motivo por el advierte que desde la Unidad “no podemos quedarnos sin hacer nada”. Para Antúnez este hecho supone un paso más a un futuro “cierre diferido” del servicio.
Respecto a la llegada del personal de La Paz anunciada por la consejera, Brígida Mendoza, Suárez indicó que todavía no se han incorporado, aunque este jueves se espera la llegada de alguno de los integrantes del equipo madrileño.
Mendoza aseguró en una rueda de prensa celebrada el pasado miércoles que el Materno atendería todas las urgencias y afirmó que la fundación italiana San Donato, que mantenía desde hace años el convenio con la Administración canaria, había "cumplido" con el calendario de operaciones que tenía estipulado. Preguntada por el posible aplazamiento de las operaciones que se iban a realizar, admitió que “evidentemente las intervenciones programadas, como en cualquier otra cirugía, se pueden retrasar unos días hasta que tengamos al equipo completo”.
Sanidad quiere abrir los hospitales por las tardes sin gastar más en salarios
Haridian Mederos:
Sanidad intenta negociar con los profesionales fórmulas para reducir las listas de espera quirúrgicas y de consultas, que han aumentado en un 9,3% en el último semestre. La Consejería que dirige Brígida Mendoza plantea la reorganización del personal y la flexibilización de horarios para abrir los quirófanos y la atención especializada por las tardes sin gastar más dinero en salarios. Ésta es una de las medidas que cobra mayor fuerza dentro del plan de choque anunciado por el presidente, Paulino Rivero, el martes en el Parlamento, según fuentes de Coalición Canaria.
Los programas de tarde se pusieron en marcha con Mercedes Roldós (PP) como consejera de Sanidad en el anterior mandato para agilizar las listas de espera, pero, con la llegada de CC y PSOE al Ejecutivo, el Servicio Canario de Salud los suprimió desde septiembre de 2011. Ello supuso una restricción de las peonadas (incentivos) que la administración encuadró bajo el paraguas de la austeridad. Ahora Mendoza busca el consenso para valorar las medidas que sean más eficientes, ya que, a falta de dinero, hay que "optimizar los recursos" existentes, según la diputada nacionalista María del Mar Julios, que destacó que a pesar de aquellos pluses no se logró aliviar las listas de intervenciones.
Ayer CC y PSOE registraron una proposición no de ley en la Cámara con propuestas para bajar las listas, entre las que figura ampliar las horas de utilización de los centros hospitalarios y mejorar su "rendimiento". Para ello se valorarán cambios organizativos "profundos" con turnos de mañana y tarde o deslizantes. Además de fijar "sistemas de priorización", de modo que "sea más importante atender según la gravedad de la enfermedad que el tiempo de espera", indicó Julios, que señaló que esto conlleva "poner a punto todos los protocolos".
El presidente del Colegio de Médicos de Las Palmas, Pedro Cabrera, confirmó ayer que ha habido reuniones con la consejería para articular un órgano donde "discutir los grandes temas sanitarios", en los que se englobarían las listas de espera, si bien que aún no se han concretado iniciativas. Este extremo fue confirmado también desde el colegio profesional tinerfeño.
Sanidad intenta negociar con los profesionales fórmulas para reducir las listas de espera quirúrgicas y de consultas, que han aumentado en un 9,3% en el último semestre. La Consejería que dirige Brígida Mendoza plantea la reorganización del personal y la flexibilización de horarios para abrir los quirófanos y la atención especializada por las tardes sin gastar más dinero en salarios. Ésta es una de las medidas que cobra mayor fuerza dentro del plan de choque anunciado por el presidente, Paulino Rivero, el martes en el Parlamento, según fuentes de Coalición Canaria.
Los programas de tarde se pusieron en marcha con Mercedes Roldós (PP) como consejera de Sanidad en el anterior mandato para agilizar las listas de espera, pero, con la llegada de CC y PSOE al Ejecutivo, el Servicio Canario de Salud los suprimió desde septiembre de 2011. Ello supuso una restricción de las peonadas (incentivos) que la administración encuadró bajo el paraguas de la austeridad. Ahora Mendoza busca el consenso para valorar las medidas que sean más eficientes, ya que, a falta de dinero, hay que "optimizar los recursos" existentes, según la diputada nacionalista María del Mar Julios, que destacó que a pesar de aquellos pluses no se logró aliviar las listas de intervenciones.
Ayer CC y PSOE registraron una proposición no de ley en la Cámara con propuestas para bajar las listas, entre las que figura ampliar las horas de utilización de los centros hospitalarios y mejorar su "rendimiento". Para ello se valorarán cambios organizativos "profundos" con turnos de mañana y tarde o deslizantes. Además de fijar "sistemas de priorización", de modo que "sea más importante atender según la gravedad de la enfermedad que el tiempo de espera", indicó Julios, que señaló que esto conlleva "poner a punto todos los protocolos".
El presidente del Colegio de Médicos de Las Palmas, Pedro Cabrera, confirmó ayer que ha habido reuniones con la consejería para articular un órgano donde "discutir los grandes temas sanitarios", en los que se englobarían las listas de espera, si bien que aún no se han concretado iniciativas. Este extremo fue confirmado también desde el colegio profesional tinerfeño.
Trabajo investiga la negación de bajas médicas al personal sanitario
El Sindicato de Enfermería ha denunciado ante la Inspección que los
trabajadores que sufren accidentes laborales tardan cuatro, cinco o
incluso seis días en obtener una baja.
G. Maestre, Santa Cruz de Tenerife
La Inspección de Trabajo de Santa Cruz de Tenerife investiga si existe algún tipo de cortapisa por parte de la Administración o de las mutuas laborales a la hora de darle la baja laboral al personal sanitario después de que el Sindicato de Enfermería (Satse) haya presentado una denuncia en la que comunica las "trabas" que se les están poniendo a los trabajadores que sufren algún accidente durante el ejercicio de su profesión.
"Trabajadores enfermos están de un lado para otro durante cuatro, cinco e incluso seis días llevando papeles para intentar que se les reconozca su dolencia y se les permita acogerse a una baja laboral, por lo que ni están en su puesto de trabajo ni de baja. ¿Cómo puede permitirse esta situación?", se pregunta la delegada del Satse Ramona Mendoza, que asegura que "el comportamiento de algunas mutuas de trabajo está siendo humillante, indigno", e incluso considera que "se puede hablar de auténtico maltrato hacia el empleado público".
El último caso denunciado por Satse es el de una enfermera del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria (HUNSC) a la que una alergia al látex le provocó una fuerte reacción en ambas manos que le despellejó buena parte de la piel.
"Cualquier persona que la ve se da cuenta de que lo que le ha pasado es grave y que no está en condiciones para trabajar; parece que tuviera estigmas como los que todos hemos visto en algunos devotos", describe Mendoza.
Sin embargo, tras cinco días de trámites, hasta ayer esta enfermera aún se encontraba de alta, pese a tener varios informes de especialistas en dermatología que recomendaban su baja médica.
"Nos tememos que se trata de una consigna que existe en las mutualidades para reducir al mínimo las bajas que se pueden enmarcar dentro de los accidentes laborales, pero si eso es así la administración pública debe tomar cartas en el asunto e impedir que se veje a sus trabajadores de esta manera", explica Mendoza.
Y es que si un empleado de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias sufre algún tipo de accidente durante su jornada de trabajo, es la mutua la que debe hacerse cargo del coste que genere la situación de baja y no la Seguridad Social.
"Hemos detectado que lo que quieren es marear y desmotivar al trabajador para que tire la toalla y acabe yendo a su médico y pidiendo la baja intentando omitir que su enfermedad o dolencia ha sido un accidente laboral, y eso no lo podemos permitir ni nosotros como sindicato ni la Administración, porque, si no, ¿para que se les paga a las mutuas?", insiste Mendoza, que, no obstante, asegura que, por los casos que conoce personalmente, "tanto la gerencia del hospital de La Candelaria como el personal responsable de Salud Laboral de la Consejería de Sanidad han tratado de ayudar de todas las maneras posibles a los trabajadores a través de informes y rellenando todo tipo de informes y solicitudes".
"Los trabajadores sanitarios piden un informe a Salud Laboral; de ahí lo llevan a la mutua, que les pide otros; vuelven al origen y los solicitan y lo vuelven a llevar, y así durante días. Están absolutamente indefensos y no se tiene en cuenta su estado de salud", sentencia la dirigente sindical antes de insistir en que "cualquier otro trabajador no debería trabajar nunca enfermo, pero si es un sanitario menos aún".
La Inspección de Trabajo de Santa Cruz de Tenerife investiga si existe algún tipo de cortapisa por parte de la Administración o de las mutuas laborales a la hora de darle la baja laboral al personal sanitario después de que el Sindicato de Enfermería (Satse) haya presentado una denuncia en la que comunica las "trabas" que se les están poniendo a los trabajadores que sufren algún accidente durante el ejercicio de su profesión.
"Trabajadores enfermos están de un lado para otro durante cuatro, cinco e incluso seis días llevando papeles para intentar que se les reconozca su dolencia y se les permita acogerse a una baja laboral, por lo que ni están en su puesto de trabajo ni de baja. ¿Cómo puede permitirse esta situación?", se pregunta la delegada del Satse Ramona Mendoza, que asegura que "el comportamiento de algunas mutuas de trabajo está siendo humillante, indigno", e incluso considera que "se puede hablar de auténtico maltrato hacia el empleado público".
El último caso denunciado por Satse es el de una enfermera del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria (HUNSC) a la que una alergia al látex le provocó una fuerte reacción en ambas manos que le despellejó buena parte de la piel.
"Cualquier persona que la ve se da cuenta de que lo que le ha pasado es grave y que no está en condiciones para trabajar; parece que tuviera estigmas como los que todos hemos visto en algunos devotos", describe Mendoza.
Sin embargo, tras cinco días de trámites, hasta ayer esta enfermera aún se encontraba de alta, pese a tener varios informes de especialistas en dermatología que recomendaban su baja médica.
"Nos tememos que se trata de una consigna que existe en las mutualidades para reducir al mínimo las bajas que se pueden enmarcar dentro de los accidentes laborales, pero si eso es así la administración pública debe tomar cartas en el asunto e impedir que se veje a sus trabajadores de esta manera", explica Mendoza.
Y es que si un empleado de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias sufre algún tipo de accidente durante su jornada de trabajo, es la mutua la que debe hacerse cargo del coste que genere la situación de baja y no la Seguridad Social.
"Hemos detectado que lo que quieren es marear y desmotivar al trabajador para que tire la toalla y acabe yendo a su médico y pidiendo la baja intentando omitir que su enfermedad o dolencia ha sido un accidente laboral, y eso no lo podemos permitir ni nosotros como sindicato ni la Administración, porque, si no, ¿para que se les paga a las mutuas?", insiste Mendoza, que, no obstante, asegura que, por los casos que conoce personalmente, "tanto la gerencia del hospital de La Candelaria como el personal responsable de Salud Laboral de la Consejería de Sanidad han tratado de ayudar de todas las maneras posibles a los trabajadores a través de informes y rellenando todo tipo de informes y solicitudes".
"Los trabajadores sanitarios piden un informe a Salud Laboral; de ahí lo llevan a la mutua, que les pide otros; vuelven al origen y los solicitan y lo vuelven a llevar, y así durante días. Están absolutamente indefensos y no se tiene en cuenta su estado de salud", sentencia la dirigente sindical antes de insistir en que "cualquier otro trabajador no debería trabajar nunca enfermo, pero si es un sanitario menos aún".
lunes, 4 de marzo de 2013
Hasta la narices de las listas de espera
ARTURO BORGES ÁLAMO
MÉDICO, PORTAVOZ DEL FORO SOCIAL CANARIO POR LA SALUD Y LA SANIDAD PÚBLICA Cada seis meses, en un ejercicio de sado-masoquismo, nos fustigan y nos fustigamos con el análisis de las nuevas cifras de las listas de espera, de sanidad, por supuesto.
De nuevo a vueltas con el indisimulable y escandaloso aumento, con las triquiñuelas de maquillaje diversas, en un diálogo de sordos o mejor dicho entre incompetentes e impotentes que sería el diagnóstico acertado de la patología que aqueja a las partes en presencia.
Lo malo de esta repetición sin fin, es que además de aburrirnos en todos los sentidos damos sostén a un círculo vicioso de difusión del deterioro manifiesto de la sanidad pública así como de que la impotencia lleve a sectores que aún se lo pueden permitir, o si no pueden se está convirtiendo en una nueva vía para el endeudamiento y empobrecimiento futuro de familias y personas, a acercarse a la sanidad privada y dejar de tener la actitud de exigencia a los poderes públicos de responder a las necesidades de la población.
Y es que la alternativa, la forma de romper dicho círculo vicioso, es la lucha por la defensa y mejora de la sanidad pública, por evitar que se la desmantele por completo y por mejorarla día a día. La alternativa no puede ser la sanidad privada, la privatización, hay múltiples razones para afirmarlo y hay muchas medidas para evitarlo y para sacar adelante una sanidad pública, universal, gratuita y de calidad.
En EEUU, paraíso de la sanidad privada, los gastos personales y familiares en asistencia sanitaria ante enfermedades graves son la primera causa de empobrecimiento, dado que les lleva a vender las propiedades que puedan tener y a endeudarse hasta la ruina.
Por otro lado, hay que señalar que en la sanidad privada se clasifica a los pacientes en rentables y no rentables y a estos últimos se les relega, no se les presta la debida atención de calidad ya que son más costosos y no les sale a cuento para la inversión ajustada a su criterio de máximo beneficio, dejándolos para la sanidad pública que si es de beneficencia, como están intentando los distintos gobiernos neoliberales, será de pésima calidad lo que equivaldrá al abandono y aumento galopante de la mortalidad de estos pacientes.
También debemos considerar que en la sanidad privada, como se ha demostrado en la tesis doctoral de la médica catalana Elizabeth Janet, las "intervenciones de dudosa indicación" son el triple o el cuádruple que en la sanidad pública.Estamos hablando de diversos tipos de ellas, desde las famosas cesáreas hasta las intervenciones para la detección y tratamiento precoz del cáncer.
En la referida tesis, al profundizar en esa notable diferencia en el número de intervenciones, hasta el punto de estudiar los tejidos extraídos en ellas, se obtuvo el increíble e indignante resultado de que se trataba de tejidos sanos y se llegó a la conclusión en dicha actividad investigadora de que el exceso de intervencionismo es puramente lucrativo, comportando los consiguientes riesgos de secuelas y de complicaciones, incluso para la sobrevivencia de los pacientes.
Creo que lo apuntado supone un conjunto de razones contundentes para luchar sin desmayo contra la privatización de la atención sanitaria pública, y la mejor forma de hacerlo debe comprender la propuesta de alternativas para su mantenimiento y mejora. Estas necesariamente deben pasar por mejorar la financiación, pero no quedarnos en pedir dinero a Madrid, porque, entre otras cosas, antes hay que garantizar que ese dinero es finalista, es decir pura y exclusivamente para sanidad y no, como siempre ha sido, de libre distribución por parte del Gobierno de Canarias que lo ha destinado a los clubes de fútbol, al tranvía, etcétera.
Por otro lado, las CCAA tienen autoridad fiscal y pueden introducir impuestos que han de ser la vía de mayor incremento de recursos a la sanidad y que eviten recargar el déficit fiscal, debido a los que no pagan los impuestos que debieran, en el usuario.
Impuestos generales, basados en impuestos directos progresivos, frente al fraude fiscal y la Reserva de Inversiones de Canarias e impuestos finalistas para sanidad. Que pague más quien más tenga.
También es necesario mejorar la gestión, racionalizando el gasto, es decir, evitando el despilfarro que pueda haber y reorientando la inversión de esos recursos. En este sentido, se puede ahorrar (y reinvertir) mucho dinero del gasto farmacéutico innecesario, del gasto innecesario en tecnologías, de las consultas hospitalarias prescindibles potenciando las consultas en atención primaria, de la reducción de la frecuentación a urgencias hospitalarias aplicando estrategias de educación y potenciación de la red de urgencias de atención primaria, de la reducción de la hospitalización innecesaria, como la de pacientes crónicos en hospitales de agudos, incrementando los centros de crónicos... y muchas medidas más a corto plazo y otras a medio y largo plazo que permitan avanzar hacia un cambio del modelo de atención a la salud y a la enfermedad, desde el predominio de la medicina asistencial a un modelo preventivo de salud pública, que entre otras cosas sería mucho menos costoso monetariamente y con muchos menos efectos adversos para la salud.
Decididamente, prefiero hablar de alternativas que de unas listas de espera fruto de la más absoluta incompetencia o ¿quizás habría que decir de la más absoluta competencia neoliberal para desacreditar a la sanidad pública y dar pie a las ofertas de la sanidad privada para hacerse cargo de las mismas, de los pacientes que sean rentables, claro?
MÉDICO, PORTAVOZ DEL FORO SOCIAL CANARIO POR LA SALUD Y LA SANIDAD PÚBLICA Cada seis meses, en un ejercicio de sado-masoquismo, nos fustigan y nos fustigamos con el análisis de las nuevas cifras de las listas de espera, de sanidad, por supuesto.
De nuevo a vueltas con el indisimulable y escandaloso aumento, con las triquiñuelas de maquillaje diversas, en un diálogo de sordos o mejor dicho entre incompetentes e impotentes que sería el diagnóstico acertado de la patología que aqueja a las partes en presencia.
Lo malo de esta repetición sin fin, es que además de aburrirnos en todos los sentidos damos sostén a un círculo vicioso de difusión del deterioro manifiesto de la sanidad pública así como de que la impotencia lleve a sectores que aún se lo pueden permitir, o si no pueden se está convirtiendo en una nueva vía para el endeudamiento y empobrecimiento futuro de familias y personas, a acercarse a la sanidad privada y dejar de tener la actitud de exigencia a los poderes públicos de responder a las necesidades de la población.
Y es que la alternativa, la forma de romper dicho círculo vicioso, es la lucha por la defensa y mejora de la sanidad pública, por evitar que se la desmantele por completo y por mejorarla día a día. La alternativa no puede ser la sanidad privada, la privatización, hay múltiples razones para afirmarlo y hay muchas medidas para evitarlo y para sacar adelante una sanidad pública, universal, gratuita y de calidad.
En EEUU, paraíso de la sanidad privada, los gastos personales y familiares en asistencia sanitaria ante enfermedades graves son la primera causa de empobrecimiento, dado que les lleva a vender las propiedades que puedan tener y a endeudarse hasta la ruina.
Por otro lado, hay que señalar que en la sanidad privada se clasifica a los pacientes en rentables y no rentables y a estos últimos se les relega, no se les presta la debida atención de calidad ya que son más costosos y no les sale a cuento para la inversión ajustada a su criterio de máximo beneficio, dejándolos para la sanidad pública que si es de beneficencia, como están intentando los distintos gobiernos neoliberales, será de pésima calidad lo que equivaldrá al abandono y aumento galopante de la mortalidad de estos pacientes.
También debemos considerar que en la sanidad privada, como se ha demostrado en la tesis doctoral de la médica catalana Elizabeth Janet, las "intervenciones de dudosa indicación" son el triple o el cuádruple que en la sanidad pública.Estamos hablando de diversos tipos de ellas, desde las famosas cesáreas hasta las intervenciones para la detección y tratamiento precoz del cáncer.
En la referida tesis, al profundizar en esa notable diferencia en el número de intervenciones, hasta el punto de estudiar los tejidos extraídos en ellas, se obtuvo el increíble e indignante resultado de que se trataba de tejidos sanos y se llegó a la conclusión en dicha actividad investigadora de que el exceso de intervencionismo es puramente lucrativo, comportando los consiguientes riesgos de secuelas y de complicaciones, incluso para la sobrevivencia de los pacientes.
Creo que lo apuntado supone un conjunto de razones contundentes para luchar sin desmayo contra la privatización de la atención sanitaria pública, y la mejor forma de hacerlo debe comprender la propuesta de alternativas para su mantenimiento y mejora. Estas necesariamente deben pasar por mejorar la financiación, pero no quedarnos en pedir dinero a Madrid, porque, entre otras cosas, antes hay que garantizar que ese dinero es finalista, es decir pura y exclusivamente para sanidad y no, como siempre ha sido, de libre distribución por parte del Gobierno de Canarias que lo ha destinado a los clubes de fútbol, al tranvía, etcétera.
Por otro lado, las CCAA tienen autoridad fiscal y pueden introducir impuestos que han de ser la vía de mayor incremento de recursos a la sanidad y que eviten recargar el déficit fiscal, debido a los que no pagan los impuestos que debieran, en el usuario.
Impuestos generales, basados en impuestos directos progresivos, frente al fraude fiscal y la Reserva de Inversiones de Canarias e impuestos finalistas para sanidad. Que pague más quien más tenga.
También es necesario mejorar la gestión, racionalizando el gasto, es decir, evitando el despilfarro que pueda haber y reorientando la inversión de esos recursos. En este sentido, se puede ahorrar (y reinvertir) mucho dinero del gasto farmacéutico innecesario, del gasto innecesario en tecnologías, de las consultas hospitalarias prescindibles potenciando las consultas en atención primaria, de la reducción de la frecuentación a urgencias hospitalarias aplicando estrategias de educación y potenciación de la red de urgencias de atención primaria, de la reducción de la hospitalización innecesaria, como la de pacientes crónicos en hospitales de agudos, incrementando los centros de crónicos... y muchas medidas más a corto plazo y otras a medio y largo plazo que permitan avanzar hacia un cambio del modelo de atención a la salud y a la enfermedad, desde el predominio de la medicina asistencial a un modelo preventivo de salud pública, que entre otras cosas sería mucho menos costoso monetariamente y con muchos menos efectos adversos para la salud.
Decididamente, prefiero hablar de alternativas que de unas listas de espera fruto de la más absoluta incompetencia o ¿quizás habría que decir de la más absoluta competencia neoliberal para desacreditar a la sanidad pública y dar pie a las ofertas de la sanidad privada para hacerse cargo de las mismas, de los pacientes que sean rentables, claro?
Saavedra acusa a Sanidad de falsear las listas de espera
El Diputado del Común detalla que las cifras que le ha remitido el
Servicio Canario de Salud no coinciden con las que se han dado a conocer
a la opinión pública "No lo puedo entender", asegura.
El Día, S/C de Tenerife
El Diputado del Común, Jerónimo Saavedra, confirmó ayer en el programa "El día por delante", de Radio El Día, que "las listas de espera se han incrementado muchísimo", aunque criticó a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias al considerar que falsea las cifras que finalmente se dan a conocer a la población.
"Tengo que confesar que hay datos que nos facilita el Gobierno de Canarias, a través de la correspondiente Consejería o el Servicio Canario de Salud, que no coinciden con los que luego ellos mismos hacen públicos, y eso es algo que yo, personalmente, no puedo entender", dijo.
Saavedra lamentó esta situación y explicó que "es algo que sucede también en temas tan sensibles como la Dependencia".
Con estas declaraciones, Jerónimo Saavedra viene a confirmar -desde una institución pública y de carácter autonómico- las denuncias realizadas la semana pasada ante la opinión pública tanto por los sindicatos como por los propios profesionales sanitarios e incluso la Defensora del Paciente y el Partido Popular, que coincidieron en asegurar que las listas estaban maquilladas y falseadas para ocultar la verdadera magnitud del problema.
Y es que las cifras dadas a conocer hace quince días por la Consejería de Sanidad de que a fecha 31 de diciembre de 2012 había cerca de 30.000 pacientes a la espera de ser operados en alguno de los hospitales públicos de las Islas y otros 25.000 pendientes de una consulta médica no le cuadran a ninguno de los agentes que conforman la sanidad canaria, ya que consideran más probable que sean un mínimo de 45.000 las intervenciones quirúrgicas que están pendientes de realizarse.
El Diputado del Común, Jerónimo Saavedra, confirmó ayer en el programa "El día por delante", de Radio El Día, que "las listas de espera se han incrementado muchísimo", aunque criticó a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias al considerar que falsea las cifras que finalmente se dan a conocer a la población.
"Tengo que confesar que hay datos que nos facilita el Gobierno de Canarias, a través de la correspondiente Consejería o el Servicio Canario de Salud, que no coinciden con los que luego ellos mismos hacen públicos, y eso es algo que yo, personalmente, no puedo entender", dijo.
Saavedra lamentó esta situación y explicó que "es algo que sucede también en temas tan sensibles como la Dependencia".
Con estas declaraciones, Jerónimo Saavedra viene a confirmar -desde una institución pública y de carácter autonómico- las denuncias realizadas la semana pasada ante la opinión pública tanto por los sindicatos como por los propios profesionales sanitarios e incluso la Defensora del Paciente y el Partido Popular, que coincidieron en asegurar que las listas estaban maquilladas y falseadas para ocultar la verdadera magnitud del problema.
Y es que las cifras dadas a conocer hace quince días por la Consejería de Sanidad de que a fecha 31 de diciembre de 2012 había cerca de 30.000 pacientes a la espera de ser operados en alguno de los hospitales públicos de las Islas y otros 25.000 pendientes de una consulta médica no le cuadran a ninguno de los agentes que conforman la sanidad canaria, ya que consideran más probable que sean un mínimo de 45.000 las intervenciones quirúrgicas que están pendientes de realizarse.
La lista de espera sanitaria infringe todos los plazos máximos legales
El Colegio de Médicos de Tenerife demuestra que en especialidades en las
que la ley fija que el paciente ha de ser atendido antes de 90 o 150
días se registran esperas de hasta 510.
G. Maestre, S/C de Tenerife
El impacto social de las listas de espera publicadas hace dos semanas por la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias sigue estando vigente, puesto que después de saber que se ha incrementado en casi 5.000 personas el número de pacientes pendientes de una operación y que cerca de 24.000 esperan para ser vistos por un especialista, ahora es el propio Colegio de Médicos de Santa Cruz de Tenerife el que pone el acento en el tiempo de espera que, según su presidente, Rodrigo Martín, "demuestra que se están traspasando líneas rojas y que los datos no se pueden dar tan a la ligera, sino servicio por servicio, para que se sepa la realidad y se pueda actuar en consecuencia. El sistema actual no sirve de nada, entre otras cosas, porque está permitiendo que las patologías se agraven sin que haya mejoras claras en la gestión. Ética y moralmente es reprobable".
Y es que la institución colegial ha realizado un profundo trabajo de recopilación de datos que ha venido a cuantificar el tiempo de espera en numerosas especialidades e intervenciones quirúrgicas, una cifra que, hasta la fecha, nunca ha sido publicada por la Consejería.
De ese estudio -en el que los datos han sido aportados directamente por los facultativos-, se desprende que los plazos máximos de espera establecidos en el Servicio Canario de Salud (SCS) por la orden de 26 de diciembre de 2006 se vulneran de forma generalizada y en determinados casos incluso se quintuplican.
Ejemplos de esta situación hay varios, pero quizás entre los más destacados, por el enorme volumen de pacientes que padecen esta patología, se encuentran las operaciones de cataratas.
Mientras que la ley establece un "periodo máximo de acceso garantizado de 90 días", la realidad es que en el Hospital Universitario de Canarias (HUC) no baja de los 200 y en el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria (HUNSC) es de 240 días.
En lo referente a la colocación de prótesis de cadera -independientemente de que se trate de una sustitución total o parcial o incluso de una revisión- la espera máxima legal es de 90 días, pero en ambos hospitales se infringe ampliamente. Así, en La Candelaria es de 250 días y en el HUC de cien días más, es decir, 350 días, con el agravante de que durante varios meses no se admitieron nuevos casos en la lista de espera hasta que se abriera la agenda en enero de este año.
Las colecistectomía -intervención clínico-quirúrgica que consiste en la extracción de la vesícula biliar, bien a través de laparoscopia o la colecistectomía abierta- es necesaria en pacientes que sufren cálculos biliares, tiene dolor abdominal intenso por un cólico de vesícula, inflamación por infección de vesícula o el bloqueo de los conductos biliares.
Independientemente de cuál sea el caso, la espera máxima debería ser de 90 días, pero en la realidad en La Candelaria es de 360 días, mientras que en el HUC solo se están operando las complicadas y tampoco se admitieron nuevos casos hasta este enero.
Sin embargo, quien se lleva la palma es la especialidad de oftalmología, donde la espera es de 510 días, pese a que todas las intervenciones relacionadas con el ojo deberían hacerse en periodos comprendidos entre los 90 y los 150 días.
Dentro de las especialidades médicas, la espera para ser visto por un especialista en Ginecología en la provincia de Santa Cruz de Tenerife alcanza los 450 días y los 390 en Traumatología, lista que cierra Psiquiatría con 180 días de espera.
Pero en las pruebas diagnósticas complementarias solicitadas a Atención Primaria también hay esperas que pueden calificarse de escandalosas sin faltar a la verdad, como por ejemplo, la ecografía abdominal, con 270 días de espera, o la mamografía diagnóstica o la colonoscopia diagnóstica, con 120 y 100 días respectivamente.
Ir a la privada y pasar la factura no sirve de nada
Supuestamente las personas que llevan esperando más tiempo de los plazos establecidos por ley tienen derecho a acudir a una clínica privada, costearse el tratamiento y luego exigirle a Sanidad el reembolso, pero es eso un supuesto, porque en la realidad se ponen tantas trabas y los plazos son tan inexactos que casi nadie se decide por esta opción. El letrado Raúl Alonso recuerda que los tiempos de espera vienen delimitados por una cuestión técnica en los que se presupone que la patología no sufre ninguna alteración irreversible. "Ante un agravamiento existe una acción de responsabilidad patrimonial contra la administración por el anormal funcionamiento del servicio público", aclara. No obstante, Alonso admite que "el problema es que la administración reconoce ese derecho, pero da todo tipo de largas y hace todo lo posible por incumplir la norma. De todas formas se puede judicializar, pero el problema es que ahora con las tasas y demás es una opción a la que cada vez menos gente puede acogerse y se pone contra las cuerdas al Estado del Bienestar", sentencia este experto.
El impacto social de las listas de espera publicadas hace dos semanas por la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias sigue estando vigente, puesto que después de saber que se ha incrementado en casi 5.000 personas el número de pacientes pendientes de una operación y que cerca de 24.000 esperan para ser vistos por un especialista, ahora es el propio Colegio de Médicos de Santa Cruz de Tenerife el que pone el acento en el tiempo de espera que, según su presidente, Rodrigo Martín, "demuestra que se están traspasando líneas rojas y que los datos no se pueden dar tan a la ligera, sino servicio por servicio, para que se sepa la realidad y se pueda actuar en consecuencia. El sistema actual no sirve de nada, entre otras cosas, porque está permitiendo que las patologías se agraven sin que haya mejoras claras en la gestión. Ética y moralmente es reprobable".
Y es que la institución colegial ha realizado un profundo trabajo de recopilación de datos que ha venido a cuantificar el tiempo de espera en numerosas especialidades e intervenciones quirúrgicas, una cifra que, hasta la fecha, nunca ha sido publicada por la Consejería.
De ese estudio -en el que los datos han sido aportados directamente por los facultativos-, se desprende que los plazos máximos de espera establecidos en el Servicio Canario de Salud (SCS) por la orden de 26 de diciembre de 2006 se vulneran de forma generalizada y en determinados casos incluso se quintuplican.
Ejemplos de esta situación hay varios, pero quizás entre los más destacados, por el enorme volumen de pacientes que padecen esta patología, se encuentran las operaciones de cataratas.
Mientras que la ley establece un "periodo máximo de acceso garantizado de 90 días", la realidad es que en el Hospital Universitario de Canarias (HUC) no baja de los 200 y en el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria (HUNSC) es de 240 días.
En lo referente a la colocación de prótesis de cadera -independientemente de que se trate de una sustitución total o parcial o incluso de una revisión- la espera máxima legal es de 90 días, pero en ambos hospitales se infringe ampliamente. Así, en La Candelaria es de 250 días y en el HUC de cien días más, es decir, 350 días, con el agravante de que durante varios meses no se admitieron nuevos casos en la lista de espera hasta que se abriera la agenda en enero de este año.
Las colecistectomía -intervención clínico-quirúrgica que consiste en la extracción de la vesícula biliar, bien a través de laparoscopia o la colecistectomía abierta- es necesaria en pacientes que sufren cálculos biliares, tiene dolor abdominal intenso por un cólico de vesícula, inflamación por infección de vesícula o el bloqueo de los conductos biliares.
Independientemente de cuál sea el caso, la espera máxima debería ser de 90 días, pero en la realidad en La Candelaria es de 360 días, mientras que en el HUC solo se están operando las complicadas y tampoco se admitieron nuevos casos hasta este enero.
Sin embargo, quien se lleva la palma es la especialidad de oftalmología, donde la espera es de 510 días, pese a que todas las intervenciones relacionadas con el ojo deberían hacerse en periodos comprendidos entre los 90 y los 150 días.
Dentro de las especialidades médicas, la espera para ser visto por un especialista en Ginecología en la provincia de Santa Cruz de Tenerife alcanza los 450 días y los 390 en Traumatología, lista que cierra Psiquiatría con 180 días de espera.
Pero en las pruebas diagnósticas complementarias solicitadas a Atención Primaria también hay esperas que pueden calificarse de escandalosas sin faltar a la verdad, como por ejemplo, la ecografía abdominal, con 270 días de espera, o la mamografía diagnóstica o la colonoscopia diagnóstica, con 120 y 100 días respectivamente.
Ir a la privada y pasar la factura no sirve de nada
Supuestamente las personas que llevan esperando más tiempo de los plazos establecidos por ley tienen derecho a acudir a una clínica privada, costearse el tratamiento y luego exigirle a Sanidad el reembolso, pero es eso un supuesto, porque en la realidad se ponen tantas trabas y los plazos son tan inexactos que casi nadie se decide por esta opción. El letrado Raúl Alonso recuerda que los tiempos de espera vienen delimitados por una cuestión técnica en los que se presupone que la patología no sufre ninguna alteración irreversible. "Ante un agravamiento existe una acción de responsabilidad patrimonial contra la administración por el anormal funcionamiento del servicio público", aclara. No obstante, Alonso admite que "el problema es que la administración reconoce ese derecho, pero da todo tipo de largas y hace todo lo posible por incumplir la norma. De todas formas se puede judicializar, pero el problema es que ahora con las tasas y demás es una opción a la que cada vez menos gente puede acogerse y se pone contra las cuerdas al Estado del Bienestar", sentencia este experto.
domingo, 24 de febrero de 2013
Médicos, enfermeros y pacientes acusan a Sanidad de falsear la lista de espera
G. Maestre, Santa Cruz de Tenerife
La publicación de la lista de espera sanitaria ha enfurecido a todos los agentes que conforman la sanidad pública de las Islas, puesto que tanto los sindicatos como la Asociación en Defensa del Paciente e incluso el Colegio Oficial de Médicos de Tenerife (COMTF) consideran "una tomadura de pelo" los datos.
"Las cifras no cuadran y lo peor de todo es que no se reconoce que se están traspasando determinadas líneas rojas que conllevan que pase tanto tiempo hasta la operación que luego el paciente no queda como si se le hubiera intervenido a tiempo", explicaba ayer el presidente del COMTF, Rodrigo Martín, que lamentaba que "con la estadística se pueda hacer cualquier cosa".
De maquillaje a granel también habla Intersindical Canaria (IC), cuya portavoz, Catalina Darias, mantiene que las cifras se han falseado.
"Hay agendas cerradas y centenares de pacientes están en una especie de limbo, porque esperan por una operación pero no están recogidos en ninguna parte. Hemos hecho una estimación y los datos son, como mínimo, un 50% mayor de lo que se ha dicho".
Este dato es compartido por UGT, CCOO y la Asociación en Defensa del Paciente, que incluso apuntan a que podría ser mayor.
"Los datos no se los cree nadie por la sencilla razón de que no se mantiene que haya menos gente esperando cuando el rendimiento de los quirófanos está bajo mínimos, se han quitado camas y se ha prescindido de miles de profesionales", dijo el secretario de la Federación de Servicios Públicos de UGT, Francisco Bautista.
Por su parte, su homólogo en CCOO, José Alonso Rodríguez-Tapia, consideró que "pueden incluso ser más de 45.000 pacientes los que están en lista de espera porque todos los que trabajan o conocen un hospital están boquiabiertos con estos datos. Nadie se los cree" y añadió que "si con los recortes que hay la lista de espera ha bajado, entonces es que durante mucho tiempo se estuvo haciendo el tonto".
Enfermería, representado por su sindicato mayoritario (Satse) no se cree las cifras.
"Hay agendas cerradas y todo tipo de instrumentos que impiden cuantificar de una manera real cuántos pacientes hay actualmente en la lista de espera, aunque es difícil probarlo, y esto es grave, pero más grave es decir que que si bajan sería un milagro. ¿Qué fue de aquello de que con menos iban a hacer más?", dijo su portavoz Leopoldo Cejas-Fuentes.
Por último, la Asociación en Defensa del Paciente manifestó ayer por boca de su presidenta, Carmen Flores, que "las listas son falsas".
"No se contabiliza el tiempo que se tarda en pruebas, diagnósticos, primeras consultas, pero es que además los pocos datos que hay no son transparentes", manifestó.
Preguntada por el motivo por el que Sanidad habría difuminado el aumento de la lista de espera, Flores lo tiene claro: "Para no tener tanto dinero como tendría que hacerlo para arreglarlo de una vez".
La publicación de la lista de espera sanitaria ha enfurecido a todos los agentes que conforman la sanidad pública de las Islas, puesto que tanto los sindicatos como la Asociación en Defensa del Paciente e incluso el Colegio Oficial de Médicos de Tenerife (COMTF) consideran "una tomadura de pelo" los datos.
"Las cifras no cuadran y lo peor de todo es que no se reconoce que se están traspasando determinadas líneas rojas que conllevan que pase tanto tiempo hasta la operación que luego el paciente no queda como si se le hubiera intervenido a tiempo", explicaba ayer el presidente del COMTF, Rodrigo Martín, que lamentaba que "con la estadística se pueda hacer cualquier cosa".
De maquillaje a granel también habla Intersindical Canaria (IC), cuya portavoz, Catalina Darias, mantiene que las cifras se han falseado.
"Hay agendas cerradas y centenares de pacientes están en una especie de limbo, porque esperan por una operación pero no están recogidos en ninguna parte. Hemos hecho una estimación y los datos son, como mínimo, un 50% mayor de lo que se ha dicho".
Este dato es compartido por UGT, CCOO y la Asociación en Defensa del Paciente, que incluso apuntan a que podría ser mayor.
"Los datos no se los cree nadie por la sencilla razón de que no se mantiene que haya menos gente esperando cuando el rendimiento de los quirófanos está bajo mínimos, se han quitado camas y se ha prescindido de miles de profesionales", dijo el secretario de la Federación de Servicios Públicos de UGT, Francisco Bautista.
Por su parte, su homólogo en CCOO, José Alonso Rodríguez-Tapia, consideró que "pueden incluso ser más de 45.000 pacientes los que están en lista de espera porque todos los que trabajan o conocen un hospital están boquiabiertos con estos datos. Nadie se los cree" y añadió que "si con los recortes que hay la lista de espera ha bajado, entonces es que durante mucho tiempo se estuvo haciendo el tonto".
Enfermería, representado por su sindicato mayoritario (Satse) no se cree las cifras.
"Hay agendas cerradas y todo tipo de instrumentos que impiden cuantificar de una manera real cuántos pacientes hay actualmente en la lista de espera, aunque es difícil probarlo, y esto es grave, pero más grave es decir que que si bajan sería un milagro. ¿Qué fue de aquello de que con menos iban a hacer más?", dijo su portavoz Leopoldo Cejas-Fuentes.
Por último, la Asociación en Defensa del Paciente manifestó ayer por boca de su presidenta, Carmen Flores, que "las listas son falsas".
"No se contabiliza el tiempo que se tarda en pruebas, diagnósticos, primeras consultas, pero es que además los pocos datos que hay no son transparentes", manifestó.
Preguntada por el motivo por el que Sanidad habría difuminado el aumento de la lista de espera, Flores lo tiene claro: "Para no tener tanto dinero como tendría que hacerlo para arreglarlo de una vez".
La lista de espera quirúrgica crece en 5.000 personas y roza las 30.000
Es la peor cifra de la historia reciente de la sanidad pública canaria
El Hospital de La Candelaria es el más saturado con casi 6.500
pacientes que esperan para ser operados.
G. Maestre, S/C de Tenerife
La lista de espera quirúrgica de la sanidad pública canaria registra el peor dato de su historia reciente, según se desprende de los datos publicados ayer por la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, donde se refleja un incremento de cerca de 5.000 pacientes en los últimos 365 días. En concreto, de los 24.861 pacientes que conformaban la lista de espera quirúrgica a fecha 31 de diciembre de 2011 se ha pasado a 29.675 en un año.
Esta tendencia ya quedó patente con el corte evaluativo realizado a fecha 30 de junio de 2012 en donde el incremento ya era de 2.300 personas, llegando a las 27.184 en lista de espera quirúrgica.
Profundizando en los datos, se observa que donde se registra el gran aumento de los casos es en la lista de espera de más de seis meses con un incremento superior a las 4.000 personas en un año (4.484).
Así, el último dato disponible refleja que de las cerca de 30.000 que están a la espera de una operación, 17.480 llevan menos de seis meses esperando y 12.195 más de seis meses.
No obstante, cabe aclarar que las estadísticas que el Servicio Canario de Salud (SCS) publica semestralmente en su página web no precisan cuál es el tiempo medio demora, pero si muestran que no solo crece la lista, sino que cada vez hay más ciudadanos esperando más tiempo con este incremento de casi el doble de pacientes en la lista de espera quirúrgica de más de seis meses.
Por centro hospitalario, el Universitario Nuestra Señora de Candelaria (HUNSC) se coloca como el que peores cifras de lista de espera tiene de todo el Archipiélago con casi 6.500 pacientes (6.494) de los que 4.034 están incluidos en la lista de menos de seis meses.
Esta cifra es notablemente más alta que el resto de los hospitales, porque el segundo con más pacientes en espera por una operación es el Universitario de Canarias (HUC) con 5.777, es decir, 717 menos que en La Candelaria. La suma de ambos coloca a la provincia tinerfeña a la cabeza en el número de pacientes sin operar en los hospitales de tercer nivel con 12.271 pacientes.
En la provincia oriental en el Hospital Doctor Negrín se concentran 5.221 pacientes, a los que hay que sumar los 1.119 del Materno Infantil y los 5.665 del Insular, en total otros 12.005 pacientes.
Respecto a los hospitales de primer nivel (los ubicados en las islas no capitalinas), destacan los 2.301 pacientes del hospital lanzaroteño Doctor José Molina Orosa, cuando justo un año antes eran 1.837, pero sobre todo el espectacular aumento que ha habido en el Hospital General de La Palma, donde en 365 días se ha pasado de tener a 815 pacientes en lista de espera para una operación a 1.339.
En La Gomera y El Hierro las cifras se han mantenido estables.
El Gobierno de Canarias atribuyó ayer el aumento de las listas de espera en la sanidad pública a los recortes a que ha obligado la crisis económica, que en el caso de las islas han tenido mayor incidencia debido al déficit "histórico" de financiación por parte del Estado.
Así, la directora general de Programas Asistenciales del Gobierno canario, Hilda Sánchez, aseguró que el incremento de personas en la lista de espera en la actividad quirúrgica y de las consultas a 31 de diciembre pasado, en comparación con junio, se debe a que los recortes han supuesto una disminución de la actividad con los centros concertados, que se redujo un 12 % el año pasado, así como de los programas especiales que se hacían en los servicios públicos.
Según Sánchez, existe "un déficit histórico" de financiación hacia Canarias que afecta a los servicios esenciales, por lo que, aunque los recortes han afectado a todas las comunidades autónomas, en las islas se nota más.
A ello se unen otros factores, como la demanda creciente de la atención sanitaria debido al envejecimiento de la población y a una mayor expectativa en la calidad de vida.
Para minimizar las consecuencias, el Gobierno ha decidido dar prioridad de atención a aquellas enfermedades en las que la espera tiene más efectos.
Asimismo, insistió en que el aumento de la espera para las consultas no afecta igual a todas las especialidades, pues ha habido ocho de ellas donde ha habido una disminución como en alergología, endocrinología, geriatría, neumología o pediatría, por ejemplo.
La lista de espera quirúrgica de la sanidad pública canaria registra el peor dato de su historia reciente, según se desprende de los datos publicados ayer por la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, donde se refleja un incremento de cerca de 5.000 pacientes en los últimos 365 días. En concreto, de los 24.861 pacientes que conformaban la lista de espera quirúrgica a fecha 31 de diciembre de 2011 se ha pasado a 29.675 en un año.
Esta tendencia ya quedó patente con el corte evaluativo realizado a fecha 30 de junio de 2012 en donde el incremento ya era de 2.300 personas, llegando a las 27.184 en lista de espera quirúrgica.
Profundizando en los datos, se observa que donde se registra el gran aumento de los casos es en la lista de espera de más de seis meses con un incremento superior a las 4.000 personas en un año (4.484).
Así, el último dato disponible refleja que de las cerca de 30.000 que están a la espera de una operación, 17.480 llevan menos de seis meses esperando y 12.195 más de seis meses.
No obstante, cabe aclarar que las estadísticas que el Servicio Canario de Salud (SCS) publica semestralmente en su página web no precisan cuál es el tiempo medio demora, pero si muestran que no solo crece la lista, sino que cada vez hay más ciudadanos esperando más tiempo con este incremento de casi el doble de pacientes en la lista de espera quirúrgica de más de seis meses.
Por centro hospitalario, el Universitario Nuestra Señora de Candelaria (HUNSC) se coloca como el que peores cifras de lista de espera tiene de todo el Archipiélago con casi 6.500 pacientes (6.494) de los que 4.034 están incluidos en la lista de menos de seis meses.
Esta cifra es notablemente más alta que el resto de los hospitales, porque el segundo con más pacientes en espera por una operación es el Universitario de Canarias (HUC) con 5.777, es decir, 717 menos que en La Candelaria. La suma de ambos coloca a la provincia tinerfeña a la cabeza en el número de pacientes sin operar en los hospitales de tercer nivel con 12.271 pacientes.
En la provincia oriental en el Hospital Doctor Negrín se concentran 5.221 pacientes, a los que hay que sumar los 1.119 del Materno Infantil y los 5.665 del Insular, en total otros 12.005 pacientes.
Respecto a los hospitales de primer nivel (los ubicados en las islas no capitalinas), destacan los 2.301 pacientes del hospital lanzaroteño Doctor José Molina Orosa, cuando justo un año antes eran 1.837, pero sobre todo el espectacular aumento que ha habido en el Hospital General de La Palma, donde en 365 días se ha pasado de tener a 815 pacientes en lista de espera para una operación a 1.339.
En La Gomera y El Hierro las cifras se han mantenido estables.
El Gobierno de Canarias atribuyó ayer el aumento de las listas de espera en la sanidad pública a los recortes a que ha obligado la crisis económica, que en el caso de las islas han tenido mayor incidencia debido al déficit "histórico" de financiación por parte del Estado.
Así, la directora general de Programas Asistenciales del Gobierno canario, Hilda Sánchez, aseguró que el incremento de personas en la lista de espera en la actividad quirúrgica y de las consultas a 31 de diciembre pasado, en comparación con junio, se debe a que los recortes han supuesto una disminución de la actividad con los centros concertados, que se redujo un 12 % el año pasado, así como de los programas especiales que se hacían en los servicios públicos.
Según Sánchez, existe "un déficit histórico" de financiación hacia Canarias que afecta a los servicios esenciales, por lo que, aunque los recortes han afectado a todas las comunidades autónomas, en las islas se nota más.
A ello se unen otros factores, como la demanda creciente de la atención sanitaria debido al envejecimiento de la población y a una mayor expectativa en la calidad de vida.
Para minimizar las consecuencias, el Gobierno ha decidido dar prioridad de atención a aquellas enfermedades en las que la espera tiene más efectos.
Asimismo, insistió en que el aumento de la espera para las consultas no afecta igual a todas las especialidades, pues ha habido ocho de ellas donde ha habido una disminución como en alergología, endocrinología, geriatría, neumología o pediatría, por ejemplo.
Ya son casi 5.000 los canarios que se quedan sin rehabilitación médica
G. Maestre, S/C de Tenerife
La lista de espera por especialidades médicas la conforman ya 23.397 canarios, es decir, 1.656 más que 365 días antes (un 12% más), según se desprende de los datos hechos públicos este miércoles por la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias correspondientes al 31 de diciembre de 2012 y que siguen mostrando una saturación inasumible por las especialidades de Alergología, Cardiología, Dermatología y Rehabilitación confirma así el espejismo de los buenos datos publicados por Sanidad en junio de 2012, donde el número de pacientes en lista de espera bajó hasta un 22% respecto a diciembre de 2011, puesto con la excepción de Endocrinología, Geriatría, Medicina Interna, Pediatría y Reumatología el resto de las 16 especialidades de las que se tienen datos crece la demora.
Rehabilitación sigue siendo la especialidad más saturada, con casi 5.000 pacientes (4.828) a la espera de ser atendidos. Pese a que este servicio siempre está entre las peores con lista de espera, lejos de disminuir en los últimos doce meses no ha hecho sino crecer, sumando 539 pacientes más.
No obstante, el aumento más espectacular se registra en Alergología, donde se han sumado 705 pacientes a la lista de espera, es decir, que hay un aumento del 37,3% en 365 días hasta alcanzar los 2.592 pacientes en espera.
Este dato llama la atención, porque precisamente el descenso registrado en junio de 2012 se localizó en este servicio, donde se pasó de 5.634 personas en espera en diciembre de 2010 a 4.289 doce meses después, y eso que en junio se llegó a las 4.050.
Dermatología es la tercera en número de pacientes que esperan para ser vistos con un total de 3.327, 117 más que un año antes.
En esta especialidad destacan las 947 personas que aguardan a ser atendidas en el Hospital de La Palma, un número que supera incluso a los que se registran en el Hospital de La Candelaria o el Universitario de Canarias donde ni siquiera se llega a los 300 en ninguno de ellos.
La cuarta especialidad médica con más demora es Digestivo, con 1.701 pacientes en lista de espera, de lo que 847 también están incluidos en la demanda del Hospital General de La Palma.
Por hospitales, el Universitario de Canarias (HUC) y el Universitario Nuestra Señora de La Candelaria mantienen a 3.987 y 2.656 pacientes respectivamente sin darles la atención que precisan.
Aunque el centro hospitalario que mayor número de pacientes tiene en lista de espera de todo el Archipiélago es el doctor Negrín de Las Palmas de Gran Canaria con 4.421 personas a la espera de las que 1.885 corresponden al servicio de Rehabilitación.
La lista de espera por especialidades médicas la conforman ya 23.397 canarios, es decir, 1.656 más que 365 días antes (un 12% más), según se desprende de los datos hechos públicos este miércoles por la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias correspondientes al 31 de diciembre de 2012 y que siguen mostrando una saturación inasumible por las especialidades de Alergología, Cardiología, Dermatología y Rehabilitación confirma así el espejismo de los buenos datos publicados por Sanidad en junio de 2012, donde el número de pacientes en lista de espera bajó hasta un 22% respecto a diciembre de 2011, puesto con la excepción de Endocrinología, Geriatría, Medicina Interna, Pediatría y Reumatología el resto de las 16 especialidades de las que se tienen datos crece la demora.
Rehabilitación sigue siendo la especialidad más saturada, con casi 5.000 pacientes (4.828) a la espera de ser atendidos. Pese a que este servicio siempre está entre las peores con lista de espera, lejos de disminuir en los últimos doce meses no ha hecho sino crecer, sumando 539 pacientes más.
No obstante, el aumento más espectacular se registra en Alergología, donde se han sumado 705 pacientes a la lista de espera, es decir, que hay un aumento del 37,3% en 365 días hasta alcanzar los 2.592 pacientes en espera.
Este dato llama la atención, porque precisamente el descenso registrado en junio de 2012 se localizó en este servicio, donde se pasó de 5.634 personas en espera en diciembre de 2010 a 4.289 doce meses después, y eso que en junio se llegó a las 4.050.
Dermatología es la tercera en número de pacientes que esperan para ser vistos con un total de 3.327, 117 más que un año antes.
En esta especialidad destacan las 947 personas que aguardan a ser atendidas en el Hospital de La Palma, un número que supera incluso a los que se registran en el Hospital de La Candelaria o el Universitario de Canarias donde ni siquiera se llega a los 300 en ninguno de ellos.
La cuarta especialidad médica con más demora es Digestivo, con 1.701 pacientes en lista de espera, de lo que 847 también están incluidos en la demanda del Hospital General de La Palma.
Por hospitales, el Universitario de Canarias (HUC) y el Universitario Nuestra Señora de La Candelaria mantienen a 3.987 y 2.656 pacientes respectivamente sin darles la atención que precisan.
Aunque el centro hospitalario que mayor número de pacientes tiene en lista de espera de todo el Archipiélago es el doctor Negrín de Las Palmas de Gran Canaria con 4.421 personas a la espera de las que 1.885 corresponden al servicio de Rehabilitación.
viernes, 8 de febrero de 2013
La gerente de La Candelaria declara ante la jueza por posible delito de coacciones
Mercedes
Cueto admite que dio la orden de bloquear el historial de una enferma
de cáncer “por seguridad”.-La acusación pide que sea ingresada en
prisión como medida cautelar, o que no se acerque de la denunciante.
La gerente del Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria, Mercedes Cueto Serrano, admitió ante la jueza de Instrucción número 1 de Santa Cruz de Tenerife, que dio la orden de bloquear el acceso al historial clínico de una paciente enferma de cáncer y sometida a tratamiento, aunque aseguró que lo hizo “por seguridad de la denunciante”.
Cueto declaró este martes como imputada en un posible delito de coacciones y afirmó que dio la orden de restricción el 30 de octubre directamente al subdirector de Información, de forma que ni siquiera los médicos que atienden a la paciente podían acceder a la información.
La acusación particular ha pedido como medidas cautelares que Cueto sea ingresada en prisión, o comparezca ante el juez cada 15 días, o alternativamente, que se mantenga a una distancia mínima de 500 metros de la denunciante. La jueza resolverá en un auto sobre estos términos y si mantiene o no la imputación.
La gerente del Hospital de La Candelaria afirmó que bloquear el acceso al historial médico no fue una medida de presión, en contra de lo que sostiene la denunciante, para que la denunciante se viera forzada a hablar con ella, y persuadirla para que retirara la denuncia que se instruye en el juzgado de Instrucción 2 contra dos celadores del mismo hospital, por acceder a ese historial de forma reiterada y sin permiso, por lo que están imputados por un presunto delito contra la intimidad.
Admitió que si dio la orden de bloquear el acceso al historial fue porque la denunciante había manifestado a su médico de cabecera que se sentía “intranquila” e “insegura”, y “temía que se alterasen sus datos”, por lo que restringió el acceso incluso a los médicos que la atienden.
Solo 10 minutos de acceso
El caso es que un día en que la denunciante acudió a la consulta en Oncología para proseguir su tratamiento, los médicos constataron que no podían acceder a su documentación a través de la intranet del Hospital, lo que obligó a llamar a los informáticos, que confirmaron al jefe del servicio, el doctor Morales, la orden de bloqueo.
El acceso, según la denuncia, solo permaneció activo durante 10 minutos, tras lo que volvió a bloquearse, hasta el punto de que en el departamento de Enfermería tuvieron que contactar con Oncología para saber cuál era la medicación que debía ser preparada.
La paciente sostiene que el bloqueo a su historial fue una coacción para que accediera a una entrevista con la gerente en su despacho, a lo que se negó, pese a que la solicitud le había llegado mediante su médico de cabecera y el jefe de Oncología.
Cueto Serrano, sin embargo, lo niega. A preguntas de la jueza, reiteró que su decisión se debió a que “seguían saliendo en los medios de comunicación noticias sobre la inseguridad a los accesos a las historias clínicas”, pese a reconocer que “cumplen con toda la normativa vigente. Hay un documento de seguridad y hay un responsable de la seguridad de los ficheros”.
En cuanto a por qué solo bloqueó el historial de la denunciante, respondió que “es la única que está intranquila”.
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