G. Maestre, Santa Cruz de Tenerife
La consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Brígida Mendoza, y su homólogo madrileño, Javier Fernández-Lasquetty, firmaron ayer en la capital de España un "protocolo de intenciones" para la firma de un convenio de colaboración en materia de formación y asistencia para la atención de pacientes pediátricos con cardiopatías congénitas de Canarias por el Hospital Universitario de La Paz.
Según la propia Consejería, este "protocolo de intenciones" es "el paso previo al convenio" y justifican el retraso aludiendo a que el convenio "está en el proceso de pasar todos los procedimientos administrativos habituales", aunque insisten en que ya se han incorporado dos cirujanos al Materno Infantil y están operando las cardiopatías.
Para las asociaciones de padres de niños con cardiopatías, todo el proceso abierto desde que la Consejería comunicase en noviembre su intención de cerrar la Unidad de Cardiología Infantil del Hospital Materno Infantil hasta la firma de ayer "está siendo una payasada", según palabras del secretario de la Asociación Canaria Tricontinental de Cardiopatías Congénitas, Gonzalo Martel, que cree que el acto de ayer "se hizo para sacar una foto y parecer que están haciendo algo, cuando el servicio está peor que nunca".
"Ahora mismo hay dos profesionales recién llegados que no entran solos a un quirófano porque requieren apoyo de los que llevan más tiempo y no son autónomos, así que por el momento no se puede hablar de mejoría".
Más comedida es Dolores García, de la Asociación Corazón y Vida, para quien "la situación sería preocupante si dentro de un mes se sigue sin firmar el convenio con La Paz".
"En todas las reuniones que ha habido con la Consejería de Sanidad jamás se nos habló de este protocolo de intenciones, pero entendemos que quizás sea un paso necesario; lo que no puede ser es que siga pasando el tiempo sin que haya avances claros. Creo que el propio Gobierno sabe que la ciudadanía ya no admite demoras y, después del fallecimiento de un bebé en el hospital de La Candelaria, sabe que si hay algún problema, ya no habrá responsabilidades médicas, sino que serán políticas, y eso les da mucho miedo".
La consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Brígida Mendoza, y su homólogo madrileño, Javier Fernández-Lasquetty, firmaron ayer en la capital de España un "protocolo de intenciones" para la firma de un convenio de colaboración en materia de formación y asistencia para la atención de pacientes pediátricos con cardiopatías congénitas de Canarias por el Hospital Universitario de La Paz.
Según la propia Consejería, este "protocolo de intenciones" es "el paso previo al convenio" y justifican el retraso aludiendo a que el convenio "está en el proceso de pasar todos los procedimientos administrativos habituales", aunque insisten en que ya se han incorporado dos cirujanos al Materno Infantil y están operando las cardiopatías.
Para las asociaciones de padres de niños con cardiopatías, todo el proceso abierto desde que la Consejería comunicase en noviembre su intención de cerrar la Unidad de Cardiología Infantil del Hospital Materno Infantil hasta la firma de ayer "está siendo una payasada", según palabras del secretario de la Asociación Canaria Tricontinental de Cardiopatías Congénitas, Gonzalo Martel, que cree que el acto de ayer "se hizo para sacar una foto y parecer que están haciendo algo, cuando el servicio está peor que nunca".
"Ahora mismo hay dos profesionales recién llegados que no entran solos a un quirófano porque requieren apoyo de los que llevan más tiempo y no son autónomos, así que por el momento no se puede hablar de mejoría".
Más comedida es Dolores García, de la Asociación Corazón y Vida, para quien "la situación sería preocupante si dentro de un mes se sigue sin firmar el convenio con La Paz".
"En todas las reuniones que ha habido con la Consejería de Sanidad jamás se nos habló de este protocolo de intenciones, pero entendemos que quizás sea un paso necesario; lo que no puede ser es que siga pasando el tiempo sin que haya avances claros. Creo que el propio Gobierno sabe que la ciudadanía ya no admite demoras y, después del fallecimiento de un bebé en el hospital de La Candelaria, sabe que si hay algún problema, ya no habrá responsabilidades médicas, sino que serán políticas, y eso les da mucho miedo".
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