lunes, 28 de junio de 2010

Denuncia sindical contra la comisión evaluadora de ILT

Dentro de los diversos y variados atropellos que los trabajadores estamos sufriendo en los últimos tiempos destaca uno que con el acuerdo de diversas fuerzas políticas se aprobó con el fin de "controlar el alto nivel de absentismo laboral" de los funcionarios públicos de la comunidad de Canarias.
Esta idea surgida de el vicepresidente del Gobierno autónomo y consejero de Economía y Hacienda, José Manuel Soria, ha visto la luz el 12 de Abril con la publicación en el BOC del reglamento que regula la constitución y funcionamiento de esta comisión.

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Adjuntamos la solicitud de Evaluación, la cual hay que presentar antes de que tanscurran los tres meses de baja en la segunda planta del "Edificio El Cabo" en Sta Cruz

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Citamos el articulo aparecido en el Diario La provincia.es el 18 de Noviembre de 2009:

Las administraciones públicas deben de contar con una plantilla de funcionarios "que trabaje como en la empresa privada y que cobre por objetivos, no por producción", consideró ayer el vicepresidente del Gobierno autónomo y consejero de Economía y Hacienda, José Manuel Soria, quien lanzó además una seria advertencia a los empleados de la Comunidad Autónoma de Canarias: "Se van a acabar las típicas bajas por depresión para ir a pasear por la playa".
Soria recalcó que uno de los objetivos del Ejecutivo autónomo pasa por reducir el absentismo laboral de los funcionarios y anunció que los empleados públicos con partes de Incapacidad Laboral Temporal (ILT) dejarán de percibir durante 18 meses el 100 por cien de su sueldo, tal y como sucede en la actualidad.
"A los tres meses se reducirá esa nómina si el afectado sigue de baja", explicó, "a no ser que exista un argumento muy justificado médicamente de que esa persona no puede de verdad incorporarse a su puesto de trabajo", precisó.
El titular de Economía y Hacienda recalcó además que dentro de esa lucha contra el absentismo laboral se enmarca la reducción de la partida que se había presupuestado inicialmente para 2010 para bajas médicas en el área de Educación. Ha pasado de 34 millones a siete. "Cuando un organismo presupuesta de antemano más de 6.000 millones de las antiguas pesetas para hacer frente a posibles bajas lo que está haciendo es incentivar esas bajas", reflexionó José Manuel Soria.
Para el vicepresidente canario, la inoperancia o desidia de algunos empleados públicos es uno de los aspectos que más repulsa causa entre los ciudadanos. El desprestigio de la política, "no es responsabilidad única de los políticos", avisó, convencido de que para estar en la actividad pública "no hay que ser Premio Nobel, pero un mínimo de formación sí que hace falta para ocupar ciertos puestos". 


En el breve tiempo de funcionamiento de dicha comisión han sido numerosísimas las quejas recibidas en todos los sindicatos debido al carácter "Inquisitorial" de la misma, y a la orientación que están teniendo. Sabemos que están empleando tácticas de  presión psicológica para... ignoramos que fines, que se suman al castigo pecuniario de descontar de la nómina aproximadamente un 25% de forma automática sin ni siquiera haber sido evaluada el trabajador todavía por esta comisión.

Debido a todo ello aparece en el Día Digital, hoy 26 de Junio la siguiente noticia:

SATSE denuncia que la comisión que evalúa bajas "se extralimita"
El sindicato de enfermería SATSE del Hospital de La Candelaria ha enviado un escrito a la Consejería de Presidencia, entre otras instituciones, en el que se hace eco de las "numerosas quejas" recibidas sobre el trato que dispensaba a los trabajadores la Comisión Evaluadora de la ampliación del período de percepción económica.
La creación de esta comisión se publicó en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) el 12 de abril y su función es evaluar si el funcionario que está de baja desde hace tres meses "merece" que la Administración pública le complete "hasta el cien por cien" su salario.
La explicación es que, pasado cierto tiempo de incapacidad temporal, es la Seguridad Social quien abona el salario al trabajador, pero la cuantía del mismo no alcanza al cien por cien de lo que cobra normalmente, sino que se queda en una cantidad cercana al 75%. El 25% restante lo abona la Administración pública hasta los tres meses de baja. Pasado ese tiempo, el trabajador deja de percibir esa cantidad y tiene que solicitar ser evaluado por la comisión si quiere una prórroga.
"Esa comisión se atribuye poderes inquisitorios", asegura Ramona Mendoza, delegada sindical de SATSE en el Hospital de La Candelaria. En el escrito presentado se explica que los trabajadores se han sentido "como meros delincuentes" por el "bombardeo de preguntas en tiempo récord (5 minutos)". "No es potestad de dicha comisión emitir juicios de valor, ni apreciaciones particulares sin criterio", subraya el texto.
La denuncia añade que preguntan a los sanitarios por cuestiones personales como "el estado civil, la situación laboral del cónyuge del trabajador, puesto de trabajo...."
Sin embargo, esta comisión sólo debe tener en cuenta criterios médicos ("cronificación, malignidad o gravedad o grado de incapacidad para el desempeño de las funciones del puesto de trabajo") e históricos ("situaciones de incapacidad temporal anteriores, hasta un máximo de tres por la misma causa producidas en el intervalo de dos años" y "situaciones de incapacidad temporal anteriores, hasta un máximo de tres por distintas causas producidas en el intervalo de los dos últimos años").
SATSE considera que la comisión "se extralimita" al realizar preguntas sobre la situación personal de los trabajadores. "Creíamos que la época de la Inquisición ya había pasado", apostilla Mendoza.
El sindicato Comisiones Obreras (CCOO) también ha tomado cartas sobre el asunto. Ha presentado una demanda contencioso-administrativa contra esta comisión. Desiderio Padilla, responsable de los servicios jurídicos de Enseñanza de Comisiones Obreras (CCOO), explica que a Asociación de Inspectores Médicos también se ha sumado a esta demanda. "Los inspectores médicos tampoco están de acuerdo porque están siendo utilizados", apostilló.

viernes, 25 de junio de 2010

Facultativos y enfado ante la OPE

L.C., S/C de Tenerife
Son pocos y están enojados. Sesenta o setenta facultativos del Hospital de La Candelaria debatían ayer qué hacer para cambiar las bases de la Oferta Pública de Empleo (OPE), que establecen un examen tipo test de 150 preguntas de cada especialidad.
Decidieron manifestarse los martes, miércoles y jueves a las puertas del edificio de Traumatología, a las 8:30 horas, redoblando sus esfuerzos para hacerse ver y oír. "Estamos solos", "la gente no sabe por qué nos quejamos", fueron algunas de sus opiniones, por lo que también votaron repartir octavillas entre los pacientes para que entiendan cómo les va a afectar a éstos esta OPE. Los facultativos argumentan que con un examen genérico tipo test por especialidades no se reconoce la subespecialización que hoy existe en el Hospital de La Candelaria y que dispone de "agendas abiertas", lo que significa que este personal hiperespecializado sí se tiene en cuenta a la hora de organizar el trabajo e, incluso, de ubicar al personal.
Las bases de la OPE, tal y como están, provocan "un efecto llamada" en los facultativos de toda España, según opinan estos médicos. Esto podría provocar que obtuvieran plaza doctores que no cuentan con esa formación subespecializada, con el consiguiente detrimento de la calidad asistencial a los usuarios, apostillan.
Además, estos facultativos aseguran que no se ha publicado ninguna OPE con estas características en toda España.
La elección de estas bases, que la Consejería de Sanidad aseguró que se acordaron con los representantes sindicales en Mesa Sectorial, responde a criterios económicos, según lo que se expuso en dicha reunión de los facultativos. "Es más barato alquilar un aula que poner un examen con dos supuestos clínicos que te exige desplazar a jurados entre Islas y alojarlos, pagarles dietas, etc".
En la asamblea había médicos jóvenes y también otros entrados en canas. Aunque se reconoció que no contaban ni siquiera con el apoyo de todos los servicios del hospital, se propuso tratar de extender las protestas a los otros tres grandes hospitales de referencia de la comunidad autónoma. Como medidas de presión también se habló de comenzar a negarse a realizar horas extras por las tardes, que forman parte del plan de choque para listas de espera, e incluso de "parar el hospital". "Les importamos [a los políticos] una mierda porque saben que no nos movemos", dijo uno de los presentes como crítica a la apatía generalizada.
La consejera de Sanidad, Mercedes Roldós, ha recordado en varias ocasiones que no se produjo ninguna alegación a las bases de la OPE durante el período legal.
No obstante, la intención de este grupo es continuar luchando para tratar de corregir esta situación. Afirman que algunos políticos o responsables médicos les han mostrado su apoyo en reuniones. Falta que los acompañen en este proceso para que no se sientan tan solos. (El dia.es)

lunes, 14 de junio de 2010

Reflexión ante la huelga

Bueno ya han pasado unos días después de la jornada de huelga convocada por los sindicatos y todos hemos podido ver como esta ha sido una convocatoria "atípica". La participación ha sido escasa, aunque la motivación haya sido elevada. Esta huelga nos ha dejado un mal sabor de boca, pues el baile de números ha sido como ya es costumbre muy diferente según quien proporcionara los datos. Los hechos hablan por si solos... las plantillas han sido obligadas a prestar servicios mínimos, en muchos casos del 100%, los permisos se han suspendido, las bajas cubiertas... por lo que ha habido mas presencia de trabajadores en los centros hospitalarios que en un día común.
No debemos olvidar que esta huelga era una manera de "protestar" contra el recorte de derechos, y últimos movimientos del gobierno central contra el colectivo de funcionarios, podríamos estar de acuerdo contra esto o no... pero lo "atípico" de la situación es observar como el gobierno autonómico ha puesto todo su empeño en que esta convocatoria sea casi pasada por alto. No debemos olvidar que quien gobierna en la sanidad Canaria es oposición política del gobierno central. Así pues y "A non domino" definiríamos este resultado como "Inquietante" Vds. que creen?

jueves, 10 de junio de 2010

Convocadas plazas de FEA, Lavandera, Peón, Pinche, Planchadora

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martes, 8 de junio de 2010

Las penurias de los oncólogos del HUNSC

El jefe de Oncología del Hospital Universitario de La Candelaria, Francisco Javier Dorta, aseguró en una entrevista a la Agencia Efe que en los hospitales españoles en general, y en los canarios en particular, los oncólogos pasan penurias debido a lo escasas que son las plantillas.
Explicó que en Canarias hay treinta y tres plazas para oncólogos médicos entre los cuatros hospitales públicos de referencia de las islas, incluyendo los de La Palma, Lanzarote y Fuerteventura, que atienden a una población en torno a los dos millones de personas, lo que representa una ratio de 1,1 especialistas por cada 100.000 habitantes, de las más bajas de España, donde la media es de 1,5.
El problema del cáncer es que, desafortunadamente, la incidencia de la enfermedad se incrementa cada año (uno de cada cuatro canarios va a padecer esta enfermedad a lo largo de su vida), lo que determina que la prevalencia de la misma sea también cada día mayor.
Por otro lado, y esto es un dato favorable, al estar disminuyendo la mortalidad y alargándose la supervivencia de estos pacientes, la presión asistencial es cada día mayor, indicó Francisco Javier Dorta.
Entre el alargamiento de la vida, el aumento de la incidencia y el incremento de la supervivencia cada año se atiende a más pacientes, declaró Francisco Javier Dorta, quien añadió que las plantillas de los hospitales no se ajustan a esas variables, con lo que para llevar a cabo una atención adecuada los médicos oncólogos se ven sometidos a un "agobio asistencial fortísimo".
Los frentes fundamentales a los que se enfrenta un servicio de oncología de un hospital español son sobre todo tres: consultas externas, hospital de día y planta de hospitalización.
El primero de ellos está marcado por el elevado número de pacientes que hay que atender diariamente, unos recién diagnosticados de cáncer, que llegan por primera vez, a los que se suman los controles de las personas aparentemente curadas o en recaída.
Otro frente se produce en el hospital de día, donde casi 30 pacientes llegan cada jornada para recibir tratamientos antitumorales (quimioterapia) u otros tratamientos, como las nuevas terapias biológicas.
El tercer frente son los pacientes que hay que ingresar en planta, ya sea para estudios, exploraciones, evacuaciones de líquidos, insuficiencias cardíacas o respiratorias, entre otras posibilidades.
El jefe de Oncología del Hospital Universitario de La Candelaria explicó que en los hospitales las plantillas están bloqueadas y el volumen de pacientes aumenta, con lo que los médicos oncólogos pasan "cierta penuria".
Francisco Javier Dorta es miembro de la Fundación para la Excelencia y la Calidad de la Oncología (ECO), que ha alertado de que en diez años España necesitará el doble de oncólogos, y su intención es lograr "lo que tanto pregonan las administraciones, que es mejorar la calidad y caminar hacia la excelencia".
La solución, en palabras del jefe de Oncología del Hospital Universitario de La Candelaria no pasa sólo por aumentar el número de oncólogos en uno u otro hospital, sino por incrementar la cifra de estudiantes en las facultades de Medicina y el de plazas de médicos residentes para esta especialidad.
Pero sobre todo es preciso aumentar el número de médicos residentes de la especialidad para que se formen especialistas que cubran las plazas que quedarán vacantes en los próximos años, indicó Francisco Javier Dorta.
Y es que, según los datos de ECO, el 21 por ciento de los oncólogos son mayores de 50 años, por lo que en los próximos años comenzarán a jubilarse las primeras promociones de la especialidad y será preciso cubrir sus puestos.
Francisco Javier Dorta también comentó que uno de cuatro habitantes españoles padecerá un cáncer, que es la segunda causa de muerte en España, tras las enfermedades cardiovasculares. EFE (Rubén Darío García León Santa Cruz de Tenerife, 7 jun)

¿Huelga general?

Más de dos millones de trabajadores del sector público están llamados a movilizarse hoy martes.
EP Casi 2,5 millones de empleados públicos están llamados a secundar este martes la huelga que han convocado CC.OO., UGT y CSI-CSIF, y a la que se han ido sumando otras fuerzas sindicales, para protestar contra los recortes salariales incluidos por el Gobierno en su plan extraordinario para reducir el déficit público.

Coincidiendo con este paro, los sindicatos han convocado más de 60 actos por toda España en contra de la decisión del Ejecutivo de rebajar el sueldo a los funcionarios de todas las administraciones públicas entre un 0,56% y un 7% de media a partir de la nómina de este mes. El Gobierno espera ahorrar con esta medida más de 4.000 millones de euros hasta 2011.

Los sindicatos alegan que la rebaja salarial a los funcionarios, además de ser una agresión sin precedentes, vulnera un acuerdo en vigor que ya contemplaba un escenario de crisis. De hecho, a principios de 2010 los salarios de los empleados públicos se incrementaron sólo un 0,3%.

El enfado de los sindicatos por esta medida, que no descartan denunciar ante la Justicia, les llevó a convocar una huelga general en las administraciones públicas para el 8 de junio, que podría ser la antesala de la huelga general en toda España que planea en el horizonte si el Gobierno aprueba una reforma laboral lesiva para los trabajadores.

Este paro general en las administraciones públicas se acompañará de concentraciones, manifestaciones y asambleas en toda España, a las que en algunos casos se han sumado otros sindicatos de funcionarios.

En Madrid, convocados por CC.OO. y UGT y otros sindicatos, se celebrará una concentración frente al Ministerio de Economía a las 11.30 horas y una manifestación entre la Plaza de la Cibeles y la calle de Alcalá a las 18.30 horas.

USO, por su parte, celebrará, entre las 10.00 y las 11.00 horas, una concentración también ante Economía que incluirá una 'pitada-cacerolada'. Este acto se repetirá en todas las provincias en cada centro de trabajo de la Administración entre las 11.00 y las 12.00 horas.

La CGT, por su lado, realizó un llamamiento a todos los trabajadores, tanto del sector público como del privado, y a los millones de parados, pensionistas y personas dependientes, para que se movilicen y participen en todas la manifestaciones organizadas para mañana con el objetivo de mostrar la solidaridad y unión de los trabajadores y clamar por la convocatoria de una huelga general en toda España que haga retirar al Gobierno sus medidas antisociales.

Según informaron a Europa Press fuentes sindicales, los servicios mínimos ante la huelga de mañana ya han sido fijados y han sido negociados independientemente, es decir, cada administración y entidad pública afectada ha negociado los suyos propios con las centrales sindicales convocantes de este paro. (laopinion.es)
Más de 140.000 funcionarios canarios están llamados este martes a la huelga del sector público convocada por los sindicatos UGT, CCOO, CSIF, ANPE Canarias, IC, entre otros que han invitado además a los trabajadores a las manifestaciones y concentraciones previstas en todas las islas.

Los sindicatos han señalado la necesidad de salir a la calle por una decisión del Gobierno de España que han tachado de "injusta" asegurando que se merman no sólo los ingresos de los trabajadores, sino también la calidad de los servicios públicos en todo el archipiélago.

En la manifestación está previsto que participen Policías Nacionales que si bien no podrán participar en la huelga, sí que podrán acudir a las distintas manifestaciones previstas, según reconoció el pasado viernes el Sindicato Unificad de la Policía.

La convocatoria prevé a partir las 18.30 horas la concentración delante de las administraciones del Estado en las denominadas islas no capitalinas mientras que en Gran Canaria y Tenerife habrá una manifestación en donde partirán desde San Telmo hasta la plaza de la Feria ante la Delegación del Gobierno en Canarias en Las Palmas de Gran Canaria y en Santa Cruz de Tenerife partirán desde la plaza de Los Patos pasarán por la de Weyler y leerán un manifiesto frente a la Subdelegación del Gobierno en Méndez Núñez. (EFE).

La Coordinadora Canaria de Colectivos apoya la huelga de funcionarios

La Coordinadora Canaria de Colectivos (CCC) ha mostrado hoy su apoyo a la huelga de empleados públicos convocada para hoy por las principales organizaciones sindicales, por entender que el recorte de sus salarios supone 'un paso atrás en la defensa de los derechos de los trabajadores'.

Su coordinador general, José Rivero, señala en un comunicado que 'uno de los objetivos' marcados al constituir la Coordinadora era 'dotar a los trabajadores canarios de una herramienta de apoyo y solidaridad en sus reivindicaciones'.

'El caso de los funcionarios públicos nos parece lo suficientemente grave para movilizarnos también en apoyo de este colectivo, como hemos hecho con muchos otros a lo largo de casi dos años de andadura de CCC', añadió.

Esta organización se constituyó en julio de 2008 con la integración de una treintena de colectivos de diversos sectores económicos (transporte, puertos, sanidad, justicia), entre ellos Guaguas Municipales, Estibadores, Guaguas Melenara, Bomberos o Global.

Los sueldos de los cargos políticos suponen un coste de 62 millones al año. En el Archipiélago hay más de 1.700 dirigentes en las diferentes administraciones de la autonomía.
Los sueldos de los más de 1.700 cargos políticos de las administraciones públicas del Archipiélago cuestan una media de 62 millones de euros anuales a los contribuyentes canarios. Pese a la congelación salarial decidida este año por el Gobierno de Canarias, el Parlamento, los siete cabildos y los 88 ayuntamientos, el hecho es que la fiscalización sobre las remuneraciones de los responsables elegidos en las urnas sigue siendo escasa y no existe un criterio único para que consejeros autonómicos, diputados, alcaldes, concejales, presidentes de cabildos y consejeros insulares limiten sus retribuciones con pautas más objetivas.

El Gobierno canario cuenta actualmente con 106 altos cargos, además de directores y gerentes de los organismos autónomos y empresas públicas que forman parte del complejo entramado de la Comunidad Autónoma. El coste de sueldos sólo de los cargos políticos es de 15 millones de euros, es decir, desde el presidente del Gobierno hasta los directores generales. No obstante, según consta en el informe anual del Consejo Económico y Social (CES) sobre los presupuestos autonómicos de 2007, el gasto público en alta dirección por parte de la Comunidad Autónoma es de 41,7 millones de euros, el 0,59% del gasto total, y se encuentra en la media del resto de autonomías. Los sueldos oscilan entre los 86.452 euros del presidente del Gobierno a los 62.088 euros brutos anuales de un director general.

Después de la última subida del 10% acordada por el Parlamento el pasado año, los 43 diputados liberados que cobran de la Cámara suponen un gasto en salarios de 2,5 millones de euros. Cada parlamentario recibe 4.500 euros al mes y, además, tiene dos pagas en julio y diciembre de unos 2.200 euros más.

Más complicado es el control de los 88 alcaldes, 1.363 concejales y 153 consejeros insulares con los que cuentan las corporaciones locales. Hay sueldos de alcaldes para todos los gustos, que rondan entre los 80.000 euros hasta los 40.000 anuales. En una media de 60.000 euros el gasto en salarios de los primeros ediles ronda los 5 millones. Los siete presidentes de cabildos tienen una retribución media de 70.000 euros, lo que significa 500.000 euros brutos anuales. El coste de concejales y consejeros insulares ronda los 34 millones teniendo en cuenta que no todos tienen dedicación exclusiva a sus corporaciones y que las retribuciones varían. (Rubén Acosta, Laopinión.es)
Mientras el vicepresidente Soria amenaza a los funcionarios de baja por enfermedades graves con reducirles sus salarios
LOS ALTOS CARGOS DEL GOBIERNO CANARIO SE EMBOLSAN ANUALMENTE MÁS DE 2.500 MILLONES DE PESETAS

Según declaró el portavoz de Izquierda Unida Canaria en Tenerife, Ramón Trujillo, el anuncio del vicepresidente del Gobierno de Canarias, José Manuel Soria, sobre la intención del Ejecutivo de recortar el período de cobertura con el cien por cien del salario a los docentes con baja médica contituirá un auténtico castigo para quienes tengan la desgracia de enfermar de cáncer y sufrir una convalecencia larga. Los enfermos de cáncer, del corazón o las víctimas de accidentes de tráfico graves, verán reducidos su salarios durante el período de convalecencia, si se llega a cumplir el ataque a los derechos laborales anunciado por el Consejero de Economia del Gobierno autónomo, con el pretexto de atajar las bajas supuestamente fraudulentas que, según él, se producen entre los funcionarios publicos.

En efecto, el pasado lunes 16 de noviembre, José Manuel Soria anunció a los medios de comunicación de las Islas que "se acabaron las bajas médicas para ir a pasear a la playa". Advirtió, asimismo, que reducirán la nominas de los funcionarios que estén con más de tres meses de baja médica. En la actualidad los funcionarios que se encuentren en baja laboral por enfermedad grave reciben el cien por cien de su salario durante un periodo de dieciocho meses.

Ramón Trujillo manifestó que "la sociedad canaria no debe aceptar el recorte de derechos laborales que sabemos cuándo empieza, pero ignoramos cuándo acabará". De acuerdo con lo expresado por el portavoz de IUC "el extremismo derechista de Soria confunde derechos laborales con privilegios y sus propios privilegios salariales con derechos inalienables, y no está en condiciones de ejemplaridad ética quien ha aceptado que le pague un viaje un empresario que se verá favorecido por decisiones suyas posteriores".

Para Trujillo, Soria es un claro exponente de la ausencia de ética de algunos políticos y podría ser considerado una suerte de Le Pen canario por sus declaraciones, en las que sostenía que el preámbulo del nuevo Estatuto de Canarias tenía un “efecto llamada” para los africanos, al aludir al origen norteafricano de los aborígenes. El efecto de tales declaraciones - según el portaco de IUC en Tenerife - "ha sido generar racismo antiafricano y es lamentable que una persona con tal perfil ocupe responsabilidades tan importantes en el Gobierno de Canarias y que se le permita atacar los derechos laborales en la comunidad autónoma con peores condiciones laborales".

Por su parte el sindicato asambleario de enseñantes EA-Canarias estima que estas declaraciones del vicepresidente del Gobierno de Canarias forman parte de una campaña orientada a desprestigiar y provocar el desmantelamiento del sector público en su conjunto. "El objetivo final - sostiene este sindicato - es crear las condiciones para una paulatina privatización, especialmente de Educación y Sanidad". Segun los portavoces de EA-Canarias, las declaraciones de Soria instando a los funcionarios a "trabajar como en la empresa privada" y cobrar "por objetivos y no por produccion" ponen de manifiesto cuales son los criterios al respecto de quien hoy dirije la economia de la comunidad autonoma canaria.

CANARIAS: EL PAÍS DE LA PARADOJAS

Sea por una razón o por otra, las intempestivas amenazas del Consejro de Economía y Hacienda se producen en un contexto en el que el grueso del funcionariado de las islas trata de sobrevivir con salarios que apenas alcanzan los mil euros. Según los datos ofrecidos por el Instituto Nacional de Estadística (INE), en Canarias los sueldos son un 16% más bajos que en el resto del Estado. Los trabajadores de las Islas perciben unos salarios que, con una media de 1.324.55 euros, son los segundos más bajos de todo el Estado, sólo por encima de los de Extremadura. Pero, como es bien sabido, las medias suelen ocultar abismales diferencias, y para cientos de miles de trabajadores incluso esta cifra resulta inalcanzable. Este no es el caso solamente de quienes sufren la precariedad del mercado laboral en la empresa privada, sino también de numerosos colectivos de trabajadores de la Administración pública, como los empleados del Servicio canario de Salud de los grupos C, D, E, que vienen luchando en los últimos años para conseguir una remuneración que les permita vivir dignamente. También son numerosos los colectivos que sufren desde hace tiempo una disminución de sus salarios reales, por el efecto continuado de la inflación.

Para todos ellos, nuestros gobernantes reservan siempre excusas recurrentes: “no hay dinero para atender a estas demandas” o "estamos en tiempos de crisis". Tampoco resulta infrecuente que el responsable político de turno culpe a los trabajadores de hacer peticiones desorbitadas o irracionales, intentando enfrentarlos al resto de la población, tal y como hizo de manera reiterada la Consejera de Educación, Milagros Luís Brito, durante la lucha por la homologación salarial de los docentes canarios. Sin embargo, la presunta austeridad con la que dicen administrar los dineros públicos se muestra como un ejercicio de cinismo de desproporcionada magnitud, cuando se conocen los salarios que para sí misma reserva esta casta política parasitaria.

En los presupuestos "sociales" elaborados por el Gobierno de Canarias para el pasado 2008, por ejemplo, se incrementó en un 14,8% el gasto destinado a la Presidencia del Gobierno, con respecto al 2007. La astronómica cifra de 90.149.832 euros (14.999.669.947 ptas) se destinó a esta área -compuesta por 17 departamentos - y plagada de bien pagados altos cargos. Cada uno de ellos cobró entre 62.088 euros (10.330.573 ptas.) - salario bruto de la mayoría de los directores generales - y 71.052 euros (11.822.058 ptas.).

En total, los sueldos de los miembros del Gobierno, altos cargos, asesores y los directores y gerentes de las empresas públicas supusieron un gasto en el 2008 de más de 15,4 millones de euros (2.562.344.400 ptas.) A esta cantidad hay que sumar el coste de los gerentes y directivos de las 20 empresas públicas que dependen del Ejecutivo. En el cómputo global se incluyen los sueldos del personal eventual y asesores contratados por los altos cargos del Ejecutivo, que suponen unos tres millones de euros.

UN BOTÓN DE MUESTRA

Como botón de muestra ofrecemos a nuestros lectores los salarios - no actualizados - de los consejeros del Gobierno autónomo canario.

PAULINO RIVERO BAUTE

Es maestro. Ejerció como profesor de primaria hasta que, en 1979, fue elegido alcalde de su localidad natal, El Sauzal, en Tenerife, desempeñando este puesto hasta 2007. Militó inicialmente en la Unión de Centro Democrático, el partido que reclutó a los antiguos funcionarios del aparato burocrático del franquismo.

Sueldo: 86.452 € anuales (14.384.402 pesetas).

Como maestro percibiría un salario de 300. 000 pesetas mensuales

JOSE MIGUEL RUANO (CC)

Es licenciado en Derecho por la Universidad de La Laguna. Fue becario de Investigación del centro de Estudios Constitucionales y ganó en 1988 la oposición a letrado del Parlamento de Canarias, dos años más tarde fue designado director de Personal de la Cámara.

Desde mayo de 2005 es consejero de Presidencia yJusticia del Gobierno de Canarias.

Sueldo: 74.761 euros (12.439.183 ptas.).

De ejercer como letrado del parlamento su sueldo no superaría las 500.000 pta.s mensuales.

JOSÉ MANUEL SORIA

Es economista, técnico comercial y funcionario del Cuerpo de Diplomados Economistas del Estado (en excedencia).

Ocupó puestos de confianza en el Gabinete del Ministro de Economía Carlos Solchaga, aquel ministro del Partido de Felipe González, que dijo que España “era el país en el que era más facil hacerse rico”. Sus relaciones con el entorno del ministro psocialista fueron tan estrechas que muchos creyeron durante años que su ubicación politica la encontraria en las filas de PSOE.

En las elecciones autonómicas de ese año fue reelegido parlamentario regional. Como Vicepresidente y Consejero de Economía y Hacienda tiene un sueldo bruto de

Sueldo: 78.820 euros anuales. (13.114.544 ptas.).

De ejercer su profesion de funcionario su sueldo no llegaría a las 400.000 ptas. mensuales.

DOMINGO BERRIEL MARTÍNEZ
Es consejero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial. Es abogado e Ingeniero Industrial Superior.

Entró en las filas de Asamblea Majorera, ahora integrada en Coalición Canaria, en su fundación, hace 30 años. Berriel formó parte del sector conservador que terminó imponiéndose en Asamblea Majorera y liquidando todo lo que tuvo de progresista y reivindicativo ese movimiento político de la década 70-80.

Amparado en la influencia de AM, Domingo Berriel ejerció de gerente del Consorcio de Abastecimiento de Aguas de Fuerteventura durante una década, hasta que en 1993 fue nombrado director general de Promoción Industrial y Comercial del Gobierno de Canarias.

También ha sido viceconsejero de Industria y Energía, director general de Obras Públicas del Ejecutivo Autónomo, consejero de Infraestructuras y Ordenación del Territorio y vicepresidente segundo del Cabildo Insular de Fuerteventura.

Al último cargo mencionado accedió en la legislatura pasada y lo abandonó en 2005 para incorporarse como Consejero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial del Gobierno de Canarias.

Sueldo: 75.717 euros anuales (12.598.248 ptas.).

MERCEDES ROLDÓS

Ejerce de Consejera de Sanidad por el Partido Popular. Es médico, especialista en Bioquímica clínica. Su gestión de la sanidad canaria está siendo una de las más conflictivas que se ha conocido en la historia la autonomía del Archipiélago.

Ha sido diputada por Gran Canaria por el Partido Popular desde la V Legislatura, aunque en las pasadas elecciones generales renunció al escaño en el Parlamento canario para concurrir a las Cortes Generales Presidenta de la Comisión de Sanidad del PP de Gran Canaria. Miembro de la Comisión Nacional de Sanidad del PP y de la Subcomisión Nacional de Investigación y Bioética del PP. También pertenece a la Asociación Española de Biopatología.

Sueldo: 71. 052 euros anuales (11.822.058 ptas.).
De ejercer en la Sanidad publica, la señora Roldós no sobrepasaria las 450.000 ptas. mensuales.

JORGE RODRÍGUEZ DÍAZ

Es consejero de Empleo, Industria y Comercio por Coalición Canaria. Es Ingeniero Industrial por la Universidad Politécnica de Canarias, Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Ha sido profesor asociado de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y profesor titular en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y consultor de empresas en Edei Consultores, SA.

Posteriormente, ocupó el cargo académico de vicerrector de Desarrollo y Nuevas Tecnologías de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y en junio de 2005 pasó a formar parte de la Consejería de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías del Gobierno de Canarias, como viceconsejero de Industria y Nuevas Tecnologías.

Sueldo: 74.106 euros anuales (12. 330.200 ptas).

De ejercer su profesión su sueldo dependería de la empresa privada a la que prestara sus servicios.
Como vicerrector que fue de la ULPG su sueldo no sobrepasaría las 500.000 ptas. mensuales.

MILAGROS LUIS BRITO

Es licenciada en Geografía e Historia y ha sido teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz. Durante las dos últimas legislaturas Milagros ha sido Viceconsejera de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias. Su labor en esa Consejería pasó perfectamente desapercibida.

No ha ocurrido lo mismo cuando ha asumido la titularidad de la de Educación. A apenas unos meses de su nombramiento ha conseguido la total unanimidad de criterios en el sector educativo: que presente rápidamente su dimisión.

Sueldo: 81.072 euros (13.489.245 ptas.).

Como profesora su sueldo apenas alcanzaría las 300.000 ptas. mensuales.

INES ROJAS LEÓN

Es Consejera de Bienestar social, Juventud y Vivienda por Coalición Canaria. Es maestra desde 1989, y desde entonces ha dado clases en diversos centros educativos de Lanzarote. Inició la carrera política en 1991, y desde entonces ha sido concejal en el Ayuntamiento de Teguise en el mandato 1991-1995.

También fue concejal de Cultura del Ayuntamiento de Tinajo de 1999 a 2003, y se presentó al Cabildo de Lanzarote en las elecciones de 2003, ocupando la Consejería de Juventud y Deportes y la Vicepresidencia Primera de manera simultánea. Inés Rojas de León accedió a la Presidencia del Cabildo de Lanzarote el 30 de junio de 2005, y en las elecciones de 2007 encabezó la lista de Coalición Canaria a la institución insular.

SUELDO 73.497 euros. (12.228.871 ptas.).
Dado que dispone de muy pocos trienios su sueldo como maestra no alcanzaría las trescientas mil pesetas

JUAN RAMON HERNÁNDEZ

Consejero de Obras Públicas y Transportes por CC. Estudió en la Escuela de Peritos Mercantiles y en el CUNEF y es director de banco en excedencia. Comenzó la actividad política en 1991 como candidato a la Alcaldía de Los Llanos de Aridane, por la Agrupación Palmera de Independientes y desde ese año es alcalde del citado municipio palmero. Además, es diputado regional desde la quinta legislatura, y en el ámbito orgánico es el presidente del Comité Local de Coalición Canaria en Los Llanos de Aridane y vicepresidente de Coalición Canaria en La Palma. También es miembro del Comité Permanente y de la Ejecutiva Nacional de Coalición Canaria.

Sueldo: 78.845 euros anuales(12.785.932 de ptas.)

Como perito mercantil su sueldo dependería del área donde ejerciera sus funciones, pero ni de lejos sobrepasaría la mitad de lo que hoy gana como consejero.
(Canarias Semanal)


lunes, 7 de junio de 2010

Huelga general de funcionarios y servicios mínimos

Los trabajadores sanitarios contrarrestarán los abusivos servicios mínimos de la administración con una ralentización de las actividades laborales

Intersindical Canaria ha rechazado los servicios mínimos decretados por la consejería de Sanidad del Gobierno Autónomo por considerarlos desproporcionados y elaborados con el único fin de que la huelga convocada en el sector público para el próximo 8 de junio, pase desapercibida, Esta posición ha sido comunicada en el día de hoy por el comité de huelga de Intersindical Canaria en la reunión celebrada en la mañana de hoy con los representantes del Gobierno canario. La propuesta de la Administración ya convertida en decreto, objetivamente, lesiona el derecho constitucional de los trabajadores al ejercicio de huelga.

El elevado número de trabajadores sanitarios, incluidos en los servicios mínimos (como un día festivo en teoría) pero a los que la consejería de Sanidad incorpora otros servicios y suspende además el derecho a permisos, obligará a los trabajadores –y así ya lo habían decidido en las asambleas- a ralentizar las actividades laborales, pasando a tener el día el día 8 un carácter racional en relación con las habituales y desmesuradas cargas de trabajo, ello, sin que en ningún caso se vea afectada la seguridad de los pacientes, de la que el personal sanitario continúa siendo aval frente a las restricciones asistenciales del Gobierno.

Los trabajadores de la sanidad desarrollarán además concentraciones y/o manifestaciones a las 11 de la mañana frente a los hospitales de la Isla.

Todos los trabajadores de la administración pública (estatal, autonómica y local), están llamado a la huelga el próximo martes, 8 de junio, contra los recortes laborales decretados por el Gobierno español, pero también como protesta por las responsabilidades que recaen sobre el ejecutivo canario en el estado de emergencia social que padece el Archipiélago.

La jornada de protesta culminará con la manifestación que se celebrará en Santa Cruz de Tenerife, a las 6:30 horas desde la Plaza de los Patos, hasta la subdelegación del Gobierno en Méndez Núñez, coincidente con la de CCOO y UGT, pero en un frente diferenciado de carácter reivindicativo nacionalista. 

EDDC.NET/STA. CRUZ DE TENERIFE


Respecto a esta noticia, y debido a los numerosos Email recibidos tenemos que comentar que estos servicios mínimos establecidos impiden el llevar a cabo el derecho a la huelga a unidades o servicios como el de Rehabilitación (entre otros) ya que el total de su plantilla a tenido que firmar el conocimiento de su designación para que mañana realicen su jornada laboral completa. sin posibilidad de ejercer este derecho constitucional



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