Pilar del Estado del Bienestar, la sanidad como servicio público se pone en cuestión en buena parte de las democracias occidentales. Mientras se extiende el debate sobre las privatizaciones o el copago, los recortes presupuestarios y de personal no contribuyen a que los ciudadanos tengan la certidumbre de que podrán seguir recibiendo en las mismas condiciones las prestaciones que antes daban por seguras. Canarias ha vivido con virulencia esta situación. Desde el año pasado, los cierres de camas y la supresión de servicios en jornada de tarde han encendido la polémica. Entonces se intuía, aunque no se conocía aún, el alcance de las restricciones financieras, ya plasmadas en los presupuestos de 2012, que suben un 2%, pero restan 50 millones de euros para personal.
Para discutir el estado del sistema público de salud tras estos acontecimientos, EL DÍA reunió a Ramona Mendoza, del sindicato de enfermería Satse; Julián Gallo, de Comisiones Obreras; Jordi Esplugas, de la Plataforma Pro-Hospital Público del Sur de Tenerife; Cati Darias, de Intersindical Canaria; Alicia Wildpret, secretaria general del Colegio de Farmacéuticos, y Antonio Alarcó, médico y senador del Partido Popular.
Iniciando el debate y centrando la postura que defienden los profesionales de la enfermería en Canarias, la representante de Satse quiso dejar patente que la situación es, si cabe, más grave de lo que podría parecer debido al punto de partida. "España tiene una ratio de enfermeros que se sitúa por debajo de la media europea, Canarias está a la cola de España y el Hospital Universitario de Canarias es el último de España. Si a esto se une que se recorta personal, el resultado es preocupante, porque estamos hablando de personas que trabajan atendiendo a otras personas, no haciendo tornillos"
Para Mendoza "no tiene sentido que cada año salgan de las escuelas de enfermería de la Islas más de 500 profesionales cuyas expectativas son cero porque no tienen ninguna salida profesional".
"Nosotros (el personal sanitario) estábamos dispuestos a trabajar más, pese a que ya lo veníamos haciendo desde antes, pero siempre con el compromiso de que nadie se quedara en la calle y eso no se ha cumplido. No ha existido ningún diálogo y eso es lo que hay que pedirle antes que nada a la Administración: que escuche a los profesionales y les deje participar en la toma de decisiones, ya que, al fin y al cabo, se está poniendo en riesgo no solo su salud física y mental, sino también su vida personal, y encima se les pone a los pies de los caballos haciendo ver, ante la sociedad pública, que no son solidarios".
Y es que Mendoza prevé un futuro muy oscuro el futuro inmediato de la sanidad en las Islas.
"Ya se sabe que el presupuesto es el que es y que cuando se agote no va a haber más, así que el verano y el final de año va a ser muy negro y... ¿Qué vamos a hacer?, ¿Cerramos hospitales?".
Aunque comprende la necesidad de ampliar la jornada, Julián Gallo, de CCOO, percibe que la deficiente aplicación de esta medida "está generando una crisis de desorientación". "Si añadimos la campaña de desprestigio de los sindicatos, echándonos a los ciudadanos encima, el aumento de la angustia y los problemas, que derivan en bajas laborales, y la falta de sustitutos para suplirlas, entraremos en un círculo vicioso".
Estos recortes de personal se suman, recordó, a que "la plantilla ya era de las más bajas de España". "El trabajador es el gran valor del sistema y los hemos machacado", sentenció el representante sindical antes de insistir: "No nos negamos a ampliar nuestra jornada en media hora diaria, pero el problema es cómo se está haciendo".
La situación de angustia se podría reducir, a juicio de Gallo, si los sectores implicados se sentaran a "analizar la viabilidad y el futuro del sistema". Sin embargo, "no hay negociación", se lamentó.
Según el dirigente de CCOO, los problemas actuales son acusados tanto por la sanidad pública como por la privada, que también constituye "un pilar del sistema". "Más de cuatro mil personas forman parte de la plantilla de los centros concertados, y todos los días nos llegan al sindicato trabajadores que han sido despedidos". Gallo puso, en este sentido, el ejemplo del hospital San Juan de Dios, cuyo servicio de rehabilitación ha sido suspendido, generando de esta forma efectos en las listas de espera de la sanidad pública.
Por su parte, la portavoz de Intersindical Canaria, Cati Darias, insistió en que "no se puede pensar solo en las consecuencias del recorte de los 50 millones de euros en personal de este año, sino los 430 millones de euros que se le han quitado a la sanidad en los últimos años y cuyos verdaderos efectos perversos aún están por verse".
Darias recordó que los presupuesto actuales "seguramente tendrán que ser revisados a la baja siguiendo a los presupuestos generales del Estado" e insistió en que su formación "rechaza el aumento de la jornada laboral porque el personal sanitario ya trabajaba más de 35 horas y para lo que está sirviendo es para prescindir de trabajadores altamente cualificados y llevar a cabo un ERE encubierto".
A su juicio, "bajo el paraguas de la palabra crisis parece que cabe todo y se utiliza como excusa para justificar lo que se hace".
Al igual que el resto de los participantes, insistió en que "el principal valor de la sanidad son sus profesionales y por ello se les debe respetar más, terminando su participación haciendo la siguiente reflexión: "Si el año pasado se cerraron plantas en verano, se suspendieron las operaciones, consultas y pruebas diagnósticas en horario de tarde y no se habían recortado 50 millones de euros en personal, no hace falta darle muchas vueltas a la situación actual para saber que nada bueno va a suceder".
Farmacias al límite
Crítica. Así es la realidad en la que se encuentran las oficinas de farmacia del Archipiélago, según alertó la representante de los farmacéuticos, Alicia Wildpret. "La situación es la peor de toda la democracia, pero no solo por el impago de los cuatro últimos meses del año pasado, que ha asfixiado a los profesionales hasta el punto de perder el 80% de los ingresos, sino también desde el punto de vista operativo, porque a ello se suma el descenso de los ingresos por la bajada de los precios".
Wildpret admitió que "el impago del año pasado fue toda una sorpresa, porque Sanidad había dicho que eso no sucedería, pero es que cuando pasó, tampoco estuvo a la altura porque ni siguiera se ofreció como aval y la situación pudo salvarse gracias a que los farmacéuticos pidieron créditos personales".
Respecto al momento actual, la dirigente de la institución colegiada reconoció que es de "mucha crispación", puesto que "no existe una mesa de diálogo, aunque hay un compromiso de que la habría, y los cambios se imponen".
"Muchas veces nos enteramos de las modificaciones que establece la Consejería por los pacientes y así no es fácil ni agradable trabajar".
Sobre la situación que prevén para este año, Alicia Wildpret admitió que "el presupuesto parece demasiado ajustado, sobre todo porque de él sale el dinero para pagar la deuda de lo que no se pagó el año pasado y eso genera preocupación entre el colectivo".
No obstante, la dirigente colegial quiso apuntalar esa calma asegurando que "sea cual sea el caso se van a buscar soluciones financieras para atender los pagos si la Consejería se queda sin fondos", declaró antes de asegurar que les constaba que existen farmacias al borde de la suspensión de pagos.
De nuevo situando la necesidad del diálogo con la Administración entre las prioridades que tiene el colectivo farmacéutico, Wildpret afirmó: "Cuando se nos pide que colaboremos para minimizar la situación, lo hacemos, pero eso no se puede traducir en que dejemos de cobrar o que tengamos que tener una paciencia infinita. Queremos hacer nuestro trabajo como sanitarios, atender a los pacientes y darles la mejor respuesta y el mejor asesoramiento para que ganen en salud, pero eso no significa que nos convirtamos en una entidad de crédito del Gobierno de Canarias".
Como médico especialista en Cirugía en el Hospital Universitario de Canarias (HUC) con 35 años de experiencia en la sanidad pública, Antonio Alarcó se muestra partidario de "aclararle a la ciudadanía que la sanidad es pública y universal, pero no gratuita".
"Realmente la sanidad es carísima, porque supone millones de euros en impuestos, pero son pocos lo que lo saben. Si lo supieran pensarían igual que yo, que no es posible todo, para todos y todo el tiempo. Ejemplo de ello es que solo el 20% de la población mundial tiene derecho a la sanidad".
A su juicio, y coincidiendo con el resto de los debatientes, "la plantilla de trabajadores sanitarios es algo que se debe mimar porque son creadores de salud". Aclarando que "los protagonistas de la sanidad pública son los pacientes, pero mimar a los trabajadores es fundamental, más que construir grandes hospitales".
Alarcó se mostró crítico con las declaraciones realizadas hace dos meses en el Parlamento de Canarias por el presidente del Gobierno, Paulino Rivero, en las que aseguró que miles de médicos cobraban más que él y que ello invalidaba cualquier crítica al hecho de que se les pidiera trabajar media hora más al día, y también con el anuncio de que se iban a sacar 6.000 nuevas plazas, pese a que éstas correspondían al año 2007 y estaban ocupadas desde entonces.
"Esas declaraciones fueron una irresponsabilidad, porque parece que lo que se busca es engañar a la ciudadanía para que no sepa lo que realmente sucede y cuál es la realidad de las cosas".
Sin embargo, para Alarcó la clave de cualquier solución a largo plazo pasa por la configuración de una cartera de servicios unificada. "Se debe consensuar qué servicios se van a dar y cuáles no y que eso se le informe claramente a la ciudadanía, porque todo lo que no sea eso es demagogia. Es necesario que todos los agentes que formamos parte de la sanidad, desde el primero hasta el último, hablemos y acordemos qué podemos hacer y qué no, porque soy de los que piensan que para abrir un hospital mal, mejor no hacerlo".
Aferrados a un compromiso
Las víctimas de las limitaciones presupuestarias también se cuentan entre los proyectos de infraestructuras sanitarias, caso de los hospitales comarcales de Tenerife. El representante de la plataforma que defiende la construcción del hospital del Sur, Jordi Esplugas, recordó durante el debate que la cantidad consignada en el presupuesto de 2012 resultará insuficiente para finalizar la parte hospitalaria de este centro. No obstante, este colectivo dice "aferrarse" al compromiso del presidente del Gobierno, Paulino Rivero. "En abril de 2011 nos prometió que la primera fase de la parte hospitalaria estaría terminada en verano de 2012", relató Esplugas. Actualmente, indicó, los servicios del centro de especialidades se están prestando en barracones prefabricados. "Hay muchas dificultades para los pacientes y el personal: filtraciones, humedades, poco espacio y falta de ventilación...". "No hay una partida presupuestaria suficiente para que las obras vayan a buen ritmo", alertó Esplugas. Aunque admitió que la situación económica es "complicada", el portavoz de la plataforma pro hospital recomendó "priorizar" y dejó claro que la función de su colectivo "no es entrar en los problemas económicos, sino reivindicar una infraestructura básica, no solo para los ciudadanos del Sur, sino de todo Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro, porque su construcción y puesta en marcha harán que los colapsos en la sanidad sean mucho menores". En cuanto al compromiso adoptado por el jefe del Ejecutivo regional, Jordi Esplugas fue tajante: "Si no se cumple, no escatimaremos acciones o recursos", advirtió.(Texto: GABRIELA MAESTRE Y MIGUEL GÓMEZ) el dia.es
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