Más de 11.000 pacientes aguardan por una cita de fisioterapia, terapia ocupacional o logopedia en el Archipiélago, el 45% de ellos en el Hospital Insular de Gran Canaria
La rehabilitación sigue siendo la
especialidad médica que registra la peor evolución en las listas de
espera de Canarias. El número de personas que esperan por una cita de
fisioterapia, terapia ocupacional o logopedia en el Archipiélago
asciende a 11.674, según los últimos datos publicados por la Consejería
de Sanidad, correspondientes a diciembre de 2019. Esta cifra supone un
aumento del 21% con respecto al mismo mes de 2018 y continúa la senda
negativa de los últimos cuatro años, con incrementos anuales superiores a
los 2.000 pacientes. Desde finales de 2015, cuando se contabilizaban
3.096 personas, el dato casi se ha cuadruplicado.
Las
especialidades que soportan mayores listas de espera en el Servicio
Canario de Salud (SCS) son oftalmología (29.481), traumatología y
cirugía pediátrica (23.502), dermatología (22.531) y
otorrinolaringología (13.132). La rehabilitación ocupa el quinto lugar,
pero de todas ellas es la que presenta la dinámica más preocupante. Las
tres áreas más colapsadas han experimentado altibajos en los últimos
años, mientras que los servicios de otorrinolaringología presentan en el
último trienio subidas constantes pero más moderadas que en
rehabilitación, donde los incrementos anuales han oscilado entre el 21%
del último ejercicio y el 69% de 2016.
De los cuatro principales hospitales en el Archipiélago,
el Insular de Gran Canaria es el que figura con peores datos, con 5.292
pacientes que aguardan por una consulta externa de rehabilitación, el
45% del total. Este complejo es responsable de buena parte del
incremento de la lista de espera en esta especialidad en Canarias. En
2018, el 60% de la subida se concentró en este complejo. En 2019, el
peso del alza sobre el total disminuye hasta el 44%.
Al
Insular le sigue el Hospital Universitario de Canarias (HUC), en
Tenerife, que no ha podido mantener la mejoría experimentada en 2018,
cuando redujo la lista de las 2.434 a las 1.741 personas, y la ha vuelto
a ampliar hasta los 2.629. También el Hospital Doctor Negrín incrementa
la cifra de 1.101 a 1.252. Solo el Hospital de La Candelaria ha logrado
aminorarla en esta última remesa, pasando de los 1.865 pacientes a los
1.548.
La escasez de profesionales, con plantillas
orgánicas “que no se actualizan desde hace casi treinta años”, la falta
de alternativas desde el ámbito de la gestión para abordar el problema y
el aumento de la demanda como consecuencia lógica del envejecimiento de
la población son las principales causas que, a juicio de profesionales
del sector consultados por este periódico, explican unos datos que, por
otro lado, cuestionan. Sostienen, al igual que la Asociación para la
Defensa de la Sanidad Pública, que las cifras son mayores a las
publicadas, que hay una “lista oculta” formada por aquellas peticiones
que no se introducen en el programa informático en su tramitación
administrativa y quedan “guardadas en un papel en el cajón”.
“Lo
más llamativo no es tanto el número, sino el tiempo de espera”, un dato
que, en el caso de las consultas externas para rehabilitación, no
aparece publicado, subraya un trabajador del Hospital de La Candelaria.
Este profesional explica, a modo de ejemplo, que en el caso de las
patologías neurológicas, las que afectan al sistema nervioso (ictus,
traumatismos craneoencefálicos…), la atención en los primeros seis meses
es fundamental para que la terapia surta efecto. “Con esta lista de
espera, lo que puede pasar es que a un porcentaje muy alto de los
pacientes, cuando lleguen a rehabilitación, se les preste un servicio
incompleto, mal planificado y abordado, con lo que al final acaban en su
entorno con un alto nivel de dependencia y la necesidad de buscar otros
recursos, como el sistema de atención a la Dependencia, al que también
es difícil acceder”, agrega. “Estamos quemadísimos”, reconoce.
Otros
trabajadores del Hospital Insular de Gran Canaria coinciden en el
diagnóstico. “La insuficiencia de medios es brutal y la gestión,
inexistente”. La saturación no es exclusiva de los complejos
hospitalarios. También se traslada a los Centros de Atención
Especializada (CAE) adscritos a ellos. La jefatura del servicio de
rehabilitación ordenó en agosto a sus médicos que no remitieran más
pacientes, “hasta nueva orden” y salvo casos muy concretos, al CAE de
Vecindario, localidad que concentra la mayor población del sureste de
Gran Canaria. En fechas recientes, el Insular ha incorporado dos
profesionales al área, uno de ellos para apoyar al servicio de
Traumatología, en la denominada consulta del aparato locomotor.
La
Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública remitió el pasado mes
de noviembre una carta abierta a la consejera Teresa Cruz bajo el
encabezamiento “la rehabilitación no puede esperar más”. El escrito
recogía las históricas reivindicaciones del sector e incidía en el hecho
de que entre 2015-2018, periodo en el que se triplicó la lista de
espera, los conciertos con la sanidad privada habían supuesto un
desembolso de 41 millones de euros. En el caso de La Candelaria, en 2017
se derivaron más pacientes de los que se trataron en el propio centro.
“Las
clínicas privadas tienen que ser una válvula de escape, una vía
secundaria y excepcional, hay que reinvertir los fondos para la
concertada en el sistema público”, sostiene un profesional del hospital
tinerfeño que aboga por usar los recursos del sistema “al 100%” y
explotar las tardes, en la actualidad prácticamente inoperativas. Una
solución que implicaría “doblar las plantillas”. Aparte de la asignación
de más medios humanos y materiales (los equipos están obsoletos), los
trabajadores de rehabilitación plantean mejoras en la recirculación del
sistema que pasan por establecer protocolos claros para fijar cuándo
deben empezar y terminar los tratamientos y evitar la cronificación de
la atención y la consecuente saturación de los servicios; buscar vías
alternativas en hospitales de media estancia o de atención primaria para
determinadas patologías y aumentar también los recursos en estas áreas
para solventar las actuales carencias, y otorgar una mayor autonomía de
intervención y de toma de decisiones a los propios profesionales, que
están sometidos “a una estructura vertical”.
Una segunda lista de espera
A
la sobrecarga asistencial en rehabilitación se le suma el problema de
la disponibilidad de transporte sanitario para los pacientes con
movilidad reducida. Una “segunda lista” que dificulta el acceso a las
prestaciones para la población en esta situación. “Después de esperar
meses por una consulta se pueden ver en la situación de tener que
hacerlo otros seis o nueve meses para que les concedan una ambulancia o
un transporte colectivo”, lamentan.
Rehabilitadores y
fisioterapeutas del Hospital Insular dieron hace meses la voz de alarma
por la retirada del servicio de ambulancias a los pacientes tras
detectar que a numerosas familias se les había comunicado la
finalización de la prestación sin que a los afectados les hubiese
valorado un médico.
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