lunes, 28 de junio de 2010

Denuncia sindical contra la comisión evaluadora de ILT

Dentro de los diversos y variados atropellos que los trabajadores estamos sufriendo en los últimos tiempos destaca uno que con el acuerdo de diversas fuerzas políticas se aprobó con el fin de "controlar el alto nivel de absentismo laboral" de los funcionarios públicos de la comunidad de Canarias.
Esta idea surgida de el vicepresidente del Gobierno autónomo y consejero de Economía y Hacienda, José Manuel Soria, ha visto la luz el 12 de Abril con la publicación en el BOC del reglamento que regula la constitución y funcionamiento de esta comisión.

boc-a-2010-070-2029                                                            

Adjuntamos la solicitud de Evaluación, la cual hay que presentar antes de que tanscurran los tres meses de baja en la segunda planta del "Edificio El Cabo" en Sta Cruz

solicitud ampliacion de prestación IL                                                            

Citamos el articulo aparecido en el Diario La provincia.es el 18 de Noviembre de 2009:

Las administraciones públicas deben de contar con una plantilla de funcionarios "que trabaje como en la empresa privada y que cobre por objetivos, no por producción", consideró ayer el vicepresidente del Gobierno autónomo y consejero de Economía y Hacienda, José Manuel Soria, quien lanzó además una seria advertencia a los empleados de la Comunidad Autónoma de Canarias: "Se van a acabar las típicas bajas por depresión para ir a pasear por la playa".
Soria recalcó que uno de los objetivos del Ejecutivo autónomo pasa por reducir el absentismo laboral de los funcionarios y anunció que los empleados públicos con partes de Incapacidad Laboral Temporal (ILT) dejarán de percibir durante 18 meses el 100 por cien de su sueldo, tal y como sucede en la actualidad.
"A los tres meses se reducirá esa nómina si el afectado sigue de baja", explicó, "a no ser que exista un argumento muy justificado médicamente de que esa persona no puede de verdad incorporarse a su puesto de trabajo", precisó.
El titular de Economía y Hacienda recalcó además que dentro de esa lucha contra el absentismo laboral se enmarca la reducción de la partida que se había presupuestado inicialmente para 2010 para bajas médicas en el área de Educación. Ha pasado de 34 millones a siete. "Cuando un organismo presupuesta de antemano más de 6.000 millones de las antiguas pesetas para hacer frente a posibles bajas lo que está haciendo es incentivar esas bajas", reflexionó José Manuel Soria.
Para el vicepresidente canario, la inoperancia o desidia de algunos empleados públicos es uno de los aspectos que más repulsa causa entre los ciudadanos. El desprestigio de la política, "no es responsabilidad única de los políticos", avisó, convencido de que para estar en la actividad pública "no hay que ser Premio Nobel, pero un mínimo de formación sí que hace falta para ocupar ciertos puestos". 


En el breve tiempo de funcionamiento de dicha comisión han sido numerosísimas las quejas recibidas en todos los sindicatos debido al carácter "Inquisitorial" de la misma, y a la orientación que están teniendo. Sabemos que están empleando tácticas de  presión psicológica para... ignoramos que fines, que se suman al castigo pecuniario de descontar de la nómina aproximadamente un 25% de forma automática sin ni siquiera haber sido evaluada el trabajador todavía por esta comisión.

Debido a todo ello aparece en el Día Digital, hoy 26 de Junio la siguiente noticia:

SATSE denuncia que la comisión que evalúa bajas "se extralimita"
El sindicato de enfermería SATSE del Hospital de La Candelaria ha enviado un escrito a la Consejería de Presidencia, entre otras instituciones, en el que se hace eco de las "numerosas quejas" recibidas sobre el trato que dispensaba a los trabajadores la Comisión Evaluadora de la ampliación del período de percepción económica.
La creación de esta comisión se publicó en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) el 12 de abril y su función es evaluar si el funcionario que está de baja desde hace tres meses "merece" que la Administración pública le complete "hasta el cien por cien" su salario.
La explicación es que, pasado cierto tiempo de incapacidad temporal, es la Seguridad Social quien abona el salario al trabajador, pero la cuantía del mismo no alcanza al cien por cien de lo que cobra normalmente, sino que se queda en una cantidad cercana al 75%. El 25% restante lo abona la Administración pública hasta los tres meses de baja. Pasado ese tiempo, el trabajador deja de percibir esa cantidad y tiene que solicitar ser evaluado por la comisión si quiere una prórroga.
"Esa comisión se atribuye poderes inquisitorios", asegura Ramona Mendoza, delegada sindical de SATSE en el Hospital de La Candelaria. En el escrito presentado se explica que los trabajadores se han sentido "como meros delincuentes" por el "bombardeo de preguntas en tiempo récord (5 minutos)". "No es potestad de dicha comisión emitir juicios de valor, ni apreciaciones particulares sin criterio", subraya el texto.
La denuncia añade que preguntan a los sanitarios por cuestiones personales como "el estado civil, la situación laboral del cónyuge del trabajador, puesto de trabajo...."
Sin embargo, esta comisión sólo debe tener en cuenta criterios médicos ("cronificación, malignidad o gravedad o grado de incapacidad para el desempeño de las funciones del puesto de trabajo") e históricos ("situaciones de incapacidad temporal anteriores, hasta un máximo de tres por la misma causa producidas en el intervalo de dos años" y "situaciones de incapacidad temporal anteriores, hasta un máximo de tres por distintas causas producidas en el intervalo de los dos últimos años").
SATSE considera que la comisión "se extralimita" al realizar preguntas sobre la situación personal de los trabajadores. "Creíamos que la época de la Inquisición ya había pasado", apostilla Mendoza.
El sindicato Comisiones Obreras (CCOO) también ha tomado cartas sobre el asunto. Ha presentado una demanda contencioso-administrativa contra esta comisión. Desiderio Padilla, responsable de los servicios jurídicos de Enseñanza de Comisiones Obreras (CCOO), explica que a Asociación de Inspectores Médicos también se ha sumado a esta demanda. "Los inspectores médicos tampoco están de acuerdo porque están siendo utilizados", apostilló.

1 comentario:

  1. ME PARECEN POCAS LAS MEDIDAS QUE TOMAN PARA CONTROLAR EL FRAUDE DE LAS BAJAS.AHORA QUE SOY MAYOR Y ME EMPIEZAN LOS ACHAQUES PAGO LAS CONSECUENCIAS DE COMPAÑERAS CON FALSAS ENFERMEDADES PARA ESTAR MESES DE BAJA,Y LO PEOR ES QUE EL INSPECTOR SE LO PERMITE.

    ResponderEliminar