Santa Cruz de Tenerife, EFE El Gobierno de
Canarias aplicará un recorte de 205 millones de euros en los
presupuestos de sanidad y educación de 2012, dentro del ajuste total de
817 millones de euros que se ejecutará para cumplir con el objetivo de
déficit público del 1,5 por ciento del Producto Interior Bruto.
El portavoz del Gobierno, Martín Marrero, dijo tras la reunión del Consejo de Gobierno que de este ajuste total, 250 millones de euros se obtendrán por la subida fiscal, de manera que queda aproximadamente un recorte del gasto de 560 millones de euros de los que 220 millones se aplicarán por la reducción de salarios de los empleados públicos.
De los 340 millones de recorte aún restantes, 205 millones de euros (el 60 por ciento aproximadamente) corresponderán a sanidad y educación, una reducción del gasto a la que la Comunidad Autónoma está obligada por la aplicación de los reales decretos del Gobierno central de obligado cumplimiento para las regiones, dijo Marrero.
Según el portavoz del Gobierno canario, pese a este recorte de 205 millones de euros en sanidad y educación, se amortiguan las medidas del Estado, puesto que en el conjunto del presupuesto esos departamentos suman el 70 por ciento, de manera que si se aplicara ese porcentaje la reducción sería aún mayor.
Insistió en que las premisas del Gobierno de Canarias con el ajuste son mantener los servicios públicos y el empleo público.
Martín Marrero detalló que de los 817 millones de ajuste, contenidos en el anteproyecto de ley de medidas administrativas y fiscales, 250 son por recaudación fiscal, 220 por reducción de gastos de personal, 73 millones por reducción de gasto corriente, 48 millones por reducción en transferencias y 220 millones por reducción de inversiones.
El portavoz del Gobierno canario dijo que "el ejecutivo no tomará en consideración las propuestas sindicales para reducir el gasto autonómico en mil millones de euros porque "no hay otra fórmula" que la que plantea el ejecutivo en su anteproyecto de ley", que la próxima semana será remitida al Parlamento.
Además, desde 2008 ya se han ahorrado 3.200 millones sumando todas las medidas de ajuste, agregó Martín Marrero.
Y R. – B. A. | Santa Cruz de Tenerife
El plan económico y financiero de reequilibrio en Canarias, aprobado el pasado jueves en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, eleva a 353,75 millones de euros el coste de los recortes en las retribuciones de todos los empleados dependientes del Gobierno de Canarias y en los servicios prestados en sanidad, educación y justicia.
La reducción de los sueldos suman 222,07 millones de euros. La disminución de servicios sanitarios, judiciales y educativos llega a los 74,67 millones de euros mientras que el reajuste de transferencias en los servicios esenciales deja, en las arcas canarias, otros 57 millones.
Este documento, en las iniciativas correctoras de ingresos y gastos, cuantifica el efecto de ambas medidas.
En los recortes se detallan tres capítulos. El primero contiene cuatro medidas. La tercera es la relativa a los reajustes de las retribuciones, con los que pretenden ahorrar 119,66 millones. Las propuestas sobre gastos de personal implican la revisión de las condiciones de las jubilaciones que supone 6,6 millones, la reducción del 5% del sueldo, que se aplicará desde el 1 de enero, y que retendrá 109,42 millones. La reducción de la prima del seguro supone otros 3,62 millones.
La cuarta medida pretende mejoras en la racionalización de efectivos dedicados a la prestación de servicios. Así ajustan el gasto en 74,13 millones. Para ello introducen la jubilación forzosa, intensifican el control del gasto en sustituciones y refuerzos de interinos y aplican la norma estatal de racionalización del gasto en educación. La primera medida se refiere a la optimización de la gestión de los recursos humanos en sanidad. Dejan de gastar 26,40 millones y contiene diversas acciones. Algunas ya están en marcha. Incluye la reorganización de las guardias, la disminución del 10% en el pago de la hora de guardia de sábados, domingos y festivos; la eliminación de algunas direcciones de áreas, el aumento de la implantación de la guardia presencial localizada, la reorganización de los periodos vacacionales y la reducción de la concesión de exenciones de guardias para personal mayor de 55 años.
La segunda medida del primer capítulo busca una gestión más eficiente de los trabajadores integrasdos en la justicia. El ahorro es de 1,88 millones y promueve la intensificación del control del gasto en sustituciones e interinos y la implantación de la nueva organización sectorial.
Dos capítulos más
El segundo capítulo de los recortes acoge cuatro medidas. La que aplica los ajustes más fuertes, 46,36 millones, se refiere a los servicios sanitarios. Entre ellas, la revisión del libre acceso a las urgencias y la reducción de los conciertos un 10%. La mayor eficiencia en los servicios educativos dejará al Gobierno 23,45 millones, de los que 2,6 millones se ahorrarán en los servicios de limpieza y 4,5 millones del transporte escolar. Otros 3,77 millones se dejarán de inyectar en la gestión de los arrendamientos y otro millón en la reorganización de los horarios de apertura judicial, entre las principales.
Con el último capítulo se dejan de invertir 57 millones. Hay cuatro iniciativas de reajuste. Las referidas a las transferencias a las universidades y los centros concertados suponen un recorte de 15,30 millones. La rebaja salarial en los concertados deja 5,1 millones y en las universidades, 7,2 millones. La reducción de las transferencias corrientes en sanidad se elevan a 21 millones y se logra al evitar traslados de pacientes de islas no capitalinas a las capitalinas y por efecto de la norma estatal sobre el copago farmacéutico. Los reajustes en algunas transferencias llegan a los 17,7 millones. Incluye la reducción de las bonificaciones en el transporte marítimo para residentes. (Diario de avisos.com)
El portavoz del Gobierno, Martín Marrero, dijo tras la reunión del Consejo de Gobierno que de este ajuste total, 250 millones de euros se obtendrán por la subida fiscal, de manera que queda aproximadamente un recorte del gasto de 560 millones de euros de los que 220 millones se aplicarán por la reducción de salarios de los empleados públicos.
De los 340 millones de recorte aún restantes, 205 millones de euros (el 60 por ciento aproximadamente) corresponderán a sanidad y educación, una reducción del gasto a la que la Comunidad Autónoma está obligada por la aplicación de los reales decretos del Gobierno central de obligado cumplimiento para las regiones, dijo Marrero.
Según el portavoz del Gobierno canario, pese a este recorte de 205 millones de euros en sanidad y educación, se amortiguan las medidas del Estado, puesto que en el conjunto del presupuesto esos departamentos suman el 70 por ciento, de manera que si se aplicara ese porcentaje la reducción sería aún mayor.
Insistió en que las premisas del Gobierno de Canarias con el ajuste son mantener los servicios públicos y el empleo público.
Martín Marrero detalló que de los 817 millones de ajuste, contenidos en el anteproyecto de ley de medidas administrativas y fiscales, 250 son por recaudación fiscal, 220 por reducción de gastos de personal, 73 millones por reducción de gasto corriente, 48 millones por reducción en transferencias y 220 millones por reducción de inversiones.
El portavoz del Gobierno canario dijo que "el ejecutivo no tomará en consideración las propuestas sindicales para reducir el gasto autonómico en mil millones de euros porque "no hay otra fórmula" que la que plantea el ejecutivo en su anteproyecto de ley", que la próxima semana será remitida al Parlamento.
Además, desde 2008 ya se han ahorrado 3.200 millones sumando todas las medidas de ajuste, agregó Martín Marrero.
Y R. – B. A. | Santa Cruz de Tenerife
El plan económico y financiero de reequilibrio en Canarias, aprobado el pasado jueves en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, eleva a 353,75 millones de euros el coste de los recortes en las retribuciones de todos los empleados dependientes del Gobierno de Canarias y en los servicios prestados en sanidad, educación y justicia.
La reducción de los sueldos suman 222,07 millones de euros. La disminución de servicios sanitarios, judiciales y educativos llega a los 74,67 millones de euros mientras que el reajuste de transferencias en los servicios esenciales deja, en las arcas canarias, otros 57 millones.
Este documento, en las iniciativas correctoras de ingresos y gastos, cuantifica el efecto de ambas medidas.
En los recortes se detallan tres capítulos. El primero contiene cuatro medidas. La tercera es la relativa a los reajustes de las retribuciones, con los que pretenden ahorrar 119,66 millones. Las propuestas sobre gastos de personal implican la revisión de las condiciones de las jubilaciones que supone 6,6 millones, la reducción del 5% del sueldo, que se aplicará desde el 1 de enero, y que retendrá 109,42 millones. La reducción de la prima del seguro supone otros 3,62 millones.
La cuarta medida pretende mejoras en la racionalización de efectivos dedicados a la prestación de servicios. Así ajustan el gasto en 74,13 millones. Para ello introducen la jubilación forzosa, intensifican el control del gasto en sustituciones y refuerzos de interinos y aplican la norma estatal de racionalización del gasto en educación. La primera medida se refiere a la optimización de la gestión de los recursos humanos en sanidad. Dejan de gastar 26,40 millones y contiene diversas acciones. Algunas ya están en marcha. Incluye la reorganización de las guardias, la disminución del 10% en el pago de la hora de guardia de sábados, domingos y festivos; la eliminación de algunas direcciones de áreas, el aumento de la implantación de la guardia presencial localizada, la reorganización de los periodos vacacionales y la reducción de la concesión de exenciones de guardias para personal mayor de 55 años.
La segunda medida del primer capítulo busca una gestión más eficiente de los trabajadores integrasdos en la justicia. El ahorro es de 1,88 millones y promueve la intensificación del control del gasto en sustituciones e interinos y la implantación de la nueva organización sectorial.
Dos capítulos más
El segundo capítulo de los recortes acoge cuatro medidas. La que aplica los ajustes más fuertes, 46,36 millones, se refiere a los servicios sanitarios. Entre ellas, la revisión del libre acceso a las urgencias y la reducción de los conciertos un 10%. La mayor eficiencia en los servicios educativos dejará al Gobierno 23,45 millones, de los que 2,6 millones se ahorrarán en los servicios de limpieza y 4,5 millones del transporte escolar. Otros 3,77 millones se dejarán de inyectar en la gestión de los arrendamientos y otro millón en la reorganización de los horarios de apertura judicial, entre las principales.
Con el último capítulo se dejan de invertir 57 millones. Hay cuatro iniciativas de reajuste. Las referidas a las transferencias a las universidades y los centros concertados suponen un recorte de 15,30 millones. La rebaja salarial en los concertados deja 5,1 millones y en las universidades, 7,2 millones. La reducción de las transferencias corrientes en sanidad se elevan a 21 millones y se logra al evitar traslados de pacientes de islas no capitalinas a las capitalinas y por efecto de la norma estatal sobre el copago farmacéutico. Los reajustes en algunas transferencias llegan a los 17,7 millones. Incluye la reducción de las bonificaciones en el transporte marítimo para residentes. (Diario de avisos.com)
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